COAG exige al ejecutivo su oposición a la liberalización de plantaciones de viñedo

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado al Gobierno español, a través de la Ministra Rosa Aguilar, que se pronuncie en contra la liberalización de las plantaciones de viñedo más allá del año 2015, tal como han hecho los gobiernos francés y alemán. La medida, que pretende ser efectiva a partir del año 2015, eliminaría el único mecanismo de control sobre los viñedos, provocando una deslocalización de la producción que amenazaría el patrimonio vitícola de 200.000 viticultores/as profesionales en nuestro país y el equilibrio medioambiental de las principales regiones productoras, caso de Castilla La Mancha, al no existir alternativas viables a este tipo de cultivo.

A este respecto, el responsable del sector vitivinícola de COAG y Presidente del Comité Consultivo Vino de la UE, Alejandro García-Gasco, ha afirmado: “En el curso de las últimas décadas, el sistema de derechos de plantación se ha revelado como un magnífico instrumento para la política de calidad y para la gestión del potencial de producción en el seno de la Unión Europea, por lo que no tiene mucho sentido cargárselo de un plumazo. Es altamente paradójico e incoherente dedicar cuantiosas partidas presupuestarias para fomentar el arranque de viñedo para después fomentar justamente lo contrario”.

Asimismo, se ha solicitado a la titular de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la mejora en la aplicación y diseño de la medida de 'vendimia en verde', (arranque de racimos cuando se están formando para disminuir producción y mejorar calidad), ya que supone una medida de gestión del mercado más económica que la destilación de crisis, y que repercute directamente al agricultor. En este sentido, se deberían flexibilizar los plazos de puesta en marcha y control para mejorar el seguimiento y su eficacia.

Por último, dada la crisis de precios que atraviesa el sector, se ha propuesto la articulación de la negociación colectiva de los contratos agrarios en base a los costes de producción y con unos correctos plazos de pago del producto al viticultor, para garantizar la rentabilidad de las explotaciones vitícolas.