ING aboga por incentivos públicos para mejorar la eficiencia energética de las viviendas

ING presentó un informe que analiza la situación de la eficiencia energética en el sector residencial español, un ámbito crucial para avanzar hacia la transición ecológica. El documento revela que menos del 1,1% del parque inmobiliario residencial cuenta con etiquetas de eficiencia energética A o B, mientras que más del 80% de los edificios tienen calificaciones E, F o G, situándolos entre los menos eficientes. Además, la escasa renovación de viviendas (apenas un 0,14% de rehabilitaciones en 2022), pone de manifiesto la necesidad urgente de medidas que impulsen la transición del sector inmobiliario residencial.

El análisis de ING propone un enfoque integral para abordar este desafío. Entre sus conclusiones, destaca la importancia de eliminar trabas burocráticas que permitan a los ciudadanos acceder a subvenciones para renovar sus viviendas de manera ágil y sencilla, o diseñar una hoja de ruta para la implementación de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD, por sus siglas en inglés).

El 47% de los españoles encuestados considera que el gobierno debería reorientar sus presupuestos y priorizar incentivos para la eficiencia energética.

Además, el informe revela algunas iniciativas internacionales que funcionaron y que sirvieron de referencia, como el ecobonus italiano o el programa Pace en Estados Unidos. Estas estrategias demostraron que es posible financiar mejoras energéticas a través de los ahorros generados, incrementando el valor de los inmuebles y fomentando la creación de empleo, todo ello sin aumentar el endeudamiento de los propietarios. En este sentido, ING aboga por la colaboración entre gobiernos, entidades financieras e inversores para dinamizar el sector y facilitar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.

Nacho Rodríguez, director de Sostenibilidad de ING, destacó, además, la necesidad de contar con “un marco de financiación específico para comunidades de vecinos, dada su relevancia en las zonas urbanas de España, un país con menor cantidad de viviendas unifamiliares que los países de nuestro entorno”. Este colectivo, que presenta para las entidades financieras un perfil de riesgo elevado para la concesión de crédito responsable, es clave en la toma de decisiones colectivas como la instalación de paneles solares o el aislamiento térmico. Así, “sería adecuado plantear un marco sectorial común acorde a este colectivo, así como incentivos públicos, bien por la vía de desgravaciones fiscales o de avales públicos para que los préstamos otorgados por los bancos puedan pasar más fácilmente los análisis de riesgos”, señaló.

En línea con su compromiso por liderar el cambio hacia un parque inmobiliario más sostenible, ING ofrece incentivos en sus hipotecas para fomentar la adquisición de viviendas eficientes. Los clientes que compren inmuebles con etiqueta energética A o B pueden beneficiarse de una reducción de diez puntos básicos en el tipo de interés, mientras que aquellos que opten por viviendas con etiqueta C lo harán con una reducción de cinco puntos básicos.

El planteamiento de ING está alineado con los resultados de su última encuesta sobre el mercado español de vivienda. Este estudio pone de manifiesto que el mercado inmobiliario en nuestro país empieza a estar marcado por la mejora de la eficiencia energética de las viviendas; el 73% de los propietarios encuestados comenzó a implementar ya este tipo de medidas en los últimos tres años, motivados, en su mayoría, por el ahorro de costes.

Sin embargo, el elevado coste de las renovaciones y la falta de apoyo gubernamental son barreras para aquellos que aún no han tomado medidas para mejorar la eficiencia energética de sus hogares: un 32% de los españoles menciona estos factores como los principales impedimentos, mientras que un 19% afirma no saber qué medidas tomar. Además, casi la mitad de los encuestados (47%) considera que el gobierno debería reorientar sus presupuestos y priorizar incentivos para la eficiencia energética.