La deducción por vivienda ha costado 77.560 millones en tres décadas
Redacción Ciberperfil14/11/2011
La desgravación fiscal por adquisición de vivienda en el IRPF ha supuesto un gasto para el Estado de aproximadamente 77.560 millones de euros desde su entrada en vigor en 1979 hasta 2011, último año con datos disponibles en el Proyecto de Presupuestos de Ministerio de Economía.
La devolución de Hacienda supone un incentivo para la inversión en vivienda; la propiedad tiene un premio fiscal que en España ha influido considerablemente en detrimento del alquiler. Su creciente popularidad animó año tras año las compras y también la solicitud de hipotecas, incluso pudiendo pagar la casa al contado, con el objetivo de disfrutar del premio fiscal durante más años. Del millón y medio de declarantes con alguna modalidad de deducción por vivienda en el año 1983 se pasó a más de siete millones en 2006, justo antes del estallido de la crisis.
Lógicamente, el coste fiscal de la deducción para el Estado ha ido en aumento conforme se han vendido más y más viviendas, pero su efecto multiplicador sobre los ingresos impositivos compensa los gastos. Dos factores principales han tenido consecuencias importantes en la evolución de las cifras del IRPF: el ciclo económico y su efecto sobre el sector inmobiliario y los cambios normativos a lo largo de los años.
El gasto agregado del Estado ha crecido desde los 300 millones de euros de los primeros años a los 5.000-6000 millones en los que se mantiene en los últimos tiempos, aunque desde 2007 ha disminuido sensiblemente por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y su impacto en las ventas, hasta los 4.193 millones en 2011. La reforma acometida en el 98 duplicó el coste de la deducción debido a los porcentajes incrementados y a la contabilización de los intereses, que aumentó los importes medios de las liquidaciones. De 1.796 millones se saltó a casi 3.500 millones.
La regulación se inició con la ley del 78, que fijó la desgravación por compra de vivienda habitual nueva y usada en un 15% de las cantidades satisfechas. En el año 84, se impone el límite del 30% de la base imponible y se permiten contabilizar los gastos, excluyendo los intereses. En el 85, la deducción para vivienda nueva sube del 15% al 17% y se introduce el beneficio fiscal para todas las viviendas secundarias. A partir del 88, el 17% se reduce de nuevo al 15% y baja del 15 al 10% para los inmuebles sucesivos.
En 1998, una reforma de calado limitó la deducción solo para la primera vivienda y ya estableció con carácter general el porcentaje de deducción habitual del 15% hasta un máximo de 1.500.000 de las antiguas pesetas (ahora los 9.015 euros), incluyendo los intereses. También preveía porcentajes incrementados para determinadas cuantías de la aportación de los hipotecados. En 2001 se introdujo la cesión parcial del IRPF a las Comunidades Autónomas y se les dio capacidad normativa sobre algunas deducciones. La de inversión en vivienda se dividió en dos tramos: el estatal y el autonómico. Apenas más cambios hasta la profunda reforma derivada de la Ley de Economía Sostenible, que a partir del 1 de enero de 2011 mantenía la deducción solo para las rentas inferiores a 24.100 euros.
José García Montalvo, catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra y autor de varios estudios sobre la desgravación fiscal por compra de vivienda, sostiene que la tendencia general en las sucesivas reformulaciones del impuesto ha sido para disminuir la capacidad de desgravarse. "Hubo un tiempo en el que se podía desgravar la primera, segunda, tercera y más viviendas", apunta.
Si, como pronostican las encuestas, el PP gana las próximas elecciones del 20-N y cumple su promesa electoral de rescatar la deducción sin límite de renta con carácter retroactivo para 2011, todas las viviendas adquiridas durante el ejercicio seguirían desgravando, al igual que las nuevas compras. Las obligaciones de pago del Estado para cumplir con las deducciones se mantendrían en torno a los 6.000 millones de euros anuales.
No obstante, Montalvo asegura que en el medio plazo, "veremos cómo disminuyen los niveles". Explica que el desplome de las ventas causado por la crisis se notará realmente cuando se liquiden las hipotecas vivas desde hace 15 años.
Fuente: Cinco Días
La devolución de Hacienda supone un incentivo para la inversión en vivienda; la propiedad tiene un premio fiscal que en España ha influido considerablemente en detrimento del alquiler. Su creciente popularidad animó año tras año las compras y también la solicitud de hipotecas, incluso pudiendo pagar la casa al contado, con el objetivo de disfrutar del premio fiscal durante más años. Del millón y medio de declarantes con alguna modalidad de deducción por vivienda en el año 1983 se pasó a más de siete millones en 2006, justo antes del estallido de la crisis.
Lógicamente, el coste fiscal de la deducción para el Estado ha ido en aumento conforme se han vendido más y más viviendas, pero su efecto multiplicador sobre los ingresos impositivos compensa los gastos. Dos factores principales han tenido consecuencias importantes en la evolución de las cifras del IRPF: el ciclo económico y su efecto sobre el sector inmobiliario y los cambios normativos a lo largo de los años.
El gasto agregado del Estado ha crecido desde los 300 millones de euros de los primeros años a los 5.000-6000 millones en los que se mantiene en los últimos tiempos, aunque desde 2007 ha disminuido sensiblemente por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y su impacto en las ventas, hasta los 4.193 millones en 2011. La reforma acometida en el 98 duplicó el coste de la deducción debido a los porcentajes incrementados y a la contabilización de los intereses, que aumentó los importes medios de las liquidaciones. De 1.796 millones se saltó a casi 3.500 millones.
La regulación se inició con la ley del 78, que fijó la desgravación por compra de vivienda habitual nueva y usada en un 15% de las cantidades satisfechas. En el año 84, se impone el límite del 30% de la base imponible y se permiten contabilizar los gastos, excluyendo los intereses. En el 85, la deducción para vivienda nueva sube del 15% al 17% y se introduce el beneficio fiscal para todas las viviendas secundarias. A partir del 88, el 17% se reduce de nuevo al 15% y baja del 15 al 10% para los inmuebles sucesivos.
En 1998, una reforma de calado limitó la deducción solo para la primera vivienda y ya estableció con carácter general el porcentaje de deducción habitual del 15% hasta un máximo de 1.500.000 de las antiguas pesetas (ahora los 9.015 euros), incluyendo los intereses. También preveía porcentajes incrementados para determinadas cuantías de la aportación de los hipotecados. En 2001 se introdujo la cesión parcial del IRPF a las Comunidades Autónomas y se les dio capacidad normativa sobre algunas deducciones. La de inversión en vivienda se dividió en dos tramos: el estatal y el autonómico. Apenas más cambios hasta la profunda reforma derivada de la Ley de Economía Sostenible, que a partir del 1 de enero de 2011 mantenía la deducción solo para las rentas inferiores a 24.100 euros.
José García Montalvo, catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra y autor de varios estudios sobre la desgravación fiscal por compra de vivienda, sostiene que la tendencia general en las sucesivas reformulaciones del impuesto ha sido para disminuir la capacidad de desgravarse. "Hubo un tiempo en el que se podía desgravar la primera, segunda, tercera y más viviendas", apunta.
Si, como pronostican las encuestas, el PP gana las próximas elecciones del 20-N y cumple su promesa electoral de rescatar la deducción sin límite de renta con carácter retroactivo para 2011, todas las viviendas adquiridas durante el ejercicio seguirían desgravando, al igual que las nuevas compras. Las obligaciones de pago del Estado para cumplir con las deducciones se mantendrían en torno a los 6.000 millones de euros anuales.
No obstante, Montalvo asegura que en el medio plazo, "veremos cómo disminuyen los niveles". Explica que el desplome de las ventas causado por la crisis se notará realmente cuando se liquiden las hipotecas vivas desde hace 15 años.
Fuente: Cinco Días
