La industria alimentaria reclama apoyo en la transición hacia un modelo energético más sostenible

Los impuestos energéticos y una menor inversión de fondos públicos en I+D influyen negativamente sobre la productividad de la industria de alimentación y bebidas, según el Informe de Competitividad y Políticas Públicas en la Industria de Alimentación y Bebidas, impulsado por FIAB. Por ello, el sector reclama mayor apoyo en la transición hacia un modelo energético más sostenible, así como en innovación para mantener su competitividad y el empleo.

El documento, elaborado por KREAB, analiza el impacto de las políticas energéticas e innovación que tiene sobre la competitividad de las industrias del sector de alimentación y bebidas de seis países europeos con características similares, concretamente España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia.

El Informe, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), destaca la estrecha relación que hay entre la productividad de la industria alimentaria con la marcha de las economías de los países analizados. Los alimentos y bebidas son un engranaje para la economía europea, tanto por sus relaciones intersectoriales a través de su cadena de proveedores, como por la importancia estratégica de los productos que suministra.

“Que nuestra actividad sea competitiva a lo largo de toda la cadena de valor es determinante para que esta industria mantenga el alto nivel de productividad que le caracteriza. Una industria alimentaria robusta es esencial para una salud óptima de la economía nacional, dado el peso del sector de alimentación y bebidas en España”, subraya Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.

Algunas de las políticas más destacadas para sostener la productividad de la industria se concentran en el ámbito energético y de la I+D+i. Los datos revelan que ambos campos impactan de manera relevante en las dinámicas del sector, por lo que la gestión de las políticas públicas en estos campos es determinante para favorecer al sector alimentario y a la economía en su conjunto.

La fabricación de alimentos y bebidas es uno de los principales sectores de destino de la producción energética a nivel nacional. La industria requiere energía eléctrica y térmica en múltiples fases, como control del proceso de las instalaciones, calefacción, refrigeración y maquinaria, entre otros. En este contexto de alta demanda, la competitividad del sector está condicionada principalmente por la dependencia de las importaciones energéticas, así como por las medidas fiscales en esta área.

Según el Informe, el 75% de los impuestos ambientales que soporta el sector alimentario europeo corresponde a la energía, siendo España uno de los países donde más se ha incrementado esta tasa en los últimos diez años, junto a Italia y Francia.

“Si además de esta carga fiscal se tiene en cuenta el encarecimiento de los costes energéticos que arroja la coyuntura internacional y la dependencia europea de las importaciones de energía, el sector alimentario español está sufriendo un desgaste que hace peligrar al mismo tiempo la competitividad nacional”, afirma García de Quevedo.

Además, se destaca la necesidad de contar con un sistema energético menos dependiente de los combustibles fósiles. Alcanzar la soberanía energética disminuirá la exposición del país a las variaciones de los mercados internacionales de combustibles, aumentando así su resiliencia frente a los cambios internacionales y mejorando su competitividad en el contexto global.

La industria de alimentación y bebidas ha avanzado considerablemente en la incorporación de energías renovables dentro de su mix energético. Si en los años 90 estaba compuesto en su mayoría por productos petrolíferos, en años más recientes ha realizado una transición hacia la energía eléctrica, introduciendo poco a poco energía proveniente de fuentes renovables. En 2020 estas representaron el 18,7%, mientras que en 2014 fue del 13%. Por lo tanto, el sector reclama un mayor apoyo para acelerar estos procesos y poder satisfacer las demandas de la actividad industrial.

El estudio, además, toma como referencia las políticas en innovación y concluye que los países que cuentan con mayor inversión en I+D en la industria de alimentación y bebidas presentan a su vez mayores tasas de productividad y empleo cualificado. Es el caso de Polonia y Países Bajos, donde el impacto positivo del apoyo a la I+D, además de estimular la actividad económica a corto plazo, mejora la productividad del sector a largo plazo. Por el contrario, el estudio señala el cada vez menor peso de los estímulos públicos en innovación sobre el total de la inversión en países como España, Italia, Francia y Alemania.

Para revertir esta dinámica, FIAB solicita un mayor protagonismo de la I+D en la agenda pública, a través de incentivos o subvenciones públicas, así como una estrategia que promueva la colaboración entre todos los agentes para alinear los objetivos de los diferentes grupos de interés.

Para afrontar los retos a futuro, la innovación debe estar presente en el día a día del sector. Acelerar el proceso de descarbonización de la industria de alimentación y bebidas, la integración de fuentes de energía renovables, la implantación de medidas de eficiencia energética, la gestión térmica y la recuperación del calor, la optimización de procesos o la mejora de los envases son solo algunas cuestiones donde la innovación tiene un papel protagonista.

Pero más allá del retorno para la propia industria, el estudio señala el impacto positivo de las actividades de innovación del sector en su entorno económico, social y ambiental. De hecho, según un estudio de la OCDE, cada euro invertido en I+D genera un beneficio privado de 0,3 euros para las compañías que llevan a cabo el proceso innovador, mientras que esta cantidad se multiplica por cuatro cuando se mide el retorno social de la inversión en I+D.

“El apoyo a la innovación en la industria no recae únicamente en las empresas, sino que, gracias a la capacidad del sector de impactar en otros sectores de la economía, se está invirtiendo al mismo tiempo en el progreso social y el bienestar de los ciudadanos”, afirma el director general de FIAB.

Más allá de las ayudas directas por los momentos coyunturales del sector energético, FIAB considera necesario abordar una estrategia a largo plazo desde las políticas públicas con el objetivo de seguir impulsando la competitividad del primer sector industrial del país. En este sentido, la Federación solicita la adaptación de la Ley de Industria para actualizarla a un nuevo marco energético acorde a las necesidades del propio sector, de su cadena de suministro y de las industrias auxiliares.

La industria pide un mayor peso de la innovación para desarrollar un entorno energético alternativo sostenible. Entre otros aspectos, invertir en infraestructuras energéticas, el mix eléctrico o el desarrollo de alternativas energéticas suficientemente potentes y eficientes, como el hidrógeno renovable o la producción de biometano, donde España tiene un gran potencial. Mejorar la eficiencia energética de los procesos productivos repercute en la mejora de la economía circular, la reducción de emisiones y de la huella de carbono, acorde con los propósitos del Pacto Verde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).