Las empresas privadas de servicios municipales ven difícil alcanzar los objetivos marcados para el tratamiento de residuos de cara a 2020 y 2030
Las XXIV Jornadas Técnicas de Anepma, celebradas en Mérida del 15 al 17 de noviembre, incluyeron en su programa una mesa redonda titulada ‘Tecnologías en el tratamiento de residuos en el marco del Horizonte 2020’, en la que cuatro firmas privadas de referencia en la prestación de servicios medioambientales, como son Urbaser, FCC, Valoriza y Ferrovial Servicios, expusieron las dificultades que va a tener el sector para cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de gestión de residuos de cara al año 2020 y, más adelante, al 2030.
Por su parte, Antoni Orrego Durán, director regional de Desarrollo en Cataluña de Valoriza, hablaba de la imposibilidad de construir de aquí al 2020 las infraestructuras necesarias para gestionar las cerca de 10.000 millones de toneladas de residuos que se requerirían para poder cumplir los objetivos marcados para dentro de cuatro años. Más aún teniendo “el sistema de recogida más caro de Europa, tanto económica como medioambientalmente”, indicaba.
A continuación, José Antonio Moreno, responsable de Tratamiento de Residuos y Estudios de FCC, hablaba incluso de “precariedad” a la hora de llegar a los objetivos marcados para 2020 y 2030, reforzando esta visión con un estudio del Magrama correspondiente al 2012 que señalaba un volumen de 6 millones de toneladas de residuos tirados directamente al vertedero, más otro millón de toneladas con destino a incineración (sobre un total de 21,5 millones de toneladas de residuos y para un volumen de reciclaje de 6 millones de toneladas).
Por último, Beatriz Castillo, gerente de Proyectos en Ferrovial Servicios, apuntaba cómo los países que tienen entre sus prioridades la valorización y el respeto por la jerarquía de residuos, son los más avanzados en materia medioambiental, con claros ejemplos como el Reino Unido y Polonia. Además, señalaba que el enfoque debe pasar por una mayor formación a los ciudadanos para implicarles en el buen tratamiento de los residuos, en la búsqueda de la colaboración público-privada para la financiación de los proyectos, en desincentivar la eliminación y en fomentar el material bioestabilizado, entre otras medidas.
