Un etiquetado energético más claro: mayor eficiencia energética
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El marco para el etiquetado energético permite que los consumidores conozcan la eficiencia y el consumo energéticos de los electrodomésticos (como televisores, frigoríficos, lavavajillas, etc.), ayudándolos a reducir sus costes de energía. De este modo se contribuirá también a moderar la demanda de energía y a alcanzar los objetivos de la Unión en materia de eficiencia energética para 2020 y 2030.
El Reglamento establece unos plazos para sustituir las clases actuales A+, A++ y A+++ por una escala de A a G. Establece asimismo un procedimiento para reescalar las etiquetas en función de la evolución tecnológica. De este modo se evita a largo plazo el uso excesivo de las clases de eficiencia energética superiores, ofreciéndose también incentivos para la innovación y favoreciendo que los productos menos eficientes salgan del mercado.
La propuesta también contiene normas más claras sobre las campañas promocionales y los incentivos nacionales para promover las clases de eficiencia superiores, y pretende mejorar los mecanismos de aplicación y la transparencia de cara al consumidor mediante la creación de una base de datos de productos sujetos a los requisitos de etiquetado energético.
Principales novedades del Reglamento
Reescalado : se han establecido unos plazos fijos para el primer reescalado de todos los productos etiquetados con arreglo a tres categorías de productos:
- un plazo general de seis años, junto con otros dieciocho meses para la aparición de la etiqueta en comercios;
- quince meses para los productos de «gama blanca» (lavavajillas, frigoríficos y lavadoras), junto con otros doce meses para la aparición de la etiqueta en comercios y nueve años para los calentadores y calderas, con una cláusula de expiración de trece años.
Una vez que todas las etiquetas A+ hayan desaparecido del mercado, se pondrá en marcha un reescalado de los excedentes de las clases superiores, concretamente el 30 % de la clase A o el 50 % de la clase A+B. En el momento del reescalado las dos clases superiores habrán de quedar vacías, y se pretende alcanzar un plazo de validez de la etiqueta de diez años.
Base de datos de los productos: estará en funcionamiento a partir de enero de 2019, y permitirá que las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros garanticen el cumplimiento de los requisitos de etiquetado y se aseguren de que el cálculo de la eficiencia que consta en la etiqueta corresponde al declarado por el fabricante. La base de datos pública se centrará en la facilidad de uso y los objetivos prácticos. La parte de cumplimiento de la base de datos está concebida para salvaguardar la confidencialidad y seguridad de los datos comerciales delicados de los fabricantes.
Actos delegados: serán el instrumento principal para el procedimiento de reescalado, pero para la base de datos y el procedimiento de salvaguardia se ha optado por actos de ejecución.
«Acogemos este acuerdo muy favorablemente. Estas nuevas normas sobre etiquetado energético ayudarán a facilitar a los consumidores el ahorro energético al adquirir electrodomésticos, lo que contribuirá a reducir la demanda de energía, que es uno de los objetivos de la Estrategia de la Unión de la Energía».
Antecedentes
La propuesta sobre el etiquetado de la eficiencia energética forma parte de la Estrategia de la Unión de la Energía de la Comisión.
Las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014 fijaron el objetivo indicativo de aumentar al menos un 27 % la eficiencia energética a escala de la Unión en 2030. Este objetivo se revisará en 2020, con miras a alcanzar en la Unión un nivel del 30 %.
La Comisión presentó su propuesta el 15 de julio de 2015. El Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Energía) adoptó una orientación general sobre la propuesta el 26 de noviembre de 2015.
El Parlamento Europeo votó su mandato de negociación el 6 de julio de 2016. Tras cuatro diálogos tripartitos, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron el 22 de marzo de 2017 un acuerdo provisional sobre el Reglamento.
El 13 de junio de 2017, el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura su posición sobre la propuesta de la Comisión.