El nuevo criterio de Eurostat y la nueva Ley de Contratos del sector Público impulsarán decidídamente las inversiones en eficiencia energética en la Administración

Con un volumen de facturación cercano a los mil millones de euros, el sector parece avanzar hacia un escenario con más contratos y más garantías para todos. El principal factor que puede ayudar a eliminar barreras para su desarrollo es el aumento de contrataciones por parte de la Administración Pública. Su importancia radica en el volumen de negocio que representa (en torno a un 18% del consumo total), y también en el papel ejemplarizante y de arrastre que pueden desempeñar ante otros consumidores energéticos.

En España, según el reciente estudio del proyecto QualitEE, estos contratos representan actualmente un 25% menos que en las carteras de clientes de otras ESEs europeas. Sin embargo, esta tendencia puede estar a punto de cambiar. El nuevo criterio de Eurostat por el que las inversiones en proyectos EPC (en los que el riesgo es asumido por la ESE) pueden no contabilizar como déficit de las entidades públicas, es un excelente acicate para que muchos gestores de escuelas, hospitales, ministerios y otros edificios públicos puedan promover inversiones en las que la financiación no pese en los balances contables.

De igual manera la ley de 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, también puede suponer un buen impulso a los contratos de servicios energéticos, pues simplifica los mecanismos de contratación pública y ofrece más garantías y transparencia para contratantes y contratados, en un tipo de cliente, en el que el proceso de compra suele ser largo y complejo. Además, establece por primera vez la eficiencia energética como uno de los criterios cualitativos a valorar en el proceso de adjudicación de contratos.

El aumento de contrataciones en el sector público también debe ir acompañado de más demanda, más transparencia y más confianza entre las empresas del sector y sus clientes privados. En este sentido la nueva Norma UNE de Proveedores de Servicios Energéticos, que busca que los clientes puedan distinguir y comparar a los ofertantes por el tipo de actividad que realicen y categorizarles por su experiencia y capacidades - facturación, número de técnicos, importe de los contratos realizados, número de comunidades autónomas en las que trabaja, etc. se traducirá en un impulso a las inversiones en eficiencia energética en el sector privado.

Esta norma llega en un momento muy bueno, en el que tras la realización de las auditorías energéticas obligatorias en grandes empresas derivadas del RD 56/2016, (más de 3.000 empresas y 18.000 instalaciones) se han destapado importantes ahorros potenciales e inversiones rentables.

Por último, no podemos obviar el impulso promovido desde la Unión Europea, con objetivos de reducción de emisiones, eficiencia energética y renovables (40%, 32,5% y 32% para 2030) cada vez más ambiciosos, y un paquete de medidas legislativas (Clean Energy Package) que busca que los Estados Miembros prioricemos cada vez más las políticas medioambientales y de eficiencia energética.

Quizá por ello, el informe IPM recientemente publicado prevé que la transición energética atraerá hasta tres millones de nuevos empleos en Europa en el sector de las energías renovables y hasta cinco millones en el sector de la eficiencia energética.

Como sector debemos desarrollar una notable labor de concienciación para difundir las oportunidades abiertas con las nuevas normativas, aprovechando estos vientos de cola que parecen por fin llegar para acelerar la transición energética y propiciar un desarrollo del sector sostenido y robusto.