Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, ha planteado la necesidad de incorporar mecanismos automáticos de estabilización de precios en contratos de obras y servicios, lo que implica recuperar la obligatoriedad de inclusión de fórmulas de revisión de precios en pliegos por parte de todos los organismos y entidades del Sector Público (no contemplado en la última modificación de la Ley de Contratos del Sector Público -LCSP por la Ley 11/2023), fijar como instante cero de la revisión de precios la fecha final de presentación de ofertas en lugar de la fecha de formalización del contrato o máximo de tres meses (actualmente recogida en la LCSP) y reducir la carencia de 1 año a 6 meses, a contar desde la fecha final de presentación de ofertas.
Asimismo, ha señalado otras prioridades a corto plazo en materia de regulación y práctica de la contratación pública, como es la modificación del RD-ley 3/2022 de revisión de precios excepcional incrementando el límite del 20% del precio del contrato al 30%, para contratos de obras, e incorporando la revisión de los costes de mano de obra en el RD-ley, para contratos de servicios que, actualmente, están excluidos.
También, en esta línea y para el impulso de la colaboración público-privada (CPP), se propone la modificación de la fórmula de determinación del plazo de los contratos de concesión, modificando la tasa de descuento del RD 55/2017, de desarrollo de la Ley de Desindexación, que debe referenciarse a la tasa de mercado, obtenida ésta mediante consulta preliminar a agentes de mercado, y publicando una guía técnica con la matriz de transferencia razonable de riesgos operativos.
Por último, en aspectos regulatorios, habría que adaptar la LCSP para dar cabida a modelos colaborativos de contratación pública de Coste Objetivo y modelos Alianza y retomar la tramitación del proyecto de ley de movilidad sostenible para la tramitación de la reforma R2 (Componente 1) de implantación de un mecanismo de pago por uso en las vías de gran capacidad titularidad del estado, comprometida con la Comisión Europea y recogida en el Plan de Recuperación.
Sobre el programa Next Generation, Seopan recalca que hay que poner en marcha la línea de préstamos financieros de la Adenda del fondo de Resiliencia Autonómico gestionado por el BEI y dotado con 20.000 Millones de euros (M€) para la promoción de infraestructuras sostenibles de su titularidad; hidráulicas del tercer ciclo hidrológico 2021/2027, que representan 12.000 M€, y de transporte público (metro y tranvías) que representan más de 8.000 M€.
Además, es prioritario ampliar el ámbito del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del vehículo eléctrico y conectado (PERTE VEC) y del PERTE Naval. Para el primero, se requiere habilitar una línea de financiación para la construcción y enganche a la red de una infraestructura de recarga pública interurbana en vías de gran capacidad (13.674 km) y convencionales (51.948 km), titularidad del Estado y CCAA que incorporaría 10.710 puntos de recarga públicos de velocidad ultrarrápida (de 350 kW) en 1.585 electrolineras con una inversión de 3.766 M€. Esta propuesta estaría financiada mediante CPP, con 60/40 público/privado. Para el segundo, es necesario habilitar una línea de financiación pública de hasta 1.000 M€ para la ordenación y acondicionamiento de la superficie portuaria, más de 20ha/puerto y, según caso, para la creación de nuevas infraestructuras de abrigo en puertos de interés general para el desarrollo industrial de la prefabricación de cimentaciones flotantes asociadas a la energía eólica marina offshore.
En relación con el cumplimiento de los hitos de ejecución del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), Seopan plantea recuperar en los Presupuestos Generales de 2024 el presupuesto ordinario de inversión -ex ante PRTR- en infraestructuras hidráulicas del Mº para la Transición Ecológica (que en 2023 apenas representa 211 M€) al nivel medio presupuestario de 2008/2015, de 2.000 M€, para garantizar así la ejecución de 7.724 M€ de inversiones titularidad del estado comprometidas en el ciclo hidrológico 2021-2027.
Igualmente, señala la necesidad de aplicar lo dispuesto en el Art. 59 del RD-ley 36/2020 para la concesión de anticipos de hasta un 50% de la cantidad total, en obras con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia e incrementar la ejecución presupuestaria de los principales órganos de contratación del Estado.
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“En esta edición se impulsará la proyección social de la industria extractiva, sus beneficios en el entorno en el que operan las empresas mineras y la esencialidad de la producción de minerales para el progreso de la humanidad“