Una PAC que apueste por medidas que incentiven la concentración y organización comercial de la producción
El sector productor agrícola y la industria agroalimentaria atraviesan uno de los momentos más importantes de su historia desde que España entró a formar parte de la UE en el año 1986. El hecho de observar cómo la renta agraria, en términos reales, se sitúa a niveles del año 1995 y que, según datos de la Comisión Europea, un 20% de las explotaciones europeas sufrieron caídas de rentas del 30% anual, entre 2008-2010, ponen de manifiesto la compleja situación que atraviesa. También deja al descubierto que los problemas del sector son más estructurales que coyunturales.
Las causas que explican estos efectos se resumen, principalmente, en tres. En primer lugar, los efectos que han provocado las reformas de la PAC de la última década, que abandonó una política preocupada en gestionar los mercados por otra de apoyo a rentas mediante pagos directos desacoplados de la producción, y cada vez más vinculados a objetivos de gestión medioambiental. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, desde el año 2008, los mercados de materias primas viven continuos episodios de volatilidad de precios. A falta de instrumentos para paliar sus efectos y la casi total apertura a los mercados internacionales, esta volatilidad ha descontrolado los costes de producción e incorporado un mayor grado de incertidumbre a la hora de planificar inversiones por los agricultores, en un sector de por sí impredecible por su dependencia del clima. Y por último, el desequilibrio de la cadena alimentaria, caracterizada por un sector productor e industrial muy atomizados frente a una gran distribución muy concentrada, lo que provoca una gran diferencia de fuerzas en las relaciones comerciales. Y a partir de ahí, grandes ineficiencias en la transmisión de costes y reparto del valor añadido entre los diferentes actores que participan en la misma, donde casi siempre salen peor parados, el eslabón más débil, el productor, y en muchas ocasiones, el transformador.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias llegamos a este diagnóstico, hace años, desde la aprobación de la reforma del 2003 que introdujo los pagos directos desacoplados. Los hechos no han hecho más que corroborar nuestro planteamiento.
El problema del sector productor español ya no es tanto la configuración de las ayudas directas, que muchas veces descuenta el propio mercado debido a su escaso poder en la cadena; sino los cambios estructurales que necesita la agricultura y su industria vinculada para hacer frente a un mercado globalizado. Conviene no olvidar, y la gran crisis económica que padecemos, nos lo recuerda todos los días, que el futuro del sector está en la capacidad de éste para organizar su propia comercialización tanto dentro como fuera de la UE. Y en lograr una cadena alimentaria más equilibrada que reparta mejor los beneficios generados y no provoque ineficiencias artificiales que solamente benefician al especulador. Una figura que no aporta nada pero se lleva mucho.
Por tanto, la clave de la próxima reforma es saber si la nueva PAC, además de justificar su existencia a través de una política medioambiental dirigida a los agricultores y ganaderos, apuesta por medidas que incentiven la concentración y organización comercial de la producción. De modo que éstos consigan mejorar su poder en la cadena y sean más competitivos en un mercado abierto, donde se exige capacidad profesional y un nivel de inversiones y sofisticación inalcanzables para un agricultor o ganadero de manera individual.
Para nosotros, la figura clave a potenciar, tanto en el marco del primer pilar de la PAC que integra a las ayudas directas y los instrumentos de gestión de mercados de algunas producciones, como en el segundo pilar, la política de desarrollo rural, son las organizaciones de productores u (OPs). Éstas, cuando se entienden como empresas creadas y gobernadas por los productores con una dimensión relevante en el mercado, figura que se asemejaría mucho al modelo cooperativo una vez añadido el factor de la dimensión. Ello permitiría a explotaciones productivas de cualquier tamaño, no sólo tener acceso al mercado y defender su rentabilidad a través de la comercialización de sus productos, sino aprovechar los ahorros y eficiencias que generan las economías de escala de estas estructuras integradas a la hora de mejorar su explotación y adaptar sus producciones a las necesidades del consumidor.
En España el reto de la concentración y mejora de la comercialización por el sector productor requiere importantes esfuerzos a nivel sectorial e institucional, pero sobre todo un gran cambio de mentalidad. El sector debe ser consciente de que la defensa del individualismo a ultranza, o de soluciones políticas voluntaristas que defienden un precio determinado sin tener en cuenta la raíz del problema, la atomización y el escaso poder de negociación en la cadena, nos lleva, poco a poco, a resultados no deseados, malos para la economía y el país. Además, desde el punto de vista institucional, se debe impulsar una estrategia a nivel nacional y de las CCAA que no se limiten a defender el cheque presupuestario, sino a la configuración de políticas que incentiven las iniciativas conjuntas y no la competencia entre vecinos.
Por todo ello, esta reforma es un reto. Y puede ser la última oportunidad que ayude a la reestructuración del sector productor español con fondos comunitarios. Las discusiones sobre el marco financiero de la UE 2014-2020, que presionan el presupuesto PAC a la baja, y la deriva medioambientalista que está tomando esta política no nos permitirá hacer lo que normalmente hace nuestra clase política: buscar una solución a corto plazo y poner en marcha medidas de forma decidida y valiente.
