292 proyectos para 233 empresas

La Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA) advierte de que tan solo se han adjudicado 183 millones de euros de los 510 millones asignados al PERTE Agroalimentario.

Solo se han adjudicado 183,6 M€ (163,5 M€ en subvenciones y 20,1 M€ en préstamos) de los 510 M€ destinados a la mejora de los procesos productivos por el PERTE Agroalimentario.

"Una ejecución muy baja de una asignación ya de por sí muy reducida teniendo en cuenta que estamos ante la primera rama manufacturera del sector industrial (142.000 M€ de cifra de negocio), el 22,6 % de personas ocupadas y el 20,4 % del valor añadido. Se han beneficado 292 proyectos para 233 empresas entre las 30.000 que configuran el sector.

Estos datos fueron expuestos en la asamblea anual de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA), celebrada en León. “Se ha aplicado al sector agroalimentario la misma estructura de PERTE que para otros sectores, que es un planteamiento basado en empresas tractoras. Pero el sector agroalimentario está implantado y organizado de una forma totalmente diferente: no tiene Volkswagen, Navantias o Telefónica, por lo que esta estructura no sirve”, valora la presidenta, Mª Cruz Díaz. “Casi 30.000 empresas en el sector alimentario, y la práctica totalidad son pymes que están estrechamente vinculadas al sector primario y, por tanto, al territorio: no hay industria tan variada y dispersa como la alimentaria”.

Los datos ratifican que el PERTE Agroalimentario está mal planteado, a juicio de ANIA.

Además, los ingenieros denuncian que el PERTE se ha limitado a la industria, lo que genera dos problemas fundamentales: por una parte, se pierde la capacidad de mejorar la eficiencia de la producción de alimentos, su calidad y su valor añadido al compartimentar la producción primaria de su necesaria transformación; y por otra, se rompe una vía de mejora de la renta de los agricultores y ganaderos porque, por ejemplo, una cooperativa sólo puede optar a mejorar su proceso industrial y no su proceso productivo primario, cuando dependen el uno del otro. Díaz apunta que la eficiencia, la trazabilidad, la calidad y el incremento del valor añadido del producto final “se inicia en el campo o en la granja, no en el muelle de entrada de la industria”.

Desde ANIA también se alerta sobre la reciente desaparición de la Dirección General de la Industria Alimentaria, que se ha sustanciado en la reestructuración del Ministerio de Agricultura auspiciada por el nuevo Gobierno. “Los ingenieros agrónomos estamos preocupados porque dudamos de la eficacia de este cambio. Parece que esa parte del ministerio se ha organizado como si todos los eslabones del sistema agroalimentario tuviesen sus problemas estructurales medio resueltos y solo faltase una mayor coordinación entre ellos, cuando es evidente que no es así, porque el margen de mejora de la producción primara y la industria alimentaria es todavía importante”, señala Díaz.

“Relacionar producción, transformación y comercialización es bueno, pero esa forma de plantear la organización dibuja un marco nacional, de puertas adentro. La realidad es que el papel de la industria alimentaria es fundamental para la internacionalización de la economía española y lo puede ser mucho más si se le dedica la atención que merece: hay margen para incrementar el valor de la producción y la eficiencia, y eso debería ser una prioridad política de primer orden” sentencia la presidenta de ANIA.

ANIA advierte sobre la forma en la que se está denostando el regadío y el peligro que eso supone. Díaz lo considera un asunto “extremadamente complejo, que no admite simplificaciones ni atajos: el agua es fundamental para producir. Si hay acceso al recurso, garantizaremos producciones; si no, no. Hay matices, situaciones y casos concretos; pero también soluciones y opciones”.

La presidenta observa que las medidas que al respecto del regadío se tomen ahora “son las que van a condicionar la seguridad y soberanía alimentaria del mañana. No hace falta que explique lo que ocurre cuando dependemos de terceros, porque creo que todos lo estamos notando en nuestros bolsillos, y cada vez somos más los que comemos todos los días”.

Díaz anunció que va a remitir una carta al ministro Luis Planas con el fin de solicitar una reunión para tratar estas preocupantes cuestiones planteadas en la asamblea.

La oportunidad del secuestro del carbono

De entre las conclusiones de la asamblea general de ANIA, destacó la potenciación del grupo de trabajo creado para estudiar y plantear escenarios a través de los cuales el sector agrario explore opciones en el mercado de emisiones, dado el potencial fijador de dióxido de carbono de la agricultura. Según apunta Díaz, “la producción agraria es multifuncional, y una de las externalidades que tiene es su capacidad de fijación de CO₂. Por tanto, si quien emite paga, quien fija deberá de cobrar, ¿no?”. Al respecto, y como experta en edafología, Díaz destaca la gran capacidad de fijación de CO₂ de nuestros suelos agrícolas, cuestión que centrará buena parte de sus actividades divulgativas en los próximos meses.