¿Retroceso disfrazado de progreso?
Suiza ha encendido la mecha con una propuesta que podría sentar un peligroso precedente: un impuesto anual de 20 francos suizos para los ciclistas. La idea surge tras el rechazo en referéndum de la ampliación de autopistas en 2024, lo que dejó en evidencia la falta de recursos para infraestructuras viales. Según su impulsor, el político Thomas Fehr, los ciclistas usan las carreteras y carriles bici sin aportar económicamente al sistema, por lo que es “hora de que contribuyan”.
La reflexión es inevitable: ¿acaso los ciclistas no contribuyen ya reduciendo la contaminación y el tráfico? La bicicleta, por definición, es un vehículo liviano, sin emisiones y con un impacto ambiental mínimo. Por tanto, si reduce el uso de coches, reduce el desgaste de las carreteras. Penalizar a quienes eligen una movilidad sostenible podría traer el efecto contrario: más coches, más contaminación y, paradójicamente, más inversión necesaria en infraestructuras viales.
Pero lo que más preocupa no es la tasa en sí, sino la puerta que abriría: ¿será este el primer paso hacia una regulación excesiva de la bicicleta? Si se justifica un impuesto para el mantenimiento de carreteras, ¿qué impedirá en el futuro una matriculación obligatoria o seguros específicos? Esto sí que desalentaría las ganas de pedalear… o de comprar bicicletas.
El ciclismo, en su esencia, es un modo de transporte que representa libertad. Sin embargo, a medida que crece su popularidad, también lo hacen las regulaciones que lo rodean. Y demasiada normativa, lejos de impulsar la bicicleta, podría terminar desincentivando su uso.
En algunas ciudades, las regulaciones sobre el uso de la bicicleta puede que sean rígidas y confusas. Esto terminaría generando miedo a pedalear. Y España no está exenta de esta tendencia reguladora. En 2025, la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha modificado de nuevo la reglamentación sobre el uso, por ejemplo, del casco. Sin duda, es un elemento clave de seguridad, pero imponerlo de manera estricta puede hacer que muchos reconsideren la bicicleta como opción. Lugares como los Países Bajos o Dinamarca, con una gran cultura ciclista, han demostrado que la mejor seguridad para los ciclistas no es la obligatoriedad del casco, sino infraestructuras seguras, buena convivencia y educación vial adecuada.
El debate sobre la bicicleta y su impacto en la movilidad urbana está en boca de todos. Y si hay alguien a quien le guste ser protagonista y abrir polémicas a diario, este es Donald Trump. En Nueva York, el presidente norteamericano ha arremetido contra el plan de peajes por congestión en Manhattan y ha señalado a los carriles bici como un problema para el tráfico. Y, aunque en 1989 fue el impulsor del “Tour de Trump”, una carrera ciclista inspirada en el Tour de Francia, todo apunta a que su vínculo con el ciclismo fue puramente comercial y nunca personal. De hecho, Trump ya mostró en 2017 su indiferencia hacia las bicis eliminando la estación de bicicletas que había instalado Barack Obama en la Casa Blanca para el uso de sus trabajadores. Saltó la sorpresa: Trump no monta en bici.
El ciclismo ha recorrido un largo camino para consolidarse como un medio de transporte y deporte respetado, pero la amenaza de una sobreregulación es real. Lo que comienza con medidas aparentemente inofensivas —como la obligatoriedad absoluta del casco o impuestos simbólicos— puede derivar en restricciones que desincentiven su uso y lo alejen de la gente.
¿Estamos regulando para mejorar el ciclismo o para frenarlo? Nuestra sociedad, cada vez está más hiperprotegida. Se busca minimizar cualquier riesgo, evitando el sufrimiento o la incomodidad a toda costa. Esta sobreregulación de la vida cotidiana abusa con normas que, en lugar de fomentar la responsabilidad individual, terminan restringiendo libertades. Y en lugar de empoderar al ciclista, por ejemplo, lo infantiliza. Si la “sociedad de cristal” nos lleva a una sobreregulación que limite el crecimiento del ciclismo, estaremos retrocediendo en lugar de avanzar.
