El año con el precio eléctrico más alto: 2022 versus 2023

Como consecuencia de este “annus horribilis” que ha sido el 2022 el precio medio anual del mercado mayorista de electricidad se ha situado en los 167,5 €/MWh, el más alto desde la creación del mercado en 1998 (y al que debemos añadir la compensación al gas como comentaré posteriormente), un 50% superior al de 2021, el segundo más alto en 25 años. La explicación a estos altos precios la encontramos en el incremento en el precio del gas natural, trasladado íntegramente a los mercados eléctricos al ser el ciclo combinado de gas la tecnología que fija generalmente el precio durante el año, impulsando en consecuencia el precio de la electricidad a máximos históricos en toda Europa.

Esta crisis energética ha desencadenado la lógica reacción de los Gobiernos. El 2022 ha sido un año de intensa actividad regulatoria, tanto en el ámbito europeo como en el nacional. Las medidas adoptadas se han centrado especialmente en intentar mitigar el impacto de estos altos precios en los consumidores a través de medidas principalmente de carácter fiscal y regulatorio. Por ejemplo, en nuestro país, desde el inicio de la crisis de precios energéticos a finales del 2021 se han aprobado un total de 11 reales decretos-ley con medidas destinadas al sector eléctrico.

La Unión Europea aprobó el plan REPowerEU con el objetivo de reducir la dependencia energética del exterior, reduciendo la compra de combustibles fósiles rusos y estableciendo obligaciones de ahorro de energía, tanto de gas como de electricidad. Al mismo tiempo se ha trabajado intensamente para favorecer el despliegue de renovables. Y, por último, se plantea una reforma del mercado eléctrico que responda a la presencia masiva de renovables, a la seguridad del suministro y en un entorno de mercado con precios desacoplados del coste del gas natural, garantizando así precios estables, predecibles y alejados de la volatilidad de los combustibles fósiles. Durante 2023 se generará un intenso debate que esperemos que finalice con los acuerdos necesarios para evolucionar hacia la nueva realidad a la que nos dirigimos, basada en un sistema cada vez más descarbonizado que permita acceder a una electricidad a precios asequibles.

En España las medidas fiscales adoptadas se han concentrado en la reducción del IVA del 21 al 5%; en la reducción del Impuesto Especial de la Electricidad del 5,11 al 0,5%, la menor tasa que se puede fijar; y en la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que estaba fijado en el 7%. Todas ellas prorrogadas en 2023.

A estas medidas hay que añadir las regulatorias, entre las que lógicamente destaca la implementación del mecanismo de ajuste del mercado mayorista, también conocido como la “excepción ibérica”. Este mecanismo fija un precio de referencia del gas natural a las centrales térmicas que se traduce en un descuento en sus ofertas al mercado, permitiendo así una reducción del precio. Posteriormente, las centrales afectadas son compensadas por los consumidores por la diferencia entre el precio de referencia y el precio de MIBGAS. El resultado ha supuesto un ahorro del 18% desde el inicio de su aplicación en el mes de junio. En la práctica, si añadimos el sobrecoste de la compensación al precio del mercado, observamos un precio medio anual para el consumidor de 210 €/MWh. Es decir, la foto final nos muestra que el precio en el mercado mayorista fue en realidad un 90% superior al de 2021.

En la parte regulada de la factura son también destacables las medidas destinadas a mitigar el impacto de la subida de precios con la reducción de los cargos en más de un 40% de media, y con la reducción del 80% de los peajes a los consumidores electrointensivos. En 2023 se han consolidado ambas medidas, bajando los cargos incluso un 6% más, aunque la reducción de los peajes a los electrointensivos es sólo hasta el 30 de junio, siendo deseable y necesario que se amplíe al conjunto del año.

Mientras tanto, en los países de nuestro entorno se han adoptado medidas similares, tanto fiscales como regulatorias. Algunas de ellas destinadas a continuar protegiendo a sus industrias, como en Francia, y otras, como las de Alemania, para establecer importantes mecanismos de ayudas que permiten reducir sus precios eléctricos en aproximadamente un 50%. Todo ello con el visto bueno de la Comisión Europea. Esto, lógicamente, representa un importante apoyo que, por el contrario, lastra la competitividad de nuestras empresas que no cuentan con medidas similares.

Por otra parte, el sistema eléctrico continúa evolucionando y adaptándose a una presencia cada vez más masiva de generación procedente de fuentes renovables. Esto requiere de una participación más activa de la demanda para poner en valor la flexibilidad que aporta al sistema a la hora de garantizar el suministro. Fruto de ello ha sido la creación del nuevo servicio de respuesta activa de la demanda y, que tras la subasta celebrada en el mes de octubre, permite al Operador del Sistema contar ahora con 500 MW adicionales de potencia interrumpible en plazos cercanos al tiempo real, contribuyendo de este modo a garantizar el suministro en todo momento.

Pero, tal y como comentaba al inicio, las perspectivas para este año no son buenas. Es más, son peores que en 2022. El precio que fijaban los mercados de futuros para 2023 se situaba a finales de diciembre por encima de los 180 €/MWh, un 10% más que en 2022, al que hay que sumar la “excepción ibérica”, en vigor hasta mayo. Por ello, ante la expectativa de precios al alza del segundo semestre tras la extinción del mecanismo, el Gobierno acaba de solicitar a la Comisión Europea la ampliación de la “excepción ibérica” hasta finales de 2024. Esto, sin duda, ayudaría a contener los precios tal y como ha sucedido el pasado año, aunque deberá tenerse en cuenta que los contratos de suministro que se están firmando para asegurar un precio fijo en el segundo semestre del año y en el 2024 deberán quedar exentos del pago de esta compensación. De lo contrario, se estará penalizando a los agentes que tienen ya cubiertas sus necesidades de consumo.

Por tanto, afrontamos un 2023 con notables incertidumbres que no favorecen la actividad industrial, a lo que tenemos que añadir la ralentización de la actividad económica en su conjunto. En el caso de los consumidores electrointensivos el precio de la electricidad ha pasado de ser el principal elemento en los costes de producción a tener más peso que el resto de variables de producción juntas. Mientras tanto, el acceso a contratos de energía renovable a largo plazo está contaminado por unas expectativas de precios eléctricos vinculadas al elevado precio del gas natural que los hacen inviables, lo que condena al consumidor a adquirir la energía en el mercado diario a los precios señalados. Y todo ello en un entorno enrarecido por las medidas de apoyo masivo a la industria que aplican otros países y que desequilibran la competitividad. Por lo que sin medidas que nos equiparen, los resultados del 2023 pueden acabar siendo significativamente peores que los del 2022, el año del precio más alto de la electricidad.