Entrevista a Víctor García Brosa, nuevo presidente de Oficemen

Desde el pasado mes de septiembre, Víctor García Brosa, director general adjunto al CEO del Grupo Cementos Portland Valderrivas, es el nuevo presidente de la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen). Aprovechamos su nombramiento al frente de esta patronal que el año que viene cumplirá 95 años para conocer su opinión sobre la situación que atraviesa el sector y profundizar en aspectos claves para esta industria como son, entre otros, los costes energéticos, la sostenibilidad medioambiental y la escasa inversión en obra pública que sigue sufriendo nuestro país.

Nuestro sector está entrando en un nuevo período de desaceleración, sin todavía habernos recuperado de la que fue la mayor crisis de nuestra historia, con una caída del consumo doméstico del 80% desde 2007. Por tanto, el principal objetivo debe ser el de continuar trabajando para que se recupere la producción de cemento en España. Otros objetivos estratégicos en los que estamos centrados, son el dar respuesta al reto de la transición energética hacia una economía baja en carbono y avanzar rápidamente en la digitalización de nuestras fábricas.

Trabajaremos, como siempre, para visibilizar nuestra situación ante las distintas Administraciones públicas, confiando en que llegue pronto una estabilidad política que permita desbloquear las inversiones en infraestructuras que nuestro país necesita, e insistiendo, además, en la necesidad de contar con el anunciado estatuto de consumidores electrointensivos.

Preocupante. Los datos de 2019 muestran una clara desaceleración del consumo doméstico, especialmente desde el mes de junio. El crecimiento del consumo de cemento de los dos últimos ejercicios no compensa ni de lejos la fortísima caída vivida en los siete anteriores. No olvidemos que la ejecución de obra pública lleva casi paralizada dos años y que las exportaciones (la tabla de salvación de nuestra industria durante la crisis), llevan 28 meses consecutivos de caídas. Necesitamos una reactivación urgente de la obra pública.

A cierre de septiembre, el crecimiento acumulado se sitúa en un 8,5% sobre el año anterior, aunque previsiblemente cerraremos el año por debajo de esa cifra. Ni este crecimiento, ni los de 2017 y 2018 han podido compensar, como ya he indicado, las fortísimas caídas de dos dígitos que nuestro sector ha vivido durante casi una década y que sitúan los valores absolutos de consumo en niveles de los años 60.

A día de hoy, en términos absolutos, el consumo acumulado de año móvil (oct’18-sept’19) es de 14,3 millones de toneladas. Para poner en valor estos datos, hemos de tener en cuenta que tenemos que remontarnos hasta el año 1967 para encontrar una cifra de consumo de cemento similar a la actual en nuestro país y que desde 1987 el consumo anual en España no había bajado de los 20 millones.

Para un país de nuestro tamaño y PIB, el consumo de cemento anual debería de rondar los 25 millones de toneladas. Alcanzar ese nivel desde el actual y en el corto plazo, supondría casi duplicar el consumo, algo impensable en la actual coyuntura económica.

Básicamente, serían necesarias acciones en tres frentes: por un lado, en el consumo doméstico, que solo puede remontar con el desbloqueo en la ejecución de la obra pública y con una consolidación económica que genere empleo y más necesidad de vivienda; por otro en la balanza comercial, que requiere actuaciones reales desde las administraciones para mejorar nuestra competitividad, mermada por los costes eléctricos que soporta nuestra industria frente a otros países de nuestro entorno; y finalmente en la economía circular, incentivando el uso de residuos como materias primas y combustibles alternativos, una actuación que, además de mejorar nuestra competitividad, tendría beneficios ambientales, disminuyendo el depósito de residuos en vertedero y la dependencia de los combustibles fósiles.

El sector cementero en España está formado por 9 grupos empresariales, 33 fábricas integrales de cemento y da empleo directo e indirecto a más de 16.000 personas, con un porcentaje de contratación indefinida del 92%, uno de los mayores de los sectores económicos de nuestro país. Si sumamos toda la cadena de valor del cemento y el hormigón hablaríamos de más de 30.000 puestos de trabajo. Según datos de Eurostat del año 2017 el valor añadido bruto de nuestro sector en su conjunto para la economía española fue de 479 millones de euros.

Lamentablemente y como consecuencia de la crisis, del año 2008 al 2015 se desmantelaron cuatro fábricas y desde 2015 hasta hoy, otras tres fábricas han paralizado su actividad. En cuanto al número de trabajadores, el empleo directo se ha reducido un 39% desde el año 2008, sin olvidarnos que el consumo doméstico se ha desplomado más de un 80% desde el año 2007.

Los costes eléctricos de Francia o Alemania son entre un 20 y un 30% más baratos que en España, así es muy difícil competir en igual de condiciones.

Pero además de tener la electricidad más barata, estos países disponen de un conjunto de medidas que adoptan sus estados al objeto de hacer que estas industrias no se deslocalicen. La Comisión Europea reconoce que estas industrias están sometidas a competencia internacional y tienen riesgo de deslocalización y, por tanto, permite que se puedan compensar determinados cargos, como son los costes regulados, la compensación del CO₂, la financiación a las renovables, etc. En Francia y Alemania, estas medidas de apoyo a la industria están ya adoptadas desde el año 2014. Reconocemos que el gobierno en funciones ha avanzado bastante en el estatuto de consumidor electrointensivo, pero urge hacerlo ya una realidad. En España necesitamos un gran pacto nacional de apoyo a los sectores industriales, que son generadores de riqueza para la sociedad y que son los que mejor aguantan los períodos de crisis.

A cierre de septiembre, las exportaciones habían caído en el acumulado del año un 21,2%, mientras que las importaciones crecieron cerca de un 100%. Sumando ambos conceptos, nuestras fábricas han perdido en lo que va de año la posibilidad de producir 1,65 millones de toneladas de cemento, una cifra que equivale a la producción de casi tres fábricas.

La razón, como ya hemos explicado, son los sobrecostes que sufrimos tanto por la incertidumbre sobre el coste eléctrico, como, en los últimos meses, por la subida en los precios de los derechos de emisión de CO₂. Esta última situación, no menos preocupante que la anterior, está favoreciendo la entrada en España de productos de países extracomunitarios, que no tienen una agenda de descarbonatación similar a la europea y que además disponen de costes eléctricos muy inferiores.

Nuestra industria está firmemente comprometida en la reducción de su impacto ambiental. Prueba de ello es que, gracias a la adopción de las mejores técnicas disponibles (MTDs), nuestras emisiones de polvo se han reducido un 60% desde 2014, y a la mitad las emisiones de óxidos de nitrógeno.

En lo que a las emisiones de CO₂ respecta, la industria lleva años trabajando en proyectos de I+D+i para desarrollar soluciones bajas en carbono y desarrollando nuevos productos para la industria de la construcción que mitiguen los efectos del cambio climático. Como ya reflejamos en nuestra hoja de ruta para la reducción de emisiones de carbono a 2050, las tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y usos del CO₂, conocidas como tecnologías CAUC en español, van a jugar un importante papel en el medio y largo plazo para lograr una reducción efectiva de las emisiones de proceso y en la industria cementera ya se están llevando a cabo varios proyectos a este respecto.

Por lo que respecta a la economía circular, nuestro sector la tiene como uno de sus ejes estratégicos de trabajo. La utilización de residuos para sustituir materias primas y combustibles fósiles es una realidad hoy en día en la mayoría de nuestras fábricas. En 2018, la industria cementera española recuperó energéticamente 852.579 toneladas de residuos, con una tasa de sustitución de combustibles fósiles del 26,5%, aún muy alejada de países líderes en protección medioambiental de nuestro entorno como Suecia, Alemania, Austria, Suiza o Noruega con porcentajes superiores al 60%.

Efectivamente, por primera vez en la serie histórica el consumo de cemento en edificación (residencial y no residencial) supera al destinado a obra civil. No obstante, estamos detectando una ralentización en el crecimiento de los visados en edificación: la vivienda crece en el entorno de 4% y la edificación no residencial continúa creciendo al 12%, pero de forma más errática.

Hay un dato que resulta esclarecedor a este respecto: los países de nuestro entorno, ni en los peores años de la pasada crisis, redujeron la inversión en obra pública por debajo del 2%; pues bien, en el caso de España esa cifra cayó por debajo del 1%. El conjunto del arco político gobierne quien gobierne, debería ser consciente de que existe una necesidad de infraestructuras real en nuestro país y que debe de acometerse más pronto que tarde. Las vías férreas o puertos son infraestructuras estratégicas a la hora de transportar mercancías y personas, flujos imprescindibles para que la economía funcione. Más grave aún es la situación con las infraestructuras de saneamiento de aguas, por cuyos incumplimientos nuestro país ya ha recibido reiteradas multas de la Comisión Europea. Esa idea de que todo está construido es totalmente falsa, los países de nuestro entorno no dejan de mantener y mejorar sus infraestructuras y de mejorar con ello su competitividad y bienestar.

Efectivamente, la brecha entre licitación y ejecución no para de aumentar y las cuentas no salen. Según Seopan, la licitación en obra civil al mes de junio se incrementó en un 55,3%, siendo el crecimiento de la obra nueva del 78,6%. Esas cifras no están teniendo ninguna correlación con la inversión real y en consecuencia con el consumo de cemento. Son obras que en algunos casos podríamos llamar ‘virtuales’.

Evidentemente, una nueva crisis en el sector inmobiliario sería demoledora para la industria cementera, ya que, hoy por hoy, está siendo el motor principal, dada la casi ausencia de ejecución de obra pública.

En España, actualmente, se están construyendo en torno a 100.000 viviendas nuevas al año, pero entendemos que un nivel aceptable y sostenible para nuestro país debería estar entre las 150.000 y 200.000 viviendas, por lo que el margen de crecimiento existe. Respecto a las alarmas desatadas por las últimas caídas en los datos del INE sobre compraventa de viviendas, hay que tener en cuenta aspectos coyunturales como el efecto parada que ha tenido en el sector la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, que paralizó durante varias semanas la firma de hipotecas.

Las obras de rehabilitación y reforma no suelen implicar la utilización de grandes cantidades de cemento ni de hormigón, su principal derivado. Existen acabados hoy en día en hormigón con diseños vanguardistas que son muy demandados para suelos y paredes, pero, en cualquier caso, la cantidad de producto utilizada es ínfima si lo comparamos con una edificación de obra nueva, que incluye cimentación, estructura y envolventes, elementos en los que cemento y hormigón sí cumplen un papel esencial.

Oficemen, además de ser una de las patronales más antiguas de España, constituida en el año 1925, es una de las pocas asociaciones empresariales que aglutina al 100% de su sector, es decir, todas las compañías dedicadas a la producción integral de cemento que tienen fábricas en España están asociadas a Oficemen.

Nuestra misión como patronal es defender al sector al que representamos, evidentemente, pero también actuar en el mercado para crear trabajo, riqueza y contribuir al progreso y la calidad de vida de los ciudadanos, una calidad de vida a la que el cemento tiene mucho que aportar: infraestructuras de saneamiento, almacenamiento y distribución de aguas; puertos; vías férreas; hospitales; centros educativos… El uso de cemento está mucho más asociado a la mejora de nuestra calidad de vida de lo que nos imaginamos.