Navarra también valora el cobro de los rescates en montaña

Desde el año 2009 en el que Cataluña abrió la caja registradora y reguló este asunto en su ámbito territorial, otras cinco comunidades autónomas se han sumado a esta corriente recaudatoria, incluida la CAV, y han creado normativas que repercuten sobre las víctimas el coste de los rescates en determinadas circunstancias.

Aunque Navarra se mantiene de momento al margen de esta política, en el seno del departamento de Interior ya se ha barajado la posibilidad de estudiar los verdaderos costes de éstas y otras emergencias, y de seguir el ejemplo de las comunidades que ya disponen de sus propias tasas para atender salvamentos en montaña, acuáticos, etc, que rondan los 40 euros por hora de trabajo de cada socorrista y entre 1.700 y 2.300 euros por hora de vuelo de helicóptero.

Fuentes del departamento de Interior del Gobierno de Navarra admiten que la posibilidad de cobrar tasas por los rescates en montaña u otro tipo de auxilios ha sido planteada en la Consejería. "El propio consejero Roberto Jiménez ha mencionado lo que está ocurriendo en otras comunidades y la necesidad de saber cuánto cuestan realmente este tipo de auxilios, teniendo muy presente la situación económica que atravesamos en la actualidad", señalan estas fuentes de Interior, que añaden que "no se puede descartar que en el futuro se puedan crear también tasas aquí".

Y es que sufrir un accidente de montaña o durante la práctica de algún otro deporte de riesgo y ser rescatado por especialistas ya no sale gratis a las víctima en seis comunidades autónomas que han creado legislaciones para cobrar los auxilios de sus servicios de emergencia en accidentes ocasionados por imprudencias.

Precisamente, diferenciar entre una imprudencia y una mera fatalidad es una de las grandes dificultades a las que se enfrentan estas legislaciones. No obstante, fuentes de Interior del Gobierno de Navarra recuerdan que ha habido casos recientes en los que la imprudencia ha sido manifiesta. "A finales de febrero había alerta máxima en el Pirineo por riesgo de aludes y, aun así, hubo montañeros que salieron ese día y hubo que efectuar algún rescate. Son esas situaciones en las que se debería valorar si se les tendría que cobrar el servicio", explican desde Interior.

En el caso de la Comunidad Foral, las intervenciones en rescates son compartidas por los servicios de emergencia dependientes del Gobierno de Navarra (bomberos, helicópteros, etc) y los medios de la Guardia Civil, principalmente el GREIM. No obstante, y por otro lado, los siniestros de montaña gravan las arcas autonómicas, ya que lo más caro no son las operaciones de auxilio, sino la atención sanitaria, los tratamientos y las bajas laborales posteriores.

Cataluña, la pionera Cataluña fue pionera con la aprobación en 2009 de las tasas que permitían cobrar rescates en zonas señaladas como peligrosas, a personas que no llevaran el equipamiento adecuado y si solicitaban el servicio sin motivos justificados. Ese mismo año, Asturias aprobó sus tasas recogiendo los mismos supuestos que Cataluña y añadiendo otro, como era no atender los avisos de alerta meteorológica.

Las últimas comunidades que han aprobado estas normativas han sido la Comunidad Autónoma Vasca, Cantabria y Castilla y León. El Gobierno vasco aprobó el 22 de diciembre una ley novedosa, ya que además de castigar imprudencias como practicar una actividad en zonas de acceso restringido o durante temporales, ha catalogado 42 deportes de riesgo en los que los rescates siempre se cobran. No se han incluido el montañismo, el senderismo ni buscar setas, pero sí otras actividades como surf, barranquismo, espeleología o escalada.

También a principios de año entraron en vigor las tasas de Cantabria, establecidas para las operaciones de rastreo y auxilio de personas en dificultades como consecuencia de emergencias y de espeleosocorro y rescate vertical; y de Castilla y León, destinadas a personas auxiliadas que se hayan saltado una alerta meteorológica, se adentren en zonas prohibidas o no vayan bien equipadas.

A ellas se unirá próximamente Canarias, donde la Dirección General de Emergencias y Seguridad del Gobierno insular ultima una ley para castigar las imprudencias y que irá más allá de la vasca, ya que se extenderá a cualquier actividad deportiva "que entrañe riesgo o peligro para las personas". No obstante, se fijará un límite máximo de cobro de 6.000 euros.

Fuente: Noticias de Navarra