La morosidad se ceba con el sector instalador

En la presentación, Josep González, presidente de Pimec, hizo especial hincapié en la problemática que conlleva la morosidad y los impagos a las empresas instaladoras. Básicamente, pequeñas empresas y autónomos sin estructura para ‘aguantar’ esta situación durante un periodo de tiempo indeterminado. “Y es que la realidad es que no sólo existe mayor un tiempo de pago por parte de las Administraciones, sino también del sector privado, algo que había mejorado con la nueva legislación. Pero la realidad es la que es, y es que tanto el sector privado como el público sobrepasan sobradamente los plazos de pagos impuestos por la legislación”. Además, el presidente de la patronal apuntó que “un 60% de las empresas afirman que pagan más tarde de lo que declaran, llegando a acuerdos con los proveedores”.

Por ello, Josep González afirma sin tapujos que “la Administración está en situación ilegal. Si fuera una empresa, ya estaría en situación concursal”. González tampoco se mostró demasiado optimista “con la apertura de una nueva línea ICO para empresas o la nueva ley financiera que se ha anunciado. Veremos si estas iniciativas mejoran la situación de crédito”. En este sentido, el presidente de la patronal, afirmó que “llevamos 4 años con aportaciones a los bancos pero no se ha abierto el grifo, se han aprobado varios FROB pero eso no ha demostrado que eso se traduzca en crédito para las empresas”.

Y es que la diferencia entre plazos de pago y cobro genera una necesidad de financiación de 153 M a los instaladores catalanes. Ello se debe a que se trata de pequeñas empresas, con una media de 3 empleados, con poca capacidad de negociación con los proveedores, lo que les lleva a menudo a pagar antes de cobrar la instalación, financiando de este modo la obra y requiriendo un circulante que no tienen, al no haber crédito financiero. Circulante que asciende a más de 150 millones de euros. Según los datos aportados por la encuesta —que evidencian que un 55% de las empresas cobra fuera de plazo— la media de pago se sitúa entorno a los 58 días mientras que la media de cobro en los 76 días. Este diferencial implica, para un negocio de unos 900.000 euros de facturación, necesitar una financiación de unos 27.000 euros. “Unas cifras nada menospreciables si tenemos en cuenta que el ICF (Instituto Catalán de Finanzas) tiene 500 M para financiar el circulante para toda Cataluña, y un sólo sector ya requiere 150”.

Además, durante la presentación se quiso hacer especial énfasis en que “estas cifras son medianas. Hay instaladores que trabajan para el sector público que cobran a los 100 días o más, mientras que otros trabajan para asociaciones de vecinos, particulares, etc., cobrando en la mayoría de los casos al contado”.

“Hoy tengo trabajo. Si lo cobro, será la ostia”

Con esta frase resumía su situación un instalador a título personal. “Queremos denunciar la indefensión con que trabajamos”, aclarando que, ante un impago, el recurso a la justicia no es una buena opción. “El 90% se pierden con el añadido que, además, hay que pagar al abogado y al proveedor”. En este sentido, Xavier Carulla añadía que “existen muchas empresas que tienen demandas con la Administración, pero la justicia es muy lenta y estos casos prescriben”. “Y pese a que la Ley de Morosidad establece que si una Administración no responde en 30 días, la empresa tiene derecho a denunciar, muchas no lo hacen porque saben que, si eligen esa opción, es muy probable que no vuelvan a trabajar con ellas. Por eso desde la Plataforma de la Morosidad se hacen esfuerzos de trabajo conjunto para presionar”, añadía Josep González.

Por otro lado, los instaladores se lamentan también que, una vez la instalación está realizada al 100%, la Administración obliga a entregar el certificado obligatorio que tramita la empresa instaladora, y que permite dar de alta luz, electricidad, etc., pese a que la obra no esté liquidada en su totalidad. “Si se permitiera no emitir el certificado hasta cobrar el trabajo, tendríamos más fuerza para reclamar”.

Los datos de la encuesta arrojan también que los instaladores tienen trabajos ejecutados pero pendientes de cobro por un valor medio de 80.311 euros por empresa. De media, estas instalaciones pendientes representan el 19% de la cartera viva de instalaciones de cada empresa. Y, en un tercio de los casos, el peso de las instalaciones no cobradas es aún superior al 19% de media del sector.

Los equipamientos públicos, junto con la industria y la vivienda libre, representan los tres ámbitos con mayor morosidad para los instaladores. “De la deuda total, más de un tercio corresponde a equipamientos públicos y la deuda de VPO ya la damos por perdida”, añadían.

Por tipología, las instalaciones de electricidad, calefacción, climatización y agua so las que generan más problemática de cobro. Los resultados de la encuesta encajan con el perfil del instalador de Ferca, muy presente en estos ámbitos y menos en las telecomunicaciones e incendios.

Instalaciones con mayor problemática de cobro (% muestra)*.

*La suma de las respuestas puede superar el 100% porque hay empresas que pueden tener problemas con más de un tipo de instalación.

En la misma jornada, y conscientes que, una vez tomado el pulso a la situación es necesario poner las bases de una posible solución, se presentaron también una serie de propuestas de reforma legal que permitirían mejorar la liquidez de los instaladores.

Entre ellas, y dado el importante porcentaje de instalaciones en equipamientos públicos pendientes de cobro, los impulsores de este informe consideran necesario establecer varias medidas en relación al sector público como serían:

• Exigir el cumplimiento estricto de los plazos de pago del sector público fijados en la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad que, actualmente, son de 40 días desde el 1 de enero de este año.
• Condicionar el pago de las administraciones a los contratistas de obra pública a que liquiden sus deudas con proveedores como los instaladores.
• La Ley 15/2010 preveía la creación de una línea especial del ICO para financiar deudas pendientes de los ayuntamientos. Tras muchos retrasos, el RDL 8/2011 de 1 de julio instaba a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a crear esta línea. Para el sector, es necesario que el nuevo gobierno dé la máxima prioridad a esta cuestión.
• Esta nueva línea ICO —anunciada por el ministro Montoro para las CC AA— se debería destinar de forma prioritaria a la liquidación de las deudas pendientes con los instaladores relacionados con equipamientos públicos.

Tipología de inmuebles con mayor problemática de cobro (% muestra)*.

*La suma de las respuestas puede superar el 100% porque hay empresas que pueden tener problemas con más de un tipo de inmueble.

Asimismo, presentaron algunas propuestas enfocadas, especialmente, al sector financiero, el cual acumula inmuebles por valor de unos 70.000 millones de euros, según las estimaciones, en muchos casos con instalaciones pendientes de liquidación. En vista del proceso de reestructuración de bancos y cajas, proponen:

• Que las administraciones financieras que han recibido ayudas públicas del FROB para mejorar su capital y provisionar las carteras de inmuebles, destinen una parte de los recursos recibidos a liquidar parcialmente las instalaciones realizadas.
• Reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para que la subasta de un inmueble hipotecado implique la liquidación automática de las instalaciones pendientes en la parte proporcional al valor de la ejecución sobre el valor contable del inmueble. El RDL 8/2011 ya reformará la LEC para evitar que se subasten inmuebles por menos del 60% de su valor de tasación.
• La intención es que la subasta del inmueble obligue también a destinar la parte proporcional del valor recuperado a liquidar la deuda pendiente con los instaladores.

Por otra parte, también el sector privado está en el punto de mira del sector de los instaladores, proponiendo:

• La prohibición que los promotores inmobiliarios certifiquen el final de obra sin haber acreditado el pago íntegro de las instalaciones que contiene o, en su defecto, aportando un aval por las cantidades pendientes.
• Entrega de la célula de habitabilidad de primera ocupación por parte del ayuntamiento sólo una vez se hayan liquidado las instalaciones o bien se presente el certificado de final de obra junto a un certificado de pago a los proveedores o el aval correspondiente.
• Realizar un control y supervisión de las compañías suministradoras de gas, agua y electricidad para evitar actuaciones de competencia desleal con las empresas instaladoras.
• Fomentar la energía minieólica como modelo sostenible, económico y de fácil instalación que dinamizaría el mercado para los instaladores.

En términos generales, sus propuestas económicas pasan por una reforma laboral que mejore la flexibilidad y reduzca los costes laborales para los empresarios, más allá de la contención salarial pactada por los agentes sociales. Asimismo, también apuestan por una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social y la racionalización del calendario laboral además de la introducción del criterio de caja en el pago del IVA y otros tributos. En este sentido, reconocen que la iniciativa de no liquidar el IVA hasta cobrarlo supondrá un balón de oxígeno.

Por otra parte, también proponen establecer una cuenta corriente tributaria con la Agencia Tributaria, rebajar los tipos de impuestos de sociedades para pymes y microempresas, ampliar el acceso al crédito público para pymes y autónomos, dada su necesidad de financiación y las restricciones crediticias de los bancos.