A falta de la aprobación definitiva en las Cortes, el sector renovable celebra esta iniciativa aunque con matices

El Consejo de Ministros del 19 de mayo de 2020 aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aunque todavía falta la aprobación definitiva por parte de las Cortes. Para las diferentes asociaciones vinculadas a las energías renovables y la eficiencia energética, la tan esperada Ley supone un paso más para dar estabilidad y seguridad al sector.

El texto fija unos objetivos mínimos que solo podrán ser revisados al alza: España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050 y el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable. Para ello, en 2030 las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990 y al finalizar la próxima década, como mínimo, el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%. Asimismo, las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

Los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.

Además, la senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno. Y junto a estos instrumentos de planificación, el PLCCTE diseña un marco de gobernanza para reforzar la participación.

A partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor.

En este texto se hace hincapié en el papel de la eficiencia energética y las energías renovables en el mix energético español y su progresiva penetración servirá para reactivar la economía a corto plazo.

Para facilitar este proceso, el proyecto incorpora medidas para facilitar su integración. Entre otras disposiciones, crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico, se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento.

Para favorecer la flexibilidad del sistema, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación. También se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red.

Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, el texto prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía.

El nuevo marco retributivo se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.

Las principales medidas para fomentar la eficiencia energética se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios. Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia Energética.

Para la Unión Española Fotovoltaica (Unef), esta norma "define un marco institucional claro y estable fijando objetivos ambiciosos, pero coherentes con los compromisos de lucha contra el cambio climático que España ha adquirido con el Acuerdo de París, identificando los Planes Nacionales de Energía y Clima como las principales herramientas para alcanzarlos".

Destacan el impulso de la hibridación, permitiendo mantener el punto de conexión de instalaciones existentes al incorporar distintas tecnologías de generación, siempre que se respeten los requisitos técnicos y la capacidad de acceso ya concedida, y que se introduzca la posibilidad de la sobrepotenciación de las instalaciones, siempre que se respete la capacidad máxima de acceso.

También les parece positivo la creación de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, en la que las comunidades autónomas deberán informar de sus planes de energía y clima.

No obstante, desde Unef consideran que, independientemente de la tramitación de esta norma, para que el sector fotovoltaico pueda ser un motor de la recuperación económica, "es necesario que se apruebe cuanto antes una nueva ley de subastas de energías renovables mediante Real Decreto-Ley, lo que permitiría poner en marcha el sector con rapidez, y que se apruebe la reforma del marco de Acceso y Conexión a la red eléctrica, introduciendo un nuevo procedimiento de obtención de los permisos que aporte transparencia y evite comportamientos especulativos".

Asimismo, para maximizar los beneficios en términos de generación de empleo local y de riqueza asociados al despliegue del autoconsumo, "es necesario reducir el término fijo de la factura eléctrica, introducir medidas de incentivación fiscal de carácter temporal, como es un IVA reducido para los clientes domésticos, así como digitalizar y simplificar las tramitaciones administrativas, por ejemplo, a través de la eliminación del requisito de la licencia de obras."

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa) considera que Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), está llamada a ser fundamental en la recuperación económica de nuestro país. "El desarrollo del sector renovable nacional es una oportunidad para industrializar nuestro país y crear decenas de miles de empleos durante la próxima década, es por ello que esperamos el máximo consenso posible en la aprobación de esta Ley en las Cortes”, ha declarado José Miguel Villarig, presidente de APPA Renovables.

Mucho más crítica en su comunicado de prensa se muestra la Fundación Renovables que si bien se felicita por la aprobación del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por ser una “norma necesaria e imprescindible como guión de la Transición Energética y referencia para los Planes en desarrollo para la Recuperación y Reconstrucción socioeconómica postpandemia”, lamenta “la falta de ambición que como en los sucesivos borradores ha caracterizado esta iniciativa legislativa. Aunque los objetivos sean considerados como umbrales de mínimos no pueden ser inferiores a los ya considerados como mínimos del PNIEC”.

Para Fundación Renovables, el texto aprobado por el Consejo de Ministros va a suponer "una nueva pérdida de oportunidad" por dos motivos fundamentales: "cambios poco relevantes o casi inapreciables respecto a la anterior versión del anteproyecto y la fijación de objetivos de energías renovables y reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aún menores que los planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)". Por lo tanto, desde Fundación Renovables reclaman que durante su tramitación parlamentaria se aumente "considerablemente su ambición con objetivos más acordes con las necesidades de la meta que acertadamente se fija en el texto".

De hecho, el objetivo de reducir el nivel de emisiones GEI en un 23% para 2030 respecto a 1990, planteado en la última versión del PNIEC, se ve reducido al 20%. También los objetivos planteados en el PNIEC del 42% de penetración energías renovables respecto al consumo de energía final descienden a un 35% y el 74% de generación eléctrica con renovables al 70%. Además, critican desde FER que el texto sigue sin fijar un año concreto para el cierre de plantas de carbón y nucleares ni se plantean objetivos de penetración de autoconsumo, ni en potencia ni en energía. Desde la Fundación Renovables proponen que deben llegar a aportar el 10% de la demanda de energía final en 2030. Por otro lado, consideran que el objetivo de penetración de energías renovables en el sistema eléctrico para 2030 "pierde valor al no plantear conjuntamente un objetivo de electrificación del sector energético, para el cual nosotros proponemos que se alcance un 50% para 2030 y así contribuir decisivamente a la reducción de emisiones del sector en su totalidad."

Otro aspecto que echan en falta es el protagonismo que debe dar la LeyCCyTE a la actuación en ciudades y en los municipios que consideran "los motores principales para el cambio del nuevo modelo energético. La actuación en municipios se reducen poco más que la obligación de zonas de bajas emisiones para municipios de más de 50.000 habitantes, pero no están presentes en el documento un batería de propuestas para conseguirlo ni objetivos concretos de reducción del volumen del tráfico o penetración de vehículo eléctrico".

La Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar (Protermosolar) expresa también su satisfacción por el inicio de la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética "que permitirá avanzar decididamente hacia la descarbonización de la economía y, en particular, de la generación eléctrica, cumpliendo los objetivos del PNIEC y del Pacto Verde Europeo".

Para Protermosolar es muy importante que la ley diferencie convocatorias por tecnologías o por funcionalidades que permitan responder a las necesidades del sistema."Las renovables son muy diferentes entre sí y sólo de una forma planificada se podrá conseguir la mejor combinación de las mismas, lo que permitirá la reducción de emisiones al mínimo coste", advierten.

La nueva ley será para Protermosolar "una importante palanca para el relanzamiento de la economía, reforzando un sector industrial con enormes posibilidades de exportación". En el caso concreto del sector termosolar ya hay actuaciones concretas sobre las plantas existentes, que se han presentado al Ministerio, que podrían contribuir de forma inmediata a dicha reactivación, según explican desde la asociación.

La Asociación de Empresas Eléctricas (Aseme), por su parte, ve positiva la propuesta de ley de cambio climático que ha impulsado el Consejo de Ministros. “Cualquier paso hacia delante para mitigar las consecuencias del calentamiento global es importante”, afirma su presidente, Oriol Xalabarder.

No obstante, Aseme alerta que el nuevo modelo necesitará adaptar las redes actuales así como crear nuevas redes con visión digital. Por ello, consideran que hay que asegurar que se garantiza una buena rentabilidad de las inversiones que permita a las pequeñas empresas distribuidoras hacer el cambio tecnológico con garantías. "Se debe garantizar que las inversiones obtengan una rentabilidad atractiva y ser consciente, por parte de los órganos reguladores, de que los costes de operación y mantenimiento actuales pueden no tener relación ni proporcionalidad con el de las futuras redes. Así pues, primero proponemos seguir sus costes reales y, según estos, establecer los límites retributivos en base a una experiencia contrastada”, comenta Xalabarder.

Por su parte, el Clúster de Eficiencia Energética de Catalunya (CEE) asegura que es muy necesario implementar todos los mecanismos y programas que permitan la consecución de los objetivos generales señalados en esta propuesta de ley.

Sin embargo, echa de menos que se no haga referencia a uno de los grandes problemas que tiene la sociedad española actualmente, el parque inmobiliario envejecido y que es responsable de un 30% del consumo de energía y de casi un 30% de las
emisiones que se producen. "Hay que tener muy presente que tan importante es evitar las emisiones como reducirlas, y esto último lo lograremos impulsando planes y medidas que incrementen la eficiencia energética y reduzcan el consumo", aducen desde el Clúster.

También se considera necesario el impulso a la digitalización del sector de la energía, como palanca para la mejora de la eficiencia y la progresiva incorporación de las energías renovables al sistema.

A pesar de que el proyecto de ley pone mucho énfasis en ámbitos como el impulso de las energías renovables y de la movilidad sostenible, "se percibe una falta de ambición en algunos de los objetivos marcados", según la entidad.