Denuncian la exclusión de pastos comunales en las ayudas a la ganadería extensiva de Castilla y León
La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León ha enviado a las organizaciones profesionales agrarias el proyecto de orden por la que se van a regular las ayudas agroambientales del Plan Estratégico de la PAC para España para el periodo 2023-2027. Este proyecto de orden contempla, entre otras, la ayuda por la “gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a sistemas tradicionales de pastoreo trashumante”, de la que se pueden beneficiar ganaderos de ovino, caprino, vacuno y equino.
Según señala la organización agraria ASAJA de la provincia de León, para ser beneficiario de estas ayudas hay que reunir unas condiciones de admisibilidad y cumplir unos compromisos medioambientales y climáticos. A cambio, se percibe una ayuda de hasta 50 euros por hectárea de pastos, acogida a la medida, sobre la que se aplica degresividad, y que se incrementará en un 20% si el beneficiario se acoge a compromisos voluntarios como la práctica de la trashumancia o la protección de los rebaños con mastines.
“Al margen de otros aspectos de la futura norma, difíciles de cumplir por los posibles beneficiarios, ASAJA critica que se excluyan expresamente los pastos de uso en común, es decir, los que son titularidad de las juntas vecinales y de los ayuntamientos, que son los que hasta ahora representaban más del 90% de las superficies que declaraban los ganaderos leoneses. Esta medida, decidida por la Junta, que no responde a ninguna directriz ni de Europa ni del Ministerio de Agricultura, es responsable de que una buena parte de los ganaderos de Castilla y León, y en todo caso la práctica totalidad de los ganaderos leoneses, no puedan acogerse a esta ayuda que fomenta la ganadería extensiva en zonas desfavorecidas de montaña”, afirma la organización.
ASAJA hace una llamamiento a la Consejería de Agricultura, al Partido Popular como socio principal de gobierno, y al partido de Vox como socio de gobierno y responsable de la Consejería de Agricultura, para que retomen esta cuestión y, con el consenso de las organizaciones agrarias, aprueben unas ayudas que no sean “discriminatorias”, que potencien la ganadería extensiva, y que ayuden de forma particular a las zonas más desfavorecidas del territorio de Castilla y León.
