El Informe sobre prácticas comerciales desleales supera otro trámite en Estrasburgo
El Informe aprobado el 2 de octubre por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre prácticas comerciales desleales supera un nuevo trámite. El Pleno del Parlamento europeo lo ratificó el jueves 25 de octubre, con 428 votos a favor, 170 en contra y 18 abstenciones.
Ahora se inician las negociaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Consejo para lograr un texto común, cuyo acuerdo se espera alcanzar antes de que acabe la presente legislatura.
El Informe, cuyo ponente ha sido el eurodiputado italiano Paolo Castro, mejora sustancialmente la propuesta de la Comisión Europea en diversos ámbitos. Incluye en la lista de prácticas comerciales desleales a perseguir el concepto de “ventas a pérdidas”, necesario para conseguir una regulación más efectiva. También amplia el ámbito de aplicación a todos los operadores independientemente de su tamaño, y aclara que las relaciones entre las cooperativas y organizaciones de productores y sus miembros quedan fuera del plazo de pago, si en sus estatutos se establece un procedimiento de liquidación a sus socios, entre otras cuestiones.
La ratificación del Plenario responde a la petición de todas las organizaciones de agricultores, cooperativas e industrias de la UE (Copa-Cogeca, FoodDrink Europe); los consumidores europeos, y numerosas organizaciones y ONGs. Además, las organizaciones españolas Asaja, Coag, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB y Promarca enviaron la semana pasada cartas a todos los eurodiputados españoles para que apoyasen el acuerdo de la Comisión de Agricultura.
El Consejo Europeo adoptó su posición el pasado 3 de octubre proponiendo cambios mínimos en la propuesta de la Comisión Europea. Los Estados miembros no llegaron a un acuerdo sobre la ampliación del ámbito de actuación a todos los operadores, ni la inclusión de la venta a pérdidas como práctica comercial desleal, algo que si propone el Parlamento. Además, incluía un periodo de transición de 30 meses para aplicar la Directiva, frente a la propuesta de la Comisión Europea de 12 meses. Ambas instituciones sí están de acuerdo en que la Directiva respete las leyes nacionales de los Estados miembros contra las prácticas comerciales desleales, como la Ley española 12/2013, más completa y ambiciosa que la directiva propuesta.
