Lo fundamental, la reforma de la PAC

El mercado es el que debe retribuir al agricultor. Por ello, se impone la inclusión en la reforma de medidas que garanticen el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria protegiendo al eslabón más débil, el propio productor, frente a los abusos de posición dominante de la gran distribución. En este sentido, se plantea la extrapolación a la totalidad del sector agrícola del llamado ‘paquete lácteo’ que, básicamente, dota de estabilidad a las relaciones comerciales incluida la posible obligatoriedad de la firma de un contrato entre el productor y el operador comercial-empresa de recogida, así como la negociación colectiva de los precios entre las agrupaciones y organizaciones de productores y la industria/comercio. Tal posibilidad implicaría la ampliación de las excepciones a las normativas comunitarias de la competencia al conjunto del sector agrario.

La propuesta menciona la posibilidad de financiar a través del ‘segundo pilar’ un régimen de seguros y fondos mutuos para estabilizar los niveles de renta de los agricultores. AVA-ASAJA apuesta por esta vía y reclama una mayor concreción en su desarrollo. La nueva póliza no garantizaría la rentabilidad del producto pero, con arreglo a las posibilidades dadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), sí permitiría poner límite a las posibles pérdidas.

En cuanto a los hundimientos súbitos de las precios causados por cuestiones ajenas al mercado, la llamada gestión de crisis, la reforma plantea la creación de un fondo de 3.500 millones de euros dotado con presupuesto ajeno a la PAC para compensar a los productores. Esta organización rechaza la fórmula de la cofinanciación de este fondo por parte de los Estados Miembros y defiende que este fondo se incluya dentro de la propia OCM de Frutas y Hortalizas como una medida más de gestión de mercados de la PAC. Junto a ello, y frente al burocrático sistema de activación del mecanismo, se defiende la fijación de unos umbrales de cotización objetivos para activarlos casi de forma inmediata y durante un tiempo determinado (cuatro semnas), en beneficio de todos los agricultores afectados. Para garantizar resultados no se debería limitar el acceso a este mecanismo a los miembros de una Organización de Productores (OPFH), sino a todos los productores, sean independientes o no.

En cuanto al resto de medidas de gestión de mercados, no es de recibo rebajar los mecanismos de protección existentes. En este sentido y frente a su desaparición, se aboga por el mantenimiento de las ayudas al sector oleícola para mejora ambiental, calidad…; las opciones de las ayudas especiales al sector vinícola a la destilación y mosto o las vinculadas a la constitución de OPFH (que pasan al segundo pilar).

La propuesta debería ir mucho más allá a la hora de determinar las condiciones de los acuerdos exteriores de la UE con países terceros. En este sentido, se impondría que cualquiera de estos convenios estuviera precedido de un estudio de impacto sobre el sector comunitario. De igual manera, resultaría estrictamente necesaria la aplicación del principio de reciprocidad en materia de normas de calidad, zoosanitarias, fitosanitarias, medioambientales y de bienestar animal. Y es que todos los productos que accedan al mercado único se deberían producir bajo las mismas condiciones que se imponen a los agricultores europeos. Para ello, se debería plantear la posibilidad de imponer restriciciones a la entrada en función del riesgo objetivo sanitario de los países de origen; mejorar y sistematizar los controles sobre los contingentes, precios y calendarios y precios de entrada. Con este propósito, se concentraría la entrada por determinados puertos y se crearía un cuerpo especializado de inspectores comunitarios.

En AVA-ASAJA, entendemos que las ayudas directas son sólo un complemento a la remuneración del mercado, pero deberían ser accesibles a todos los agricultores ‘activos’, es decir, a cualquiera que produzca y comercialice bienes agrarios. De ahí que no sólo no se comparta ni la definición dada a tal concepto (agricultor activo), ni la exclusión de las ayudas a las explotaciones de menos de dos hectáreas que la propuesta permite realizar a España. A este respecto, y a fin de evitar el olvido de infinidad de explotaciones minifundistas se plantea reducir este requisito a la propuesta inicial de la CE, establecida en un mínimo de una hectárea. Para ser coherentes con ello, y en cuanto a la nueva ‘ayuda base’ introducida se acepta que ésta se establezca por hectárea. Aun así se aboga porque su importe se fije en función de la productividad de la tierra.

La propuesta también plantea la posibilidad de que los Estados puedan dar ayudas acopladas a la producción por razones económicas o sociales pero limitadas a un 10% de los sobre nacionales. No es la mejor opción pero, de mantenerse tal filosofía y para evitar mayores distorsiones, sería necesario que las decisiones sobre su concesión se tomaran desde el ámbito regional.

La exigencia de acreditar ‘pastos permanentes’ para acceder al pago directo es inaceptable porque dejará fuera al sector ganadero, que debería acceder al régimen por su mera actividad y no tendría porqué disponer de superficie para justificar la ayuda.

Por el contrario, AVA-ASAJA, valora positivamente tanto el sistema de ayudas a jóvenes agricultores como la propia definición de pequeño agricultor.

En líneas generales, ante la magnitud de los cambios introducidos en los sistemas de ayudas, la reforma debería incluir periodos de transición largos, por lo que también sería oportuno que el porcentaje de pago básico de transición entre el pago único y la propuesta sea superior al 40% propuesto ahora.

Con la intención de justificar el alto presupuesto de la PAC, el llamado ‘pago verde’ es una de las grandes apuestas de la reforma y por ello acaparará hasta el 30% de las ayudas directas. AVA-ASAJA difiere de este planteamiento y aboga porque el componente ‘verde’ se conceda por la propia actividad agrícola, sin exigir mayores compromisos a los agricultores, que con su actividad ya contribuyen a mitigar el cambio climático y al mantenimiento del paisaje y el medio.

Por otra parte, las exigencias planteadas para cobrarlo (diversificación de cultivos; mantenimiento de pastos permanentes y conservar un area ecológica –no productiva de al menos el 7% de la explotación–) son inviables para la agricultura mediterránea. Para reconocer la contribución del agricultor mediterráneo se debería incluir el reconocimiento a cuestiones como la capacidad de absorción de CO₂ (que frenan el cambio climático); el trabajo ambiental contra la salinización o la erosión de los suelos; el ahorro de agua o la descontaminación de los acuíferos que suponen los sistemas de riego por goteo…

La propuesta de reforma quiere sustituir la actual estructura de los programas rurales –articulados en varios ejes grandes– por subprogramas temáticos claves (jóvenes, pequeños agricultores, agricultores de montaña…). Ante la falta de concreción del planteamiento, deberían priorizarse al máximo las medidas que mejoren la rentabilidad agraria, no tanto la ‘rural’ para la que ya existen partidas propias como los fondos Feder o de cohesión).