¿Intervencionismo de la administración pública?
El sector de la construcción es lento administrativamente porque transita por todas las ventanillas posibles solicitando permisos, demandando ayudas, registrando propiedades, visando proyectos, liquidando tasas, dando de alta suministros, depositando fianzas, emitiendo certificados, etc. Este tránsito le confiere una solidez legal inaudita que heredan sus resultados, los edificios, que adquieren la categoría de bienes inmuebles patrimoniales, inscritos, registrados e hipotecables generación tras generación como pocos bienes humanos.
Cada vez que sucede un incidente en todo este sólido proceso administrativo como es el caso de un accidente, un fraude, una suplantación, un incendio, un desahucio, una demora, un incumplimiento normativo... el cuerpo social entero exclama su indignación y los medios de comunicación recogen y amplifican este sentimiento, conminando a los políticos a endurecer y reforzar los requisitos legales por los que transitan las obras de edificación. Poco a poco nuestro cuerpo legal sobre la construcción, que englobamos bajo la denominación de ‘la normativa’, va creciendo en extensión y complejidad porque los requisitos se reiteran, se suman, se solapan o simplemente entran en contradicción mutua al ser redactados por administraciones locales, provinciales, autonómicas, estatales o europeas de distinto color o sensibilidad.
De repente, cuando se requiere al sector que solucione problemas de tránsito, de agua o de vivienda insuficientes el clamor social cambia de bando y surgen abanderados en pro de la simplificación y la desintervención de la administración como única solución incontestable a todos los males que afectan al sector de la construcción. Voces con proyección afirman que todo será más rápido, más fácil y más económico derogando leyes, estableciendo excepciones o simplificando procedimientos.
Este deambular de una posición a otra no conviene a un sector económico y social con una gran inercia como la construcción. No podemos generar profesionales en un solo mes ni condenarlos al paro posteriormente por una década. No podemos levantar empresas en un semestre y cerrarlas al siguiente. No podemos movilizar ingentes inversiones en recursos energéticos que luego duermen en amortizaciones imposibles. Admitamos todos que estamos en un sector sistémico, que necesita velocidad de crucero, sin sobresaltos, que presenta dificultades para dar rápidos golpes de timón o acometer miles de viviendas tras una emotiva rueda de prensa.
Para legislar, planificar, declarar, promulgar, etc. precisamos disponer, paralelamente, de recursos para hacer cumplir la nueva legislación, seguir la planificación, justificar las declaraciones o elaborar memorias económicas de acompañamiento. Todos nos deberíamos comprometer a dictar solo la normativa que podemos hacer cumplir y aceptar solo las leyes que somos capaces de poder cumplir. Este equilibrio dará solidez a un sector que construye para las próximas generaciones.
