El fomento de la investigación guía los últimos acuerdos del sector cerealista

“La genética ha aportado grandes beneficios al sector. Por ejemplo, en el caso de un producto estratégico como es el trigo, gracias a su empleo, se vienen aumentando en Europa los rendimientos de forma lineal a una media de casi 100 kg por hectárea y año”, señalaba a modo de introducción Antonio Villarroel, secretario General de Anove, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales.

A pesar de que ha quedado más que demostrada la importancia de la aplicación de la I+D+i en la agricultura, lo cierto es que las empresas especializadas en estas actividades de investigación no pasan por su mejor momento, debido fundamentalmente a las dificultades que encuentran para lograr un retorno financiero que permita sostener sus programas. La baja tasa de utilización de la semilla certificada, el vehículo por el que la genética llega al agricultor, y la existencia desde 1961 de la figura del ‘privilegio del agricultor’, por la que se autoriza a éste a reemplear en su propia explotación granos obtenidos de una cosecha anterior, son dos de los factores que más han influido en esta situación.

“La figura del privilegio del agricultor ha tenido una especial incidencia en España donde esta excepción ha conllevado que sólo se declare como semilla certificada en el sector del cereal entre un 15% y un 20% de todos granos empleados. Lo que no quiere decir que en el resto no se utilice la genética, con nuevas variedades, sino que con este 85-80% no se obtiene un retorno financiero ya que no existe un control efectivo de su empleo”, añadía Villarroel.

Para corregir esta situación desde el sector del cereal se está trabajando fundamentalmente en dos vías. Por una parte se ha buscado simplificar la normativa de certificación de la semilla de cereales (categoría R2), en el seno de un amplio grupo sectorial liderado por la Oficina Española de Variedades Vegetales y en el que han participado las comunidades autónomas y diferentes representantes sectoriales. Y en segundo término, está la firma de los convenios sobre acondicionamiento de grano, con la que, entre otros objetivos, se intenta facilitar la gestión de la retribución por el reempleo de cereal certificado.

La escenificación de la firma de este último convenio tuvo lugar el pasado 21 de septiembre en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en un acto presidido por Alicia Crespo, directora de la Oficina Española de Variedades Vegetales (Marm), y que contó con la presencia de los representantes de las asociaciones Accoe (Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España), Aprose (Asociación Profesional de Empresas Productoras de Semillas Selectas), Acml (Asociació Catalana de Multiplicadors de Llavors), Semican (Asociación de Productores de Semillas de Andalucía), Geslive (Gestión de Licencias Vegetales) y Anove (Asociación Nacional de Obtentores Vegetales). Se trataba de un convenio similar al firmado previamente con Cooperativas Agro-Alimentarias.

Según palabras de la directora, estos dos acuerdos significan un paso muy importante para el sector cerealista en España ya que tienen como objetivo, tanto cumplir la reglamentación vigente, como una apuesta decidida por la investigación en este sector. “Estos convenios establecen un marco estable que debe fomentar la reinversión de esa contribución por el reempleo de la semilla de variedades protegidas, en programas de investigación diseñados en colaboración con el sector cerealista”, manifestaba Alicia Crespo.

Este apoyo se concreta a través de los fondos que contemplan ambos convenios para fomentar la investigación de nuevas variedades adaptadas a las condiciones agroclimáticas y la promoción del uso de la semilla certificada. En los convenios se establece que estos fondos se formarán con una parte de la retribución obtenida por el reempleo de grano.

Todos los intervinientes coincidieron en la necesidad de promover la investigación para incrementar la producción agraria, asegurar la trazabilidad, la calidad y la seguridad alimentaria que cada día demandan los clientes. También apoyaron la necesidad de que se cumpla la normativa relativa al derecho del obtentor es decir, recibir una justa remuneración cuando el agricultor reutilice granos de su cosecha para siembra si utiliza variedades protegidas, privilegio que le otorga la ley. Incidieron en la necesidad de una normalización del sector para favorecer el desarrollo de programas de mejora genética en nuestro país, que permitan obtener variedades mejor adaptadas a nuestras condiciones.

Igualmente todos coincidieron en que éste es el primer paso, y que es necesario continuar con el esfuerzo conjunto del sector para mejorar la producción cerealista. Los distintos fondos previstos en los convenios contribuirán a impulsar la investigación local, desarrollar labores de difusión e información entre los agricultores, y favorecer el uso de semilla certificada en España.