Entrevista a Antonio Coronel, gerente de Arespa (Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico)

Inicialmente, se realizan los estudios previos y la redacción del proyecto. Una vez adjudicada la obra, por parte de la empresa adjudicataria, se procede a la instalación en obra y la comprobación del proyecto. A continuación deben comenzar los trabajos de restauración propiamente dichos, que se inician con aquellos que puedan afectar a la estabilidad estructural (recalces, reposición de sillares o cosidos), siguiendo por aquellos que influyen en la estética y durabilidad de la intervención (rejuntados, limpieza o pátinas de protección). Después, debería ir el mantenimiento, aunque actualmente no es lo habitual.

Las empresas que deben participar son las especializadas, aunque a veces son las generalistas las que ganan el concurso, y en la mayoría de los casos las subcontratan con resultados no siempre buenos. Esa es una de las reivindicaciones de Arespa: el contratante debe hacer un seguimiento exhaustivo de la profesionalidad en la ejecución de la obra.

Salvo en casos específicos de evoluciones patológicas, la conservación debe estar incluida dentro de la funcionalidad del edificio para evitar los abandonos que llevan a la degradación. Entonces, habría que acudir de nuevo a la empresa especializada.

Para los estudios previos, los equipos pueden llegar a ser muy sofisticados de acuerdo con el avance de la técnica (ultrasonidos, georradar, láser, rayos infrarrojos...). La maquinaria que se emplea es muy elemental (compresores, perforadoras a rotación, aire a presión…), ya que los trabajos son cuasi artesanales. El personal cubre un amplio espectro, de acuerdo con la variedad de los trabajos a realizar, si bien la dirección la debe llevar un arquitecto especializado y el personal artesano tiene que ser igualmente especializado. También intervienen ingenieros, arquitectos técnicos y restauradores. Me gustaría destacar que en una obra de restauración/rehabilitación, corresponde a la mano de obra más del 60% de la ejecución material de cada proyecto, cifra muy superior a la que se produce en obra nueva. Este dato lo estamos manejando precisamente en estos días y enviando a las máximas autoridades españolas para que lo tengan en cuenta para la creación o conservación de los puestos de trabajo.

La estabilización estructural, sin afectar a la estética de la construcción, y la dotación de durabilidad a los trabajos realizados.

Los datos oficiales acerca del número de obras licitadas en España para la restauración, rehabilitación o conservación son inexistentes. Según estadísticas de Arespa, el número de obras licitadas en el ámbito nacional durante 2008 y 2009 es de 500 obras al año, aproximadamente.

Efectivamente, es muy difícil saber lo que cuesta la restauración de una catedral importante, porque, tal y como señala, depende del estado en el que se encuentre, pero si tenemos que dar una cifra aproximada podemos asegurar que, por ejemplo, en una catedral como la de Santiago de Compostela se han invertido en restauración más de doce millones de euros en los últimos veinticinco años.

Por lo general, el proyecto de una obra de restauración no lleva implícito en su encargo al arquitecto responsable del mismo, con los medios necesarios que debería de manejar para su realización. Esto supone que el proyecto se lleva a cabo disponiendo de un conocimiento parcial del inmueble, es decir, de lo que se ve de él. Con estas premisas, durante la ejecución de la obra, es cuando se tiene conocimiento del bien sobre el que se interviene.

En estos últimos años se está produciendo una evolución y vemos como en la redacción de muchos proyectos participa un equipo multidisciplinar de historiadores, arqueólogos especializados en arquitectura, petrólogos y otros especialistas, en función de las características de la intervención restauradora. Este equipo lleva a cabo los estudios previos necesarios e, incluso, realiza catas para la prospección, tanto del terreno como de los bienes construidos.

La obra que se realiza con un proyecto definido, tiene posibilidades de desarrollarse con unos plazos determinados, mientras que las obras cuyos proyectos carecen de la información necesaria para la realización de la misma y además, en algún caso, se han tenido que realizar de manera precipitada, vemos como durante su desarrollo, el ritmo se tiene que ralentizar e incluso llega a pararse, para tomar decisiones, ante la aparición de imprevistos de toda índole, dando lugar en la mayoría de los casos a un nuevo proyecto.

Sí, cuando una obra de restauración cae en manos de una empresa generalista y sin especialización, vemos como ponen al frente de ella a un técnico cuya única preocupación es salvar el tema económico, difícil por otra parte cuando este tipo de empresas, para hacerse con la adjudicación de obra, han tenido que recurrir a rebajas económicas desproporcionadas. Con este panorama, al jefe de obra no le cabe otra posibilidad que subcontratar la totalidad de la obra a empresas sin cualificación y en unas condiciones económicas insostenibles, lo que da lugar a continuos abandonos de estas subcontratas.

Uno de los principales cometidos de Arespa es el de sensibilizar a la opinión pública, expertos e inversores de que nuestro patrimonio histórico necesita empresas especializadas en restauración, que sepan como tratar a ese monumento que se ha de restaurar en la plaza de su pueblo o ciudad, que se tenga en cuenta que los fallos en restauración son irreversibles. Los ciudadanos tienen que conocer con detalle sus monumentos, porque no se puede amar lo que no se conoce. Cuando la concienciación ciudadana se encuentre en esta situación, exigirá a sus políticos que se conserven en condiciones esos monumentos y que la restauración la realicen empresas que cuenten con especialistas en sus plantillas que sepan tratar a ese monumento y aporten a ese pueblo o ciudad mejor imagen externa, que tiene como consecuencia directa mayor afluencia de turismo.

Desde luego, queda mucho por restaurar, porque no se invierte lo suficiente, pero se puede asegurar que en cuanto a la calidad de las intervenciones en patrimonio histórico la española es alta o muy alta con respecto a los países de nuestro entorno. También es justo señalar que en los últimos veinticinco años el estado de conservación de nuestro patrimonio histórico ha mejorado notablemente.

Los poderes públicos se limitan a cumplir escuetamente el artículo 46 de la Constitución en aquellos edificios más emblemáticos de nuestra geografía nacional, olvidando, en muchos casos, esos otros edificios civiles o religiosos alejados o de poblaciones que no tienen una gran importancia histórica y cultural. Salvo los bienes histórico-artísticos pertenecientes al Estado, el peso fundamental de las restauraciones recae en las comunidades autónomas, aunque existen grandes diferencias entre ellas en cuanto a la aplicación de políticas que sirvan para estimular la adquisición, conservación, restauración y rehabilitación de bienes culturales. Es fundamental una mayor transparencia en cuanto a la aplicación del 1% cultural tanto en las obras del Estado como en el de las comunidades autónomas. De esta manera, podríamos valorar mejor si se está invirtiendo, que no gastando, de una manera correcta en restauración del patrimonio histórico.

Desde Arespa estamos en contra de que, desde las distintas administraciones, se adjudiquen obras por criterios estrictamente económicos, sin tener en cuenta los criterios técnicos y el estudio minucioso de la obra. Quien sufre las consecuencias de una mala adjudicación es el propio monumento.

Desde su creación en el año 2000, Arespa ha estado siempre preocupada por participar en aquellas actividades organizadas por instituciones públicas y privadas en torno a la restauración, rehabilitación y conservación del patrimonio histórico de nuestro país.

“Hemos participado activamente con las diferentes administraciones para aclarar, mejorar o modificar aquellos aspectos de nuestras leyes y de la práctica diaria, para engrandecer nuestro sector y contribuir con ello a la preservación de nuestro patrimonio histórico, tal y como nos obliga la Constitución en su artículo 46”.