Fenacore pide transferir a Fomento las competencias en materia de agua

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha pedido al Gobierno que salga de las urnas el próximo 28-A que la Dirección General del Agua pase a depender del Ministerio de Fomento, por considerar que el principal objetivo de la política hidrológica actual debe ser sacar adelante un nuevo Plan Hidrológico Nacional y ejecutar las actuaciones ya contempladas en los diferentes planes de cuenca; en los que se incluyen no sólo obras de regulación sino también de modernización y medidas complementarias de gestión de la demanda para optimizar el consumo.

En este sentido, Fenacore -que tomó esta decisión en su última Junta Directiva- considera que el agua ha ido perdiendo cada vez mayor relevancia en la agenda política, como evidencia el hecho de que en las últimas legislaturas sus competencias hayan ido dando tumbos por diferentes carteras ministeriales (Agricultura, Medio Ambiente y la actual Transición Ecológica) sin que se hayan producido avances reales a la hora de ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar todos los usos.

Ahora, en un contexto marcado por las incertidumbres derivadas del cambio climático, la gestión del agua requiere de un planteamiento que aune ingeniería y técnica para, por un lado, prevenir los efectos negativos de las lluvias torrenciales y, por otro, garantizar recursos en época de sequía, lo que exige reducir los déficits hídricos.

Por eso, este planteamiento requiere de un ministerio con mayor capacidad inversora, propio del responsable de la construcción y gestión de las grandes infraestructuras nacionales, como es Fomento. Así, al igual que ha habido grandes planes estatales de carreteras o de infraestructuras ferroviarias para hacer frente al aumento de las demandas, es momento ahora de ejecutar una planificación hidrológica adecuada que consolide a España como un país maduro hidráulicamente y preparado para el cambio climático.

Incluso esta “separación de poderes” otorgaría más independencia y coherencia a la política de aguas. De esta forma, aunque el actual Ministerio de Transición Ecológica mantuviese las competencias sobre la evaluación ambiental de las actuaciones relacionadas con el agua, las de su impulso y desarrollo deberían corresponder a Fomento, ya que si ambas competencias comparten cartera son “a la vez juez y parte”, afirma Del Campo.

Esta reordenación del sector público permitiría además que las Confederaciones Hidrográficas, que estuvieron adscritas desde su fundación a Fomento (Obras Públicas en su momento), recuperasen sus funciones históricas en la gestión y ejecución de las obras hidráulicas.

Según Del Campo: “la gestión del agua requiere, al igual que cualquier otro tipo de infraestructuras, una organización mentalizada y preparada técnicamente. Lamentablemente la experiencia de los últimos años nos da la razón y las confederaciones hidrográficas, que han hecho una magnífica labor en sus mas de 90 años de historia, se han visto algo descolocadas en las últimas legislaturas, por lo que estarían mejor adscritas de nuevo a Fomento, donde ya han demostrado su eficacia en la ejecución y explotación de las grandes infraestructuras hidráulicas de este país”.