La Comunidad de Madrid facilita suelo a los promotores para reanimar el sector
Redacción Ciberperfil10/12/2010
El equipo de la Consejería de Vivienda de Madrid, liderado por su titular Ana Isabel Mariño, ha decidido adelantar unos meses una serie de modificaciones que tenía previsto incluir en una remozada Ley de Suelo la próxima primavera. A través de su introducción en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2011, a partir de enero entrarán en vigor una serie de modificaciones que persiguen un único objetivo: abaratar el suelo hasta un 17%.
Una de las modificaciones más importantes es la reducción de las cesiones obligatorias de suelo que deben acometer los promotores cuando ponen en marcha un desarrollo. Hasta ahora, los promotores inmobiliarios debían ceder a las distintas administraciones 120 metros cuadrados de suelos brutos por cada 100 metros construidos. De ellos, 70 metros iban destinados a las redes generales, 30 a las locales y los 20 restantes a una modalidad que solo tenía Madrid. Se trata de las redes supramunicipales (donde se integran los terrenos para construir parques, vivienda social, o equipamientos públicos, entre otros).
Fin al vacío legal
La modificación contempla que desaparezca la obligatoriedad de ceder a la comunidad esos 20 metros cuadrados para la red supramunicipal. Se trata con ello de mitigar las cargas y costes a los que deben hacer frente los promotores cuando ponen en marcha un desarrollo. "Por ello, esperamos que eso revierta en un abaratamiento de los costes de gestión del suelo en al menos un 17%", defendió ayer Mariño. Esos suelos que hasta ahora formaban parte de la red supramunicipal serán considerados a partir de 2011 bienes patrimoniales, por lo que podrán ser vendidos o sacados a concurso para su explotación mediante concesión o cualquier otra fórmula de colaboración público-privada. "Se pone con ello fin al vacío legal que existía sobre la calificación de esos suelos", aclaró Mariño.
Sin embargo, para la oposición es una maniobra que lo único que persigue es hacer caja con la venta de dichos terrenos para poder suplir la falta de ingresos fruto de la crisis. En este punto, Mariño recuerda: "nosotros no vendemos suelo y en caso de hacerlo, los recursos obtenidos deben destinarse a construir vivienda social e infraestructuras, no a gasto corriente". Otra de las modificaciones que se aprobarán en la ley de acompañamiento, también conocida como ley escoba, es la posibilidad de permitir a los ayuntamientos variar la clasificación de algunos suelos sin acometer una revisión global de su plan general. "Se trata de agilizar plazos eliminando trámites, pero de ninguna manera habrá menos control. Los informes preceptivos sobre si hay agua para un nuevo barrio seguirán siendo necesarios", advirtieron en la Consejería.
Fuente: Cinco Días
Una de las modificaciones más importantes es la reducción de las cesiones obligatorias de suelo que deben acometer los promotores cuando ponen en marcha un desarrollo. Hasta ahora, los promotores inmobiliarios debían ceder a las distintas administraciones 120 metros cuadrados de suelos brutos por cada 100 metros construidos. De ellos, 70 metros iban destinados a las redes generales, 30 a las locales y los 20 restantes a una modalidad que solo tenía Madrid. Se trata de las redes supramunicipales (donde se integran los terrenos para construir parques, vivienda social, o equipamientos públicos, entre otros).
Fin al vacío legal
La modificación contempla que desaparezca la obligatoriedad de ceder a la comunidad esos 20 metros cuadrados para la red supramunicipal. Se trata con ello de mitigar las cargas y costes a los que deben hacer frente los promotores cuando ponen en marcha un desarrollo. "Por ello, esperamos que eso revierta en un abaratamiento de los costes de gestión del suelo en al menos un 17%", defendió ayer Mariño. Esos suelos que hasta ahora formaban parte de la red supramunicipal serán considerados a partir de 2011 bienes patrimoniales, por lo que podrán ser vendidos o sacados a concurso para su explotación mediante concesión o cualquier otra fórmula de colaboración público-privada. "Se pone con ello fin al vacío legal que existía sobre la calificación de esos suelos", aclaró Mariño.
Sin embargo, para la oposición es una maniobra que lo único que persigue es hacer caja con la venta de dichos terrenos para poder suplir la falta de ingresos fruto de la crisis. En este punto, Mariño recuerda: "nosotros no vendemos suelo y en caso de hacerlo, los recursos obtenidos deben destinarse a construir vivienda social e infraestructuras, no a gasto corriente". Otra de las modificaciones que se aprobarán en la ley de acompañamiento, también conocida como ley escoba, es la posibilidad de permitir a los ayuntamientos variar la clasificación de algunos suelos sin acometer una revisión global de su plan general. "Se trata de agilizar plazos eliminando trámites, pero de ninguna manera habrá menos control. Los informes preceptivos sobre si hay agua para un nuevo barrio seguirán siendo necesarios", advirtieron en la Consejería.
Fuente: Cinco Días
