La desigualdad toca a su fin en el campo

Nieves Gutiérrez, ganadera. Trabaja “codo con codo”, como a ella le gusta definirlo junto a su marido, en una explotación familiar de vacuno de leche en Cantabria. Ambos, cotizan a la Seguridad Social, en régimen de autónomo especial agrario, pasan una media de nueve horas diarias en la granja... sin embargo a la hora de solicitar una subvención o realizar una gestión, Nieves necesita una autorización de su esposo, titular de la explotación. “A ojos de la Seguridad Social, aunque yo cotice, figuro como ‘colaboradora’ en la explotación que tiene un sólo NIF, el de mi marido. Me llamaron y no pude presentar nada. De esto, sólo hace un año. Aunque trabajo igual que él, no tengo nada porque no soy la titular”. Esta situación que la define como ‘colaboradora’ o ‘ayudante’ en la granja implica que no pueda firmar por sí misma la declaración para cobrar la PAC y que deba acudir con una autorización del titular para abrir una cuenta bancaria, recibir una subvención o cualquier otra gestión. “Parece mentira que con los tiempos que corren, aún tengamos que ir con la dichosa autorización ”, se lamenta. El caso de Nieves no es aislado. En nuestro país, el 71,2% del millón de explotaciones agrarias son de titularidad masculina, un porcentaje que baja al 60% en el resto de Europa.

“A ojos de la Seguridad Social, aunque yo cotice, figuro como ‘colaboradora’ en la explotación, aunque trabajo igual que él, que es el titular”

Gemma Garcia, autónoma agraria en una explotación hortícola en el Baix Camp (Cataluña).

De la universidad a titular de un huerto de cinco hectáreas, aproximadamente, donde cultiva patatas, calçots, escarolas, lechugas y tomates, entre otros. La inmersión de Gemma Garcia en el sector agrario no le vino por herencia, ni por tradición familiar. “Sucedió después, cuando me casé. Mis suegros tenían tierras que no trabajaban, ya que se habían jubilado. A mí siempre me había gustado el campo y me lancé. Salí de la facultad y acabé aquí, por devoción”. Gemma bromea sobre lo poco que conocía, en aquel momento, del oficio de campesino: “Hasta entonces, sólo había visto los tomates en el supermercado”. Gemma es autónoma agraria y en épocas de mucho trabajo se ve obligada a contratar temporeros, porque la particularidad de una producción hortícola es que buena parte de las tareas se deben hacer de forma manual. “Aunque el trabajo es más cómodo, ya que cuentas con máquinas que te quitan trabajo, y así te evitas sulfatar y fertilizar, todo se coge, corta y en ocasiones se ata a mano. De lo contrario, necesitarías 48 horas diarias para llegar a todo. Mi jornada empieza de la siguiente manera: cada mañana dejo a la niña en el colegio a las 8:30 y después trabajo en el huerto hasta las 19 horas, aunque hay días que aún dedico más horas”.

“En el mercado, mientras la payesa recoge cajas y hace pequeñas tareas, él se relaciona y fija los precios. En el campo, aún se ven cosas así”

Como autónoma agraria, se reconoce ‘cubierta’ como cualquier otra persona que cotice bajo este régimen. “Cuando empecé, de eso hace ya 10 años, solicité la ayuda para jóvenes agricultores por incorporación agraria. En función de la extensión que tienes hacen un cálculo y también una ayuda en concepto de mujer joven que empieza en el ámbito rural. En aquel entonces, me dieron 250.000 pesetas, vamos, ni para arreglar un tractor. Es una ayuda pequeña pero si no te la dieran saldrías adelante igual”. Insiste en que subvenciones y ayudas existen pero “no son fáciles de obtener”. “Aquí dependemos de la climatología y demás, por lo que es bastante insuficiente. Además, tampoco podemos contratar seguros ya que cambiamos de cultivo cada dos meses”. Al respecto, reflexiona sobre las dificultades con las que tropiezan los autónomos agrarios: “Nunca te puedes poner enfermo. Si tienes una temporada mala piensas en dejarlo, como cualquier autónomo… pero es que ya llevo 10 años, me quedaría sin nada”.

En cuanto al rol femenino en el ámbito rural coincide en que es menos visible que el masculino, sobre todo al principio cuando se empieza. “Todos se preguntan: ¿Qué hace esta aquí? Cuando ya llevas años, mayoristas y payeses te conocen y te tratan de forma diferente. Pero claro, aún perdura la idea de que la mujer se limita a ayudar. No se valora el papel de la mujer en el campo, aunque trabaje igual o más que su pareja, y esto se da más en granjas que en huertos, donde se necesita más la maquinaria. Algo que observa en los mercados donde se vende la producción. “Veo a parejas de payeses, de cierta edad, y salta a la vista cómo ella se dedica a recoger cajas y hacer pequeñas tareas mientras él se relaciona y negocia precios. En el campo aún se ven cosas así y aunque ahora hay más mujeres titulares de explotaciones agrarias, aún son minoría”.

En el sector agrario, perdura la idea de que las féminas únicamente ‘ayudan’ en explotaciones familiares. La mayoría de las más afectadas son mujeres de entre 40 y 50 años, que trabajan a la sombra en el campo, ya que ni la Administración ni otros organismos reconocen su trabajo. Son mujeres ‘invisibles’ en el ámbito rural, cónyuges de titulares de granjas o tierras agrarias y consideradas ‘ayuda familiar’, según la Encuesta sobre la Estructura de Explotaciones Agrícolas del INE 2007. “Es difícil saber con exactitud el número de mujeres que trabajan en el campo porque todavía existen muchas explotaciones en las que ésta realiza el papel de acompañante y por lo tanto se considera mano de obra familiar y no personal laboral. Además, existe la idea, equivocada pero muy extendida en muchas familias, que mantener la cotización de dos personas en el negocio es un gasto que no se pueden permitir en los tiempos que corren”, explica Carme Rosell, responsable de Comunicación de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). “Sin embargo, debemos conseguir –continúa– que este derecho no se vea como un coste porque nunca se ha planteado en estos términos cuando se refiere a la seguridad social del marido. Aun así, hay que destacar que esta situación se da cada vez menos en el caso de las personas jóvenes que se incorporan al sector, ya que en ellas la mentalidad es mucho más empresarial y por lo tanto o bien optan por la titularidad, la cotitularidad o cotizan a la seguridad social”. En el sector agrario, perdura la idea de que las féminas únicamente ‘ayudan’ en explotaciones familiares. La mayoría de las más afectadas son mujeres de entre 40 y 50 años, que trabajan a la sombra en el campo, ya que ni la Administración ni otros organismos reconocen su trabajo. Son 400.000 mujeres ‘invisibles’ en el ámbito rural, cónyuges del titular de la explotación que todavía figuran como 'ayuda familiar' según la Encuesta sobre la Estructura de Explotaciones Agrícolas del INE 2007. Desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), su presidenta, Teresa López, argumenta el porqué del mayor porcentaje de explotaciones agrarias españolas, a nombre de un solo titular, en comparación con otros países europeos: “Nuestro medio rural sufre desde años procesos de envejecimiento, despoblamiento y masculinización. Ante la crítica situación del sector agrario, en las explotaciones familiares tradicionalmente se ha pagado una sola cotización (la del marido por regla general) y las mujeres han trabajo consideradas como ‘ayuda’, por lo que la titularidad de las explotaciones ha correspondido al género masculino, invisibilizando el trabajo fundamental aportado por el femenino”. En cuanto a las dificultades que han de sortear las mujeres en estos casos, desde Fademur citan: no tener un empleo remunerado y sí uno sin salario, horario, ni cotización social que no genera ningún derecho para el futuro. Estas mujeres trabajan de una forma invisible, no aparecen en los papeles, ni en las estadísticas y, por lo tanto, también es complicado poner en marcha políticas públicas que reviertan esta situación.

“¿Si se reconoce a la mujer lo suficiente en el campo? Depende de lo que se entienda por suficiente”

Roser Serret, perteneciente a una cooperativa familiar de vacuno de leche en la Noguera (Cataluña).

“Trabajo una media de 10 horas diarias en una explotación familiar de vacuno de leche. En estos momentos, criamos entre 650-700 cabezas de ganado. El sector lo conozco desde siempre. Mis padrinos ya tenían vacas de leche, al igual que mi padre. Nosotros somos la cuarta generación al frente del negocio”. Roser Serret, madre de un niño y una niña de menos de tres años de edad, se ha dedicado desde siempre al oficio de payesa, en la explotación familiar en régimen de cooperativa. Reconoce tener dificultades para conciliar vida familiar y laboral, ya que pasa unas 10 u 11 horas diarias en la granja. “Aunque me puedo llevar al niño al trabajo, y cuento con una mayor flexibilidad, también tengo que pasar más horas en la granja. Es difícil de explicárselo a ellos. Y todo ello, a pesar de contar con la ayuda del resto de su familia (padres y marido) junto a personal asalariado que trabaja unas 8 horas diarias. En su opinión, las tareas en la granja son más cómodas gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías: “Lo llevamos todo más informatizado y así, puedes gestionar el trabajo de otra manera, aunque esto implica un coste económico. A veces, esta inversión no sale a cuenta por los precios que nos pagan”.


“En el sector ganadero, la mujer podría dedicar las 24 horas a la explotación y además, debería hacer el trabajo doméstico”

A la pregunta de si considera que se valora lo suficiente el trabajo de la mujer en el campo, Serret contesta: “Tendríamos que definir qué se entiende por suficiente”. “Creo que el trabajo en el campo es duro y, desde luego, cuesta más reconocer el trabajo que hacen las mujeres que los hombres, como ya sucede con todas aquellas que trabajan fuera de casa. La diferencia con el sector agrario, y especialmente el ganadero, reside en que aquí podrían dedicar todo el día y después aún deberían hacer las tareas domésticas”. Y al respecto pone un ejemplo: “Si tengo que ir a buscar al niño al colegio y estoy preparando pienso, pues me lo traigo aquí conmigo, a hacer pienso”. Al igual que Concepció Anton, Roser Serret piensa que todavía existe un gran desconocimiento acerca del sector agrario. “La persona que va a la tienda no valora el esfuerzo que hace el sector primario para que ese producto esté ahí. No sucede como en otros países donde el consumidor compra lo que se produce en el país; aquí se busca más el precio. Y en este sentido, estamos en desventaja ya que se importa mucho producto de fuera que no tiene la misma calidad que el nuestro”. Asegura que no se siente discriminada por el hecho de ser mujer que desempeña una actividad rural, sino que más bien al contrario, recibe alguna pequeña gratificación por ello que le supone un beneficio muy bajo. Sí se queja del régimen autónomo, al que pertenece y considera muy precario: “Sobre todo si tienes una baja maternal, por accidente o ya la jubilación”.

Unas 6.000 mujeres, que desarrollan tareas rurales, figuran en las relaciones oficiales de la Seguridad Social. El reciente anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, sobre su compromiso a redactar un proyecto de ley que regule la figura de la cotitularidad ha sido recibido con entusiasmo por diversas organizaciones agrarias. “Nos parece algo muy positivo. Las mujeres de Fademur llevamos años trabajando por que el trabajo femenino en las explotaciones familiares agrarias sea visible. Hemos conseguido avances importantes, pero tenemos que seguir trabajando. En cuanto a la titularidad compartida, estamos en pleno proceso de desarrollo de las normativas aprobadas, por lo que nos parece fundamental que la nueva ministra se comprometa a regularizar por fin esta injusticia histórica, por lo que cuenta con todo nuestro apoyo y experiencia en esta materia”.

La aprobación de una normativa que regulara la cotitularidad de una explotación y el negocio que pudiera generar, supondría una serie de derechos y obligaciones. En concreto, y según Fademur, la titularidad compartida reconocería el trabajo invisible de las mujeres al permitir la gestión administrativa de las explotaciones que compartan con su marido o pareja de hecho. También permitiría repartir entre los/as cotitulares los pagos directos, las ayudas, subvenciones y/o cuotas y, por último, extender los beneficios en la cotización de la Seguridad Social a las féminas que aparezcan como cotitulares. “Siempre hemos defendido –apunta Teresa López, de Fademur– los mismos derechos por el mismo trabajo, y si las mujeres cogestionan la explotanció deben aparecer también como cotitulares de ese trabajo, con los mismos derechos y obligaciones”. Según el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias, las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que correspondan al titular se atribuirán, conjuntamente, a los cotitulares que hayan comunicado a la administración competente la existencia de dicha cotitularidad, a cuyo efecto será preciso señalar la cuenta conjunta en que se deban hacer efectivos los correspondientes ingresos. “En este sentido, las Administraciones Públicas podrán establecer ayudas públicas, subvenciones, preferencias en apoyos y otras medidas incentivadoras, para así promover el acceso y permanencia de las mujeres a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. En la concesión de las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes, las comunidades autónomas también podrán considerar a los cotitulares como socios de una entidad asociativa, a los efectos de otorgar las ayudas íntegras por joven incorporado, aun tratándose de la misma explotación, si al menos uno de ellos es mujer”, declara la portavoz de Fademur.

Concepció Anton, propietaria de una granja avícola.

Madre de dos hijas en edad escolar, Concepció Anton se dedica a la cría de 40.000 pollos de engorde, una actividad que conoce desde la infancia. “En casa ya teníamos una granja muy pequeña de pollos de engorde y, al seguir con la actividad, tuve que hacer una ampliación”. Desde entonces, el trabajo en la granja ha evolucionado y según Anton ya no requiere tanto esfuerzo físico. “Sí, es más cómodo, aunque el animal también ha cambiado y a hora necesitas sistemas que hagan las tareas que harías de forma manual, pero de manera más fiable. Básicamente, sistemas informáticos que controlen la temperatura, la humedad... el margen que tenemos es muy pequeño y el animal es cada vez más sensible a estos cambios”. Así, el uso de nuevas tecnologías precisa de unos costes pero también de un servicio de mantenimiento disponible las 24 horas, ante emergencias o imprevistos que puedan surgir. “Todo lo que sea tecnología requiere una inversión pero de no ser así, no puedes garantizar unos rendimientos”, reconoce.

En condiciones normales, Concepció Anton trabaja unas seis horas diarias en la explotación, tareas que comparte con su marido, quien la ayuda cuando no está en la fábrica, donde trabaja por turnos. Aun así, su jornada se puede alargar hasta las ocho o 12 horas diarias, en casos extremos. Por ejemplo, averías o imprevistos de algún tipo. “Cuando tienes una viña, la dejas un día o dos y no pasa nada, pero si crías animales los debes vigilar cada día. Si alguna de mis hijas se pone enferma, lo primero que debo hacer es buscar a alguien que me la pueda cuidar y desplazarme rápidamente hacia la granja. Yo no puedo dejar que se me mueran 40.000 animales”. En concreto, hace referencia a alguna ocasión en la que se ha tenido que quedar a dormir en la granja porque el ordenador no funcionaba un día de tormenta. “La profesión de payés es sacrificada y arriesgada, debes tener ganas de querer hacerla. A veces, este trabajo pasa por encima de la familia. A cambio, tengo unos horarios más flexibles, me lo puedo organizar todo mejor para estar con mi familia...”.

“El papel de la mujer en el campo no es nada visible. Hay un gran desconocimiento del sector agrario”

“Todo el mundo piensa: ‘¿Qué hace una mujer en una viña o en el campo?’ Sin embargo, con la mecanización que hay hoy en día, una mujer puede hacer las mismas tareas que un hombre. En general, se da un grado de desconocimiento hacia el sector agrario, y en el caso de la payesa, aún más. Siempre somos los que contaminamos, los que hacemos las cosas mal, además hay la creencia de que ocupamos mucho territorio y los que conservamos este paisaje somos nosotros, los payeses”. En su opinión, nadie se ha dedicado a defender el trabajo de los productores, masculinos y femeninos. Concepció aún recuerda cuando las mujeres se encargaban de limpiar la casa, dar de comer a “cuatro animales” que criaban y a llevar la comida a los hombres que estaban en la viña. “Todo eso ha cambiado –asegura–, ahora debes tener una explotación un poco grande y, claro, ocupas mucho territorio en comparación con otras actividades. Pero es que en el ramo agrario, el margen comercial es muy pequeño. Si no cuentas con un número determinado de hectáreas, la actividad no es rentable”.

Desde su posición como autónoma agraria, Concepció admite que nunca ha tenido ningún problema a la hora de realizar alguna gestión para la explotación y tampoco se siente discriminada al respecto. “No conozco ningún caso de alguna mujer que haya sid discriminada por no poder compartir la titularidad de la granja. Entiendo que si mi marido fuera el titular y yo no procediera del sector agrario, quizás me dejaría influir, no sé... pero en mi caso, soy yo quien lleva la voz cantante porque he crecido como payesa”.

Por su parte, desde el JARC también valoran el anuncio de la ministra Aguilar: “La ley de la cotitularidad es necesaria para reconocer el papel de la mujer en el campo, pero esta es una situación que afecta principalmente a personas de entre 45 y 65 años, al menos en Cataluña, donde quizás la mentalidad empresarial en el ámbito rural está mucho más arraigada. Creemos que el compromiso de la ministra es muy importante pero lo son más los hechos. Es decir, la aprobación de la ley que debería tener en cuenta a la mujer no solo a partir del momento en el que se apruebe dicha normativa, sino también cierto efecto retroactivo para que aquellas en una situación complicada puedan demostrar el trabajo realizado en el campo, con anterioridad a la ley”. Al respecto, Carme Rosell, portavoz del Jarc, califica esta ley de “gran salto” e insiste: “Favorecerá exponencialmente a todo el medio rural porque facilitará el asentamiento de la población y el desarrollo económico por esta actividad así como el nacimiento de otras actividades económicas derivadas o relacionadas”.

En un contexto de crisis como el actual, al que se le suma un sector maltrecho por los crecientes costes de producción y los bajos precios que se pagan a pie de campo, quizás no sería el mejor momento de ‘sacar a la luz’ el trabajo femenino en el entorno rural. “En situaciones de crisis las mujeres acaban siendo también las más perjudicadas –reconocen desde Fademur– si no se pueden pagar dos cotizaciones a la seguridad social en una misma explotación, son las mujeres las que se quedan sin protección social. En las peores situaciones económicas las mujeres se ven abocadas a trabajos mal remunerados y son las primeras que se quedan sin ellos cuando la crisis se agrava”. En este sentido, hacen referencia a un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con la pérdida de empleos y los recortes en infraestructuras y servicios sociales, se ha intensificado la carga de las mujeres para cuidar a otras personas y el trabajo no remunerado, con lo que su contribución financiera a la seguridad alimentaria familiar disminuirá, según dicho informe. Y es que poner en marcha una explotación agraria desde cero, conlleva un gran valor personal y alta inversión económica, ya que los precios a los que se pagan los productos del sector primario no garantizan la viabilidad del negocio. Basándose en el modelo agrícola catalán, en Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya creen que la crisis influye del mismo modo en los emprendedores agrarios masculinos o femeninos. “El sector agrario atraviesa serias dificultades, en gran medida derivadas del hecho de no reconocerle como sector estratégico. No podemos olvidar que todos comemos por suerte, tres veces cada día y el campo es nuestra despensa. Una despensa que nos garantiza que los productos que adquirimos se producen siguiendo las normativas de calidad y seguridad alimentaria que exigimos. Por lo tanto, debemos preservarlo y defenderlo”.

Dolors Puig-Alsina, ganadera en una sociedad cooperativa en Osona (Cataluña) y responsable del Grupo de Dones del JARC.

En opinión de Dolors Puig-Alsina, ganadera de una explotación registrada como sociedad cooperativa o SCP, existen mujeres invisibles, de 50 años y más, que no constan en ningún lugar. La inexistencia de un registro o listado de mujeres en el ámbito agrario contribuye a esta opacidad. “Son personas anónimas, que lo han dedicado todo a la explotación durante años y no han cotizado. Sin embargo, muchas de estas granjas o casas de payés se hundirían sin el trabajo de estas mujeres”. Una mentalidad que tiene mucho que ver con los costes económicos. “Hasta no hace muchos años, algunas de ellas iban al médico con la libreta de la Seguridad Social del marido. El mundo agrario siempre ha sido muy precario desde el punto de vista económico y dar de alta en la Seguridad Social a más de una persona suponía mucho dinero. Algunas de estas mujeres no reclamaban este derecho y lo dejaban pasar”, explica. Además, Dolors reconoce que el mundo rural en general es bastante machista: “Llevo más de 20 años y ya saben que me ocupo de algunas cosas, pero aún tiene vigencia aquella costumbre de hablar de hombre a hombre”. En su caso, tanto ella como su marido constituyen una sociedad cooperativa o SCP. Por lo tanto, los dos son titulares y socios al 50%.

“La cotitularidad implica separar lo tuyo de lo suyo, aunque es un modelo bastante desconocido aquí”

Madre de tres hijos de 14, 11 y 6 años, a Dolors la vocación por la ganadería también le viene de familia. En su explotación se ocupa, durante unas seis horas diarias, a la alimentación, limpieza y cuidado de conejos, un animal que le gusta mucho “aunque es muy nervioso y se asusta enseguida”. Un trabajo que no considera duro aunque lo lleve a cabo de forma manual. “En el caso de los cerdos, sí hemos instalado alimentación automática, pero con los conejos no nos ha sido posible. Necesitas hacer una gran inversión para tener una granja moderna”. Compagina sus tareas en la explotación con su labor como responsable del Grup de Dones del Jarc, organizando actividades cuya asistencia, en un 80% es masculina. Cuando se le pregunta cómo se podría hacer más visible el papel de la mujer rural, Dolors hace referencia a la propuesta de proyecto de ley del MARM. “La ministra insiste mucho con el tema de cotitularidad, pero esta última aquí aún no se entiende como modelo de sociedad. Si tu eres cotitular de una empresa, tú tienes tus ingresos y yo los míos. Y en caso de un divorcio o una separación, como soy cotitular sigo recibiendo esas subvenciones y mi expareja igual. Básicamente, consiste en separar lo tuyo de lo suyo”. Ello conllevaría un reordenamiento fiscal ya que deberían haber dos CIFS, el del hombre y el de la mujer, en un mismo negocio agrario y también se deberían dividir los ingresos en dos partes. Se muestra partidaria de la titularidad compartida siempre que se expliquen bien sus pautas, de forma que todo el colectivo femenino, tanto las que ya estén dadas de alta como las que no, sepan a qué atenerse. Según datos de Eurostat del año 2005, España se situaba, con un 19% de titulares de explotaciones agrarias femeninas, por debajo de la media comunitaria, un 25%. Catalunya, rozaba, en aquellos momentos el 20%. En este sentido, es la Comunidad Autónoma pionera a la hora de promover la igualdad en el medio rural: cuenta con un registro de cotitulares de explotaciones que promueve el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo en marzo del año 2009 y ayudas de 2.000 euros para las payesas mayores de 40 años que quieran hacer visible su trabajo en el campo. Hasta la fecha, 200 payesas se han acogido a este incentivo y ya aparecen en el registro de cotitulares del gobierno autonómico.