Las medidas coercitivas aplicadas a los automóviles antiguos de Barcelona se pueden aplicar al sector de la edificación
Tanto el transporte como la edificación son generadores de emisiones e influyen en el problema global del cambio climático. Son dos sectores que tienen semejanzas, pero también grandes diferencias. Tan sólo si se mejora la eficiencia energética de su parque se reduce su impacto (las emisiones de gases de efecto invernadero) y, contribuirían al cumplimiento de objetivos ambientales. Sin embargo, según explica Albert Grau, gerente de la Fundación La Casa que Ahorra, la Administración tiene un tratamiento muy diferente a la hora de incentivar las mejoras o adoptar medidas en los dos casos.
En el sector automovilístico, a partir de 2019, en el área metropolitana de Barcelona los vehículos de más de 20 años NO podrán circular de lunes a viernes, una medida que se implanta para alcanzar el objetivo de reducir un 30% las emisiones asociadas al tráfico en los próximos 15 años. Y es que no hay que olvidar, recuerda Albert Grau, que este sector es el responsable de las más de 25 toneladas de CO2 que se emitieron en toda la provincia en 2014 (el 57,3% de todas las emisiones de Cataluña). Bien es verdad que los perjudicados por no poder acceder a un nuevo vehículo menos contaminante, dispondrán de una tarjeta de transporte público gratuita durante tres años, pero ¿esta medida les facilitará su derecho a la movilidad y/o su acceso al trabajo? Lo dudamos. Además, y llegado el momento, quizás también se rescaten los Planes PIVE para incentivar la compra de vehículos, claro está, menos contaminantes que los anteriores.
Realizando una analogía con las viviendas, la Fundación La Casa que Ahorra quiere preguntarse ¿qué pasaría si este tipo de medidas coercitivas se trasladaran al sector de la edificación? Por ejemplo, explica Albert Grau, que las viviendas de calificación energética F o G estuvieran obligadas a ser rehabilitadas para mejorar al menos dos clases en un tiempo determinado y que en caso de incumplirlo, se les aplicara un impuesto adicional en el consumo de energía doméstica. “O también podemos ir más lejos e implantar una medida más radical, similar a la de los coches, que consista en no poder usar la calefacción o aire acondicionado de lunes a viernes”, añade. Éstas sí serían medidas antipopulares, pero están basadas en la misma lógica que las de los vehículos.
Desde la Fundación La Casa que Ahorra realizan esta reflexión después de analizar el impacto medioambiental del parque residencial, responsable del 66% de las emisiones de GEI de todo el sector edificatorio. Hasta ahora se han establecido obligaciones para garantizar la seguridad estructural del edificio, mediante herramientas como la ITE o el Informe de Evaluación de los Edificios que inciden básicamente en la seguridad de las personas. Pero, como señala Albert Grau, no se han establecido compromisos para los propietarios de las viviendas contaminantes. Ante este hecho, “me gustaría plantear qué pasaría si se obligase a no poder usar viviendas con las clases energéticas menos eficientes a partir de una fecha determinada”.
La respuesta del ciudadano afectado podría ser, en unos casos, realizar la rehabilitación de su edificio para llegar a la clase energética indicada en la normativa. En otros, como en los vehículos, no se cumpliría, quizá por temas económicos, quizá por reacción primaria ante una imposición. Para Albert Grau, esto es una prueba de que esta medida, como la que se ha aprobado en el caso de los coches, también tendría consecuencias negativas traducidas en un coste social y en términos de salud para una parte de la población. Pero también proporcionaría beneficios ambientales, al reducir de manera ostensible el consumo de energía de los hogares de viviendas más ineficientes. Por ello, la Administración Pública debería salir al rescate, pues quién te impone unas condiciones debe asegurarse que puedes abordarlas y/o facilitar su cumplimiento.
