La criminalización de la maquinaria agrícola
Afortunadamente, este año se ha logrado reducir el número de incendios forestales en España. También el de la superficie quemada, que es sustancialmente menor a la registrada en años anteriores.
Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), hasta mediados de agosto se habían producido unos 4.000 incendios, que han afectado a más de 38.000 hectáreas de bosques, matorrales y dehesas, lo que representa un 42,4% menos que en el mismo periodo de 2023 (65.896,08 ha), y un 44,5% menos que la media de la útima década (promedio de 68.345,00 ha). También se han reducido los denominados "grandes incendios", esto es, los que superaron las 500 hectáreas afectadas. En este capítulo se ha vuelto a niveles de 2021 o 2019, que sin ser los mejores de los últimos tiempos, al menos quedan lejos de años catastróficos, como 2022.
Por su parte, desde Asaja Castilla-La Mancha han tomado la delantera a la hora de defender lo suyo y, tomando datos ofrecidos por la Consejería, subraya que “de los 642 incendios forestales (573 quedaron en conatos), 45 fueron provocados por cosechadoras" (entiendo que se refirió aquí de forma más genérica a equipos de recolección). Algunos de estos 45 han sido catalogados como "grandes incendios" y tuvieron la maquinaria agrícola como protagonista. Así lo destacó la consejera, quien recordó el del 30 de julio en Valverdejo (Cuenca), que afectó a 2.227 hectáreas, provocado por una "negligencia" en el uso de una empacadora; o el de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) que arrasó 716 hectáreas, provocado por un "accidente" causado en una máquina agrícola.
Si en el foco del origen de los grandes incendios forestales se encuentra la maquinaria agrícola es algo que resulta fácilmente comprensible, porque los agricultores también cosechan en zonas deshabitadas, en ocasiones de acceso complicado y, según el área, de vigilancia limitada. De ahí que al producirse el menor problema con el equipo mecánico o salte alguna chispa durante su labor, la probabilidad de que se produzca y propague el fuego es elevada.
En días de extremo calor ya se encargan las administraciones regionales de limitar los trabajos de recolección, en ocasiones sin atender a los primeros afectados, ni siquiera consultarles para valorar si medidas tan tajantes son realmente justas. Ojo, que una resolución de esta índole, dictada por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León, en la que prohibía trabajos con maquinaria que pudiera generar chispas o deflagraciones en monte y en la franja de 400 metros que lo circunda, fue llevada a los tribunales y estimado el recurso planteado. Los profesionales del campo necesitan conocer de antemano las razones que justifican la prohibición de llevar a cabo sus labores de recolección del cereal, que se realizan entre junio y agosto, según cada región.
Legislar sobre el campo desde un despacho, sin escuchar las necesidades de sus profesionales, es más que cuestionable. Inundar el discurso de demagogia es, además, inaceptable. Cierto es que el parque de maquinaria agrícola en España está excesivamente envejecido -sin entrar a analizar ahora el porqué y quiénes son los responsables de ello-, pero precisamente uno de los segmentos donde más se invierte en renovación es en la recolección, vinculada en gran medida a las empresas de servicios, motores de esta actividad y con un gran futuro por delante.
Si esos legisladores de tecla rápida se preocuparan por conocer de cerca la tecnología que incluyen hoy en día las cosechadoras o empacadoras que llegan a los campos españoles, quizá cambiara su percepción y dejarían de criminalizar unas herramientas que son imprescindibles, en primera instancia para quienes trabajan con ellas, y en segunda para el conjunto de la sociedad a la que se debe alimentar.
