Los gastos generales de las constructoras se disparan un 50% por las nuevas exigencias normativas

Las nuevas exigencias normativas laborales y medioambientales han disparado un 50% los gastos generales para las empresas constructoras en los últimos 20 años, según un informe presentado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). En la presentación del estudio, el presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén, ha propuesto elevar hasta el 17% el porcentaje de gastos que puede repercutirse a las administraciones para hacer frente a este incremento y paliar el incremento de obras desiertas en la contratación pública.

Según el informe, entre las nuevas obligaciones que han encarecido los gastos generales de las empresas se encuentra la implantación de sistemas de protección de datos personales, el registro de jornada o el canal de denuncias, a las que se suman los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional que, aunque sea inferior al que establece el Convenio General de la Construcción, “sí afecta a proveedores y tiene un efecto empuje sobre el resto de salarios”, como ha recordado Fernández Alén. Una situación que, señala CNC, se suma al incremento de costes de los últimos años que han tenido que soportar las empresas constructoras; entre 2021 y 2022 los precios de los materiales se incrementaron tanto como entre 2007 y 2020.

La Ley de Contratos del Sector Público establece un porcentaje de gastos generales de entre el 13% y el 17% sobre el presupuesto de ejecución, aunque, como aclara el presidente, la mayoría de contratos están topados al 13%. Por ello, CNC solicita la recuperación de la horquilla del 16 al 20% que estuvo vigente hasta 1987 para poder establecer de una manera más holgada esos gastos generales.

Asimismo, la patronal ha recordado el importante número de licitaciones de obras que han quedado desiertas —el 10% en 2022 y 318 obras por un importe de 189 millones de euros en el primer trimestre de 2023, según los últimos datos disponibles— y el riesgo de que esta cifra se incremente.

Por ello, la patronal urge a adecuar el porcentaje de los gastos generales actualmente establecidos por la norma para que resulte suficiente a la hora de cubrir el coste real, asegurando la correcta ejecución de la inversión pública, tal y como ya han hecho algunas administraciones en Extremadura o Canarias, por ejemplo. “La construcción puede con todo, pero las empresas están viendo que los números no salen”, ha destacado Pedro Fernández.

CNC ha recalcado que esta situación se produce en un momento de máximos de licitación pública (hasta agosto de 2024 asciende a 19.374 millones de euros, un 7,4% más que en el primer semestre del año anterior), a lo que hay que sumar los planes del Gobierno de construir 184.000 viviendas. Con esta situación de costes, la ejecución de las ayudas comunitarias del Plan de Rescuperación y Resiliencia estaría en riesgo, así como el cumplimiento del ambicioso plan en materia de vivienda.

“La contratación pública está enferma —señala el presidente—. Falta un sistema de equilibrio económico de contratos, tenemos escasez de mano de obra, hay una utilización abusive de medios propios propios por parte de la administración y seguimos con un sistema de clasificación de contratistas que data del año 1965, cuando las grandes empresas contaban con más de 100.000 trabajadores y parques de maquinaria mastodónticos”.

Sobre la reducción de jornada que propone el Gobierno, el presidente de la patronal ha defendido que la reducción de la jornada forzosa debe ir acompañada de una mayor flexibilidad de la jornada voluntaria. "La reducción de jornada va en contra de la movilidad de los trabajadores; hay que poner el acento en el control y el abono de las horas extras", ha destacado.