Fidex pide un cambio normativo para impulsar la entrada de financiación privada en las infraestructuras del agua

El Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), que agrupa a las diez principales ingenierías españolas, pide al Ministerio de Hacienda que lidere un cambio normativo para impulsar la entrada de financiación privada en las infraestructuras del agua en un momento en el que la paralización de la inversión pública para cumplir con los objetivos de déficit ha dejado pendientes de ejecución más de 500 actuaciones prioritarias en materia de agua que urge reactivar.

De esta forma, las grandes ingenierías abogan por modificar la Ley de Desindexación de la Economía Española (que elimina las subidas automáticas de precios en función del IPC en el sector público) por considerarla un freno a la Colaboración Público Privada (CPP) en el sector de las grandes infraestructuras, pues se trata de la única vía de financiación viable hoy día para sacar adelante estos proyectos que precisan más de 12.000 millones de euros para su puesta en marcha.

Concretamente, esta modificación debe hacerse en el desarrollo reglamentario del artículo 10 de esta Ley, aprobada en 2017, que reduce a mínimos la rentabilidad de los contratos de concesión, ahuyentando al inversor y dificultando el lanzamiento de planes de inversión pública basados en esta fórmula de financiación conjunta.

De hecho, la norma especifica que la rentabilidad media de un proyecto en concesión a más de cinco años de plazo no podrá superar el valor de la deuda del Estado a diez años más un diferencial de 200 puntos básicos. Esto significa que la rentabilidad para un contrato de concesión a cinco años está muy por debajo (3,5%) de los umbrales mínimos (6%-8%) a los que está dispuesto a entrar un fondo privado.

Para Fidex, la Administración también se extralimita al imponer al inversor los criterios de actuación e incluso los requisitos técnicos que deben regir en el desarrollo del proyecto, confundiendo concesión con licitación. La falta de experiencia de España en el desarrollo de esta fórmula de colaboración público-privada está llevando a la Administración a publicar unos pliegos “hiperdirigidos” cuando lo que correspondería en su caso es marcar los estándares de calidad dejando que sea el inversor quien aplique sus propios procedimientos para garantizar la eficiencia.

Estos escollos legales son precisamente los que están provocando la fuga de la inversión privada nacional al extranjero, dando lugar a la paradoja de que las concesionarias españolas, las más experimentadas del mundo, están financiando proyectos fuera de nuestras fronteras al encontrar condiciones más favorables que en el mercado doméstico.

Fidex considera que solo superando estas barreras se puede avanzar a buen paso en el desarrollo de infraestructuras de depuración, facilitando el cumplimiento de la normativa europea en materia de gestión de aguas residuales, por la que España viene siendo sancionada. En concreto, el correctivo asciende a 12 millones de euros por existir todavía 9 municipios de más de 15.000 habitantes sin sistemas colectores y de tratamiento, más 10,9 millones por cada semestre de retraso hasta solucionar la situación.

Concretamente, en el caso de estas infraestructuras, Fidex aboga por modificar las condiciones para que sea la disponibilidad y no el volumen del agua que llega a la depuradora (un factor sumamente variable pues depende de factores como la pluviometría o el movimiento poblacional) el criterio que se exija al inversor como garantía de servicio; es decir, que la depuradora funcione 24 horas los 365 días al año y que los análisis del agua depurada cumplan los requisitos de calidad establecidos.

Además, atraer la inversión privada en este caso exige también la creación de ‘lotes mixtos’ o, lo que es lo mismo, contratos de concesión que combinen depuradoras urbanas (de mayor tamaño y rentabilidad) con pequeñas depuradoras de ámbito rural para que el efecto medio sea una rentabilidad suficiente, ya que si el Estado solo privatiza las de menor tamaño, el inversor difícilmente apostará por el proyecto. Un claro ejemplo es el Plan de Depuración de Castilla-La Mancha, que contempla inversiones de 600 millones de euros, y que actualmente está paralizado por falta de fondos.

Además, en España existe otro obstáculo que hay que superar para mejorar la rentabilidad de las infraestructuras de depuración y es la recuperación de los costes relacionados con el tratamiento de las aguas residuales urbanas; un gasto que aunque la Directiva Marco del Agua (DMA) plantea repercutir al usuario, acaban por asumir las administraciones locales por tratarse de una medida impopular.

En este sentido, las grandes ingenierías agrupadas en Fidex insisten en la necesidad de crear un órgano regulador nacional al que se sometan de forma voluntaria todos los ayuntamientos para llegar a un acuerdo sobre criterios y precios del agua, contribuyendo a concienciar al usuario de que hay que pagar por el tratamiento del agua que desecha de la misma forma que paga por tener agua en el grifo.