Integración cooperativa y apoyo a la concentración de la oferta

El Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario Español, resultado del Libro Blanco del Cooperativismo y que contó con un capítulo específico en el Libro Blanco de la Agricultura, redactado durante el mandato anterior de Miguel Arias Cañete, marca las líneas de actuación necesarias para modernizar el cooperativismo agroalimentario. Este plan se presentó al gobierno y a los diferentes grupos parlamentarios, incluso fue objeto de una PNL aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, pero únicamente se ha respaldado a través de los convenios de colaboración del MARM con Cooperativas Agro-alimentarias. Ni desde la Administración Central ni las Administraciones Autonómicas se ha hecho ningún avance significativo para potenciar el redimensionamiento ni la concentración de la oferta (excepto en Navarra y tímidamente en alguna otra Comunidad Autónoma). En consecuencia, es necesario poner en marcha un plan de integración cooperativa y de apoyo a la concentración de la oferta, donde se impliquen tanto la Administración Estatal como las Autonómicas.

La integración cooperativa se puede apoyar desde el segundo pilar por medio de los PDRs. Para ello es necesario un acuerdo con las CCAA, de forma que se priorice a las cooperativas y que éstas presenten un proyecto de integración comercial (creación y desarrollo de grupos empresariales de comercialización, etc.).

Hoy en día, el único instrumento que tenemos para el impulso a la constitución de grupos cooperativos de carácter supra-autonómico es la Orden Ministerial de Integración Cooperativa, enmarcada dentro de la normativa de Ayudas de Estado, limitada a 200.000 euros por beneficiario para un periodo máximo de tres años. Además, en la situación de crisis actual, es de suponer que esta línea esté claramente condicionada por las disponibilidades presupuestarias estatales.

Asimismo, existe mucha más flexibilidad y disponibilidad en los PDRs, ya que hay cofinanciación europea y no existen las limitaciones en cuantía impuestas a las Ayudas de Estado. El problema es que, hasta ahora, ha sido misión imposible lograr financiación para los grupos de naturaleza supra-autonómica, e incluso tenemos casos identificados donde las propias administraciones autonómicas han amenazado con retirar las ayudas para la mejora de la competitividad.

Por otra parte, cuando acudimos a la UE a solicitar la coexistencia de un plan nacional con los programas regionales, nos despachan afirmando que no es un problema que se deba resolver en Bruselas, sino en el Estado Miembro.

Este es un tema para introducir en Conferencia Sectorial y llegar a un acuerdo con las CCAA, donde no sólo se establezca la metodología para la financiación de tales grupos, sino que además se les conceda carácter prioritario. En el marco de la reforma de la PAC se podría pedir la coexistencia de un programa nacional con los de naturaleza regional, tal y como existió en su día.

En definitiva, las políticas actuales fomentan la dispersión, por lo que es necesario orientar todas las líneas de apoyo en la misma dirección, fomentando la integración y evitando la atomización actual.

El mercado interior es un mercado maduro tensionado y liderado por las grandes cadenas de distribución. Las oportunidades presentes y futuras se hallan en el exterior y, en particular, en los mercados emergentes. No cabe duda que el potencial de algunas producciones españolas en los mercados internacionales es evidente: frutas y hortalizas, vinos y licores, aceite de oliva, algunas producciones ganaderas, etc.

Por otra parte la internacionalización es un concepto mucho más ambicioso que la mera exportación. En efecto, somos un país exportador, pero no nos hemos internacionalizado. Nos vienen a comprar, pero no salimos a vender y si lo hacemos, la mayoría de las veces, proyectamos una visión cortoplacista. La internacionalización requiere una implantación en destino, que nos permita conocer la legislación del país importador, sus hábitos de consumo, sus canales de comercialización, los clientes más adecuados con los que mantener una alianza o incluso fundar una empresa en común. Implantarse necesita tiempo, especialización, recursos y dimensión. Aspectos todos ellos en los que nos queda mucho camino por recorrer y que debemos hacer previamente, como condición sine qua non para poder aprovechar toda nuestra potencialidad.

En consecuencia, apoyamos la puesta en marcha de un plan de internacionalización para el sector que, liderado por el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, integre y aglutine las políticas de apoyo a la internacionalización del sector y que en la actualidad están dispersas en diferentes organismos estatales y autonómicos.

Los elementos fundamentales que debe recoger la legislación destinada a regular de forma efectiva las relaciones comerciales en la cadena agroalimentaria, son los siguientes: desarrollo efectivo del principio general de buena be (presente en el Código Civil, Código Mercantil, Ley de Competencia Desleal, etc.) en las negociaciones comerciales, el contenido de los contratos y su ejecución; forma y contenido contractual mínimos; conductas específicas: el gestor de mercados privados o establecimientos de distribución moderna deberá establecer criterios de acceso objetivos y no discriminatorios; reforzar el poder negociador de los productores a fin de reequilibrar la cadena agroalimentaria y adoptando iniciativas valientes, desde el respeto a la normativa europea y de competencia; y por último, control independiente mediante la creación de un organismo encargado de aplicar estos principios, de oficio o a instancia de los perjudicados o sus asociaciones empresariales, y de sancionar su incumplimiento.

Si bien tenemos un documento específico, podemos adelantar los elementos fundamentales de nuestra posición: reequilibrio de la cadena agroalimentaria, mediante el apoyo a la concentración de la oferta e integración de la comercialización a través de las Organizaciones de Productores (OPs); refuerzo de los instrumentos de regulación de mercado una vez reforzados los mecanismos actuales con un fondo de crisis suficientemente dotado y de ágil activación; y ayudas directas, orientadas a la mejora de la productividad y competitividad y no al contrario.

En lo que se refiere al segundo pilar, es positivo que no se deban cumplir las limitaciones pyme para acceder a las medidas previstas en el segundo pilar. Al contrario, en el caso de cooperativas la dimensión debería ser estimulada e incentivada. Debemos reiterar la necesidad de que se autorice la coexistencia de un programa nacional con los PDRs regionales.

Finalmente, es evidente que el presupuesto que se adopte, y el montante que pueda percibir España, serán elementos fundamentales y condicionantes de la futura PAC. Sin embargo no es menos cierto que los instrumentos que ésta contemple decidirán en mayor medida su utilidad para el sector a medio y largo plazo y deberían contribuir a fomentar la adaptación necesaria para hacer frente a los nuevos retos del mercado.

La mejora de la competitividad del sector debe ser un objetivo en todas las políticas. Especialmente, la mejora de la comercialización; un aspecto fundamental para acometer inversiones con garantías de éxito. Para ello, los productores deberían realizar la comercialización a través de alguna estructura empresarial organizada y dimensionada, de la misma forma que las cooperativas que soliciten subvenciones para la mejora de la competitividad deberían presentar un plan de viabilidad que contemple la generación de sinergias y economías de escala con otras empresas o cooperativas que favorezcan la eficiencia de la iniciativa.

La reglamentación comunitaria ha inducido una pérdida de competitividad a todo el sector frente a países terceros. Las medidas medioambientales y de bienestar animal están introduciendo unos sobrecostes que el mercado no asume, y que el sector se ve obligado a soportar. A la vez, estos requisitos no se exigen a las importaciones, ni siquiera a las provenientes de aquellos países que gozan de acuerdos preferenciales.

Es necesario hacer un frente común con aquellos Estados Miembros que compartan nuestros planteamientos y, o bien exigir la reciprocidad, lo cual llevaría necesariamente a reforzar y armonizar los controles en frontera, o bien disminuir las exigencias a la producción europea.

Este es un punto clave que cobra máxima importancia en la actualidad con la reforma de la PAC. No podemos esperar a que la Comisión presente sus propuestas con el propósito de modificarlas a posteriori en los debates del Consejo. Es necesario contar con una Estrategia de Estado, que vaya más allá de una legislatura.

Por otra parte, necesitamos que los funcionarios del Ministerio, tanto los desplazados a Bruselas (REPER) como los que están en Madrid, estén en contacto permanente con los funcionarios comunitarios. Las fases donde más se puede influir son las iniciales, cuando los borradores son redactados por los jefes de unidad de la Comisión.

Los Comités de Gestión han tenido un papel fundamental en el desarrollo y la aplicación de la normativa comunitaria. Pero con el Tratado de Lisboa los actos delegados van a conferir todavía más poder a la Comisión en el día a día. En consecuencia, es necesario contar con una estrategia bien definida que cubra todos los frentes, máxime cuando se trabaja en la reforma de la PAC.

Finalmente, hay que ser conscientes del papel que va a jugar el Parlamento Europeo con el nuevo proceso de codecisión. Se debería pues establecer una estrategia con los grupos parlamentarios españoles y una asistencia continuada al desarrollo de las deliberaciones e iniciativas parlamentarias, en particular con la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.

Comentábamos al principio la necesidad de tener una política coordinada entre las CCAA, donde el ministerio deberá tener un claro liderazgo. Esta coordinación ya no solo es necesaria para el establecimiento de nuevas políticas más integradoras, sino para armonizar la aplicación de la legislación actual y que en muchos casos colisiona con el principio de unicidad de mercado. Por otra parte, las ineficiencias generadas por una Administración no coordinada nos hacen perder competitividad y algunas de las políticas e iniciativas, como las que hemos anunciado anteriormente, son imposibles de aplicar sin la implicación de las administraciones autonómicas.

Además, debemos ser conscientes de que vamos a vivir una etapa donde los recursos públicos serán escasos y, en consecuencia, es necesario poner en marcha políticas orientadas a las actuaciones prioritarias. Estas actuaciones prioritarias, sobre todo aquellas orientadas al mercado, deberán tener un enfoque estatal coordinado, integrador y que responda a las necesidades de un sector en un contexto globalizado y con unos clientes concentrados como la Gran Distribución.

La industria agroalimentaria española es el primer sector industrial de nuestra economía. Sin embargo, la situación económica general ha repercutido en la industria alimentaria, y ha provocado una retracción en el consumo, lo que ha derivado en una mayor presión en los precios. En el año 2011, la situación de los mercados y del consumo ha sido muy complicada y los datos del mes de octubre ponían de manifiesto una reducción del 1,8% en volumen y del 0,9% en valor. Hace falta pues un conjunto de medidas para reactivar el sector, así como para mantener su contribución a la creación de tejido social y económico de calidad, y al desarrollo sostenible del medio rural.

Además, la imagen que percibe la sociedad del sector no se corresponde con su importancia ni con su realidad. Tal vez por ello ministerios como el de economía,industria, exteriores, etc., tampoco le conceden la importancia que se merece. Por parte del sector también debemos cuidar la imagen que proyectamos. Lamentarnos y trasladar mensajes catastrofistas no nos llevan más que a transmitir una sensación de atraso, inseguridad y ausencia de viabilidad.

Finalmente, confiamos en el compromiso del nuevo Presidente Rajoy, donde ha quedado clara su intención de devolver al sector agrario y agroalimentario el papel y la notoriedad que le corresponde.

La interlocución que siempre hemos tenido con el Ministerio se puede calificar de intensa y fluida. Aun así, hay que ser conscientes que el problema fundamental no es el acceso, ni siquiera la posibilidad de reunirse al más alto nivel, sino las relaciones en el día a día con los diferentes departamentos del Ministerio.

La fusión del ministerio de Agricultura con el de Medio Ambiente tuvo como consecuencia la fusión de la DG de Agricultura con la de Ganadería y de ahí se derivaron diversas fusiones en distintas subdirecciones, provocando la saturación y restando eficacia al funcionamiento ordinario del Ministerio. Es necesario revisar las decisiones tomadas, en particular en lo que se refiere a las subdirecciones, y buscar una estructura más operativa. En particular, en aquellos sectores donde el protagonismo de España es evidente (frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, ...).