Autorizada la resolución de las concesiones de las desaladoras de Santa Eulalia y Ciudadela (Baleares) para paliar la escasez de agua en las islas
El Consejo de Ministros del pasado viernes acordaba autorizar la resolución de los contratos de concesión de obra pública para la redacción de los proyectos, construcción y explotación de las desaladoras de Ciudadela (Menorca) y de Santa Eulalia (Ibiza), en las Islas Baleares.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tras estas resoluciones, dictaminadas favorablemente por el Consejo de Estado el pasado 20 de noviembre, pondrá a disposición del Gobierno de las Islas Baleares estas dos desaladoras para su explotación y puesta en servicio, contribuyendo a paliar la escasez de agua que las islas sufren en la actualidad.
Tanto en Menorca como en Ibiza interesa poder contar con los recursos que aportan estas desaladoras para atender las necesidades y el abastecimiento de la población, dado elgrave problema de escasez de recursos hídricosque sufre en la actualidad las Islas Baleares. Estas dos infraestructuras constituyenuna fuente de recursos no convencionales quecontribuirána garantizaresteabastecimientoa su población local y al turismo, además de contribuir a reducir la presión sobre los acuíferos baleares.
DESALADORA DE SANTA EULALIA (IBIZA)
Esta planta desaladora, destinada al abastecimiento del municipio de Santa Eulalia del Río y de otras poblaciones de la isla de Ibiza, tiene una capacidad máxima de 4,9 hectómetros cúbicos al año.
La resolución del contrato es imprescindible para que la desaladora pueda entrar en funcionamiento. El Consejo de Estado ha dictaminado la resolución del contrato de concesión y la estimación parcial de la reclamación de la UTE concesionaria, al aprobar el pago de 25,6 M€.
DESALADORA DE CIUDADELA (MENORCA)
Esta desaladora, destinada al abastecimiento de Ciudadela y otras poblaciones de la isla de Menorca, tiene una capacidad máxima de 3,5 hectómetros cúbicos al año.
La resolución del contrato es imprescindible para que la planta pueda entrar en funcionamiento.El Consejo de Estado emitió dictamen por el que se acuerda la resolución del contrato de concesión y en el que se estima parcialmente la reclamación de la concesionaria, al aprobar el pago de 19,1 M€.
