“Tanta carga burocrática resta competitividad y eficiencia al sector”
Entrevista a Luis Palomino, secretario general de Asegre
De cara al futuro, Palomino señala los retos que plantea el Plan de Acción de Economía Circular, el debate sobre el traslado de residuos y las dificultades que presenta la eliminación del amianto antes de 2028, ya que en España “ni siquiera se ha avanzado en la elaboración de mapas del amianto y hace falta una definición de criterios y medidas de control a nivel nacional para realizar un censo sobre este residuo peligroso”.
¿Cómo ha evolucionado el sector de la gestión de los residuos en los últimos diez años?
El sector de la gestión de los residuos ha estado en un proceso de mejora permanente, ofreciendo a los productores las mejores técnicas de tratamiento disponibles y logrando materias recicladas de mayor calidad. Se trata de un mercado maduro pero muy fragmentado, porque sigue necesitando un marco normativo más armonizado para evitar la disparidad legislativa actual entre comunicades autónomas.
¿Cuáles son los principales hitos durante esta década, en el ámbito legislativo y también desde el punto de vista tecnológico?
Hemos tenido que esperar una década para tener una nueva ley de residuos y suelos contaminados que se adecuara al contexto actual. Creemos que el principal hito ha sido el cambio de modelo de gestión, ya que ahora el productor o poseedor inicial del residuo pasa a un modelo de responsabilidad compartida en la gestión. Esto implica que los productores ya no podrán delegar su responsabilidad una vez entregado el residuo al gestor y deberán asegurar y documentar un tratamiento final adecuado.
¿Cuáles han sido las principales aportaciones de Asegre en la evolución del sector en estos últimos diez años?
Consideramos que somos uno de los máximos impulsores del cambio hacia un modelo de responsabilidad compartida en la gestión. En 2019 encargamos un estudio jurídico que realizaba un análisis comparado de la regulación en materia de residuos, que demostró cómo los países de nuestro entorno ya habían pasado a este modelo y las ventajas que suponía. También estamos muy orgullosos de haber creado, en 2017, el primer clasificador de residuos en español basado en la Lista Europea de Residuos (LER). A día de hoy sigue siendo una herramienta de referencia para todo el sector. Y esperamos que ocurra lo mismo con la sección que hemos creado en nuestra web para centralizar, a nivel nacional, las nuevas obligaciones de los productores de residuos. Nace ante la falta de armonización en la legislación de residuos. No olvidemos que la disparidad y fragmentación actual hacen perder eficiencia en los procesos y trazabilidad de los residuos.
¿Cuáles son los principales cambios que prevé de cara al futuro a corto y medio plazo? ¿Qué papel jugarán en este escenario los colectivos empresariales?
Como ya ocurre desde hace años, los principales cambios vienen de Bruselas y su Plan de Acción de Economía Circular, con el que se quiere disociar el crecimiento económico del uso de los recursos. También se espera un intenso debate en torno al traslado de residuos. En este caso, los gestores de residuos peligrosos tendremos que evidenciar que el traslado de este tipo de residuos será necesario para proteger a las personas y al medioambiente porque no es posible replicar en cada Estado miembro plantas y técnicas altamente especializadas. Finalmente, tendremos que dar un impulso muy fuerte para lograr la meta de eliminar el amianto antes de 2028. En España ni siquiera se ha avanzado en la elaboración de mapas del amianto y hace falta una definición de criterios y medidas de control a nivel nacional para realizar un censo sobre este residuo peligroso.
Para todo ello, resultará fundamental el papel de asociaciones empresariales como la nuestra, ya que somos los que poseemos la experiencia diaria y los conocimientos técnicos para ayudar a los poderes públicos en su toma de decisiones.
¿Están preparadas las empresas españolas para cumplir los requisitos legislativos fijados por la Unión Europea? ¿Y las administraciones públicas?
Las metas medioambientales de la Unión Europea son muy ambiciosas y las empresas tendrán que hacer un gran esfuerzo de adaptación, tal y como vienen haciendo desde hace años. En el caso español, nos preocupa más la preparación de las administraciones públicas porque cada nueva legislación medioambiental que llega se fragmenta y se interpreta desde un prisma puramente autonómico, lo que obliga a una ingente inversión en recursos para asuntos puramente burocráticos. Nos está ocurriendo incluso con los procesos de digitalización, que supuestamente deberían evitar tanta carga burocrática. Todo ello resta competitividad y eficiencia a un sector que puede ser uno de los motores de la reindustrialización europea y generador de empleos verdes reales.
