La edad media de los agricultores es de 63 años

Italia es otro de los países inmersos en un profundo cambio generacional en el sector agrícola. Hoy en día, las empresas agrícolas del país transalpino dirigidas por empresarios menores de 40 años representan el 7,5% del total (1,3 millones). Un porcentaje creciente, que sin embargo no es suficiente para rejuvenecer un sector donde la edad media de los agricultores es de 63 años.

Según se subrayó durante el debate 'Recambio generacional en la agricultura: el futuro en manos de los jóvenes', que tuvo lugar en EIMA 2024, estas cifras distancian a Italia mucho del resto de Europa. Si en este país una de cada cinco empresas está dirigida por un joven menor de cuarenta años, en Europa la media es de poco menos de una de cada tres, lo que confirma la urgencia de fomentar el relevo generacional también con vistas a la modernización del sector.

“Todemos tener la máquina agrícola más innovadora del mundo, pero detrás debe haber alguien que la conduzca: ese alguien es un joven”, afirmó Paola Adami, directora del Itasf, Red de Institutos Agrícolas Sin Fronteras. Del total de más de 1,3 millones de empresas agrícolas activas en Italia, sólo 100.000 están dirigidas por jóvenes, proclives a la innovación y atentos a la cuestión de la sostenibilidad.

La conferencia, a la que asistió, entre otros, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Agrícolas, Enrico Calentini, también permitió hacer un balance de la aplicación de la Ley 36 de 2024 para el emprendimiento juvenil en la agricultura, gracias a la presencia de Marco Carloni, presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara. En su opinión, el sector tiene hoy dos prioridades: la necesidad de seguir impulsando la innovación tecnológica en el sector primario y facilitar el relevo generacional.

Sin embargo, la Confederación de Agricultores Italianos (CIA) ha llegado a un punto crítico a través de las palabras de su presidente, Cristiano Fini: los decretos de aplicación de la Ley 36 que prevé, entre otras cosas, contribuciones directas e incentivos fiscales para la formación, aún no han sido aprobados. "Estos decretos son necesarios para poner en funcionamiento recursos equivalentes a 200 millones de euros, con una distribución más amplia", concluyó.