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Más de 11.000 reclamaciones sobre las facturas eléctricas en 2012 en la OCU

Redacción Revista El Instalador17/01/2013

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recibió y gestionó durante 2012 un total de 11.025 reclamaciones sobre las facturas eléctricas, que se han convertido en "uno de los principales problemas para el consumidor", asegura en un comunicado.

Pese a que la casuística es muy variada, los principales motivos de queja suelen estar relacionados con la dificultad para interpretar la factura y la confusión que genera en el consumidor.

Esta confusión, asegura OCU, se inició con el inicio del proceso de liberalización, momento en el que los consumidores empezaron a tratar con dos compañías, con la distribuidora y la comercializadora. Ambas "se pasan la pelota" de la responsabilidad y el consumidor duda de cuánto y a quién paga, señala.

"Durante el transcurso de los años, la situación no mejora", lamenta la organización, que indica que los nuevos cambios sobre la facturación bimestral abren un nuevo periodo de incertidumbre.

La organización denuncia además varios abusos de las eléctricas, entre ellos que algunos comerciales se presenten en los domicilios con "supuestas fabulosas ofertas", cuando su verdadera pretensión es obtener la firma del cliente para que abandone la tarifa regulada y salga al mercado.

También denuncia que las empresas no informan de que el servicio de mantenimiento no es obligatorio y la emisión de facturas estimadas excesivas o muy bajas porque la compañía no toma la lectura desde hace tiempo.

Ante estas situaciones, la OCU recomienda que se llame al servicio de atención al cliente de la compañía comercializadora y que, si no se soluciona la incidencia, se presente una reclamación por escrito en una de las oficinas de la comercializadora.

Si sigue sin haber solución, invita al usuario a solicitar arbitraje de consumo, comunicándolo ante la Dirección General de Industria y Energía y ante la Dirección General de Consumo de su comunidad autónoma. Por último, se puede acudir a juicio sin necesidad de abogado ni procurador si el importe es inferior a 2.000 euros.

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