"No partimos de una buena posición en cuanto a la imagen que se está dando a la sociedad por parte de las instituciones"

El responsable técnico y de asuntos regulatorios de las cooperativas españolas reflexiona en esta entrevista sobre aspectos tan determinantes para la actividad agraria de nuestro país como la reforma de la PAC, la Ley de Cadena Alimentaria o los retos que debe afrontar el sector hortofrutícola.

Gabriel Trenzado en la sede de Cooperativas Agro-alimentarias en Madrid.

Para contextualizar, la situación económica y de los mercados en 2021 se puede dividir en dos partes claramente diferenciadas. Una primera de optimismo y salida de la crisis COVID, y una segunda marcada por el aumento histórico de los costes de producción, problemas logísticos y de falta de rentabilidad de muchos sectores productivos para poder trasladar el aumento de costes al consumidor final y, por tanto, pérdida de rentabilidad.

En este contexto, el cooperativismo sigue mostrándose como la fórmula empresarial más sólida para afrontar los retos de agricultores y ganaderos. En estos momentos de crisis el cooperativismo es el único movimiento que piensa no sólo en afrontar los problemas actuales, también en el futuro y en cómo construirlo. Por tanto, podemos decir que 2021 ha sido un año positivo para que el cooperativismo siga desarrollándose y evolucionando en un contexto complejo.

El cooperativismo se enfrenta a los mismos retos que el sector productor y agroalimentario en general, pero sabiendo que son empresas con una responsabilidad mayor que otro tipo de empresas por su compromiso ineludible con sus propietarios, agricultores y ganaderos, y con el entorno donde están emplazados. Para las cooperativas no todo vale.

Existen muchos retos, pero creo que el más importante, una vez cerrada la negociación de la PAC, será el debate en torno al cambio de modelo productivo de acuerdo con lo marcado por las estrategias de sostenibilidad del Pacto Verde de la UE, las estrategias de la Granja a la Mesa y para la Biodiversidad 2030. Hay unas expectativas medioambientales muy altas puestas en el sector y, por lo que vemos, en vez de contar con él parece que se le achacan todos los problemas. No partimos de una buena posición en cuanto a la imagen que se está dando a la sociedad por las instituciones.

Preocupa especialmente cómo invertir en mayores obligaciones medioambientales, siendo eficientes desde el punto de vista económico y en un entorno comercial abierto y competitivo. A ello se añade la mala situación del relevo generacional en el sector, que es muy grave, especialmente si estamos hablando de un cambio de modelo productivo que se dará como mínimo en 10 años, es decir, que una gran parte de los productores actuales ya no estarán. Por tanto, el relevo debe ser un reto que se trabaje intensamente todos los años y que el cooperativismo haga cantera, si queremos que el campo siga produciendo y contando con agricultores y ganaderos.

La PAC ha pasado en los últimos 40 años de ser una política económica que gestionaba los mercados agrarios, a otra claramente medioambiental en manos de los productores. De hecho, el 43% del presupuesto en la futura PAC se dedicará a medidas en favor del medioambiente y de acción por el clima. Por eso decimos que abre la puerta a un nuevo modelo productivo, porque habrá más condicionantes medioambientales que intentan seguir las estrategias de la sostenibilidad y, como dije anteriormente, las explotaciones siguen siendo empresas que viven de su rentabilidad, y ésta lleva siendo muy escasa o negativa en los últimos años.

Lo que nos preocupa de la nueva PAC es que se pretende afrontar un cambio de modelo productivo con medidas que no incentivan al cambio, más bien introducen más obligaciones y costes. El 75% del presupuesto se destina a las ayudas directas desacopladas, con el consecuente debate de cómo se reparte y cómo se aplica la convergencia, y no tanto en su funcionalidad, que se da por hecho. Por otro lado, existe poco presupuesto e intervenciones que persigan la estructuración del sector en el mercado para que mejore su débil posición en la cadena, su rentabilidad e inversión en innovación y en el asesoramiento necesario que le acompañen en los retos de futuro.

Para nosotros una medida ideal para los sectores que necesitan estructurarse son las intervenciones sectoriales. Es como aplicar el modelo de frutas y hortalizas basado en Organizaciones de Productores (OP), que en España sólo se ha previsto para el olivar tradicional y por un montante reducido de 30 millones de euros. Creo que esta medida tendrá su importancia en los próximos años y a medida que se vaya aplicando la nueva PAC.

Efectivamente, a nivel comunitario el nuevo modelo de gestión, que da mucho más poder a los Estados miembros en la aplicación de la PAC, puede llevar claramente a diversidad normativa y de incentivos que pueden generar competencia reglamentaria entre los Estados miembros. La Comisión tendrá que estar muy atenta para preservar la unidad de mercado de la UE al tiempo que aplica una mayor subsidiariedad. Pero esto lo iremos viendo cuando se aplique la nueva PAC. Romper el mercado de la UE lleva a distorsiones y a ralentizar los objetivos de cambio de modelo.

A nivel nacional era un peligro, pero solamente habrá un PEPAC (Plan Estratégico de la PAC), y tenemos la esperanza que al estar los Planes de Desarrollo Rural (PDR) de las comunidades autónomas dentro del PEPAC, en España se desarrolle con mayor coordinación y sinergias entre las regiones. Estaremos atentos.

"Es fundamental que las importaciones cumplan con el modelo comunitario, de lo contrario solamente estaremos reduciendo nuestro sector y exportando la contaminación de producción de alimentos".

Somos escépticos sobre la efectividad de la Ley de la Cadena Alimentaria. La obligación que establece de que los precios cubran los costes de producción es una aspiración que compartimos y por la que luchan todos los días las cooperativas, pero los mercados funcionan en base a otros factores y más en sectores muy internacionalizados.

En todo caso, el cumplimiento de ese propósito depende de los compradores y principalmente del último eslabón que es el que fija los precios de venta al público. Por aquí es por donde hay que empezar.

Creemos que uno de los puntos clave que plantea el nuevo texto es ver si verdaderamente se abre la puerta a acabar con la venta con destrucción de valor al consumidor, es decir, las ofertas que tiran del precio hacia abajo en toda la cadena. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que España tenga el precio de la leche más bajo de toda la UE, cuando en el resto de los países están a niveles históricamente altos y, además, España es muy deficitaria en cuanto a su abastecimiento. Hay cosas que están muy claras.

La efectividad de la nueva ley dependerá de la labor de control que realice la AICA y de cierto grado de ejemplaridad en las sanciones para que deje de haber destrucción de valor a lo largo de la cadena. Y a este respecto, la AICA debe actuar de oficio, porque nadie va a denunciar a su cliente.

El problema de la cadena y de los mercados se resuelve con medidas políticas que estructuren al sector productor y le permitan ganar poder de mercado; y recuperando medidas de gestión de mercados que hace tiempo que abandonó la UE. La Ley de la Cadena no sustituye a la PAC.

El sector hortofrutícola español ya es muy competitivo, pero está sometido a unas presiones y competencia creciente del exterior en productos que entran en la UE bajo condiciones productivas no permitidas aquí. El sector debe seguir estructurándose en España, porque su nivel de cooperativismo sigue siendo bajo, a pesar de ser uno de los más dinámicos económicamente. Por ello, el sistema de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), aunque mejorable, debe seguir siendo la piedra angular del sistema. Las OPFH, especialmente las cooperativas, siguen creciendo en cuota de mercado.

Por otro lado, es necesario que en la UE se trabaje en una estrategia de diplomacia comercial conjunta para ir unidos a países terceros, ya que se sufren multitud de protocolos de exportación que lastran continuamente la competitividad en el exterior. Por otro lado, el sector sufre la competencia desleal de las importaciones, que no juegan con las mismas reglas de juego que en la UE y que, además, pueden introducir plagas en nuestros cultivos que luego lastran la confianza de nuestros compradores.

Es necesario que se trabaje en las cláusulas espejo para las importaciones, es decir, que desde el campo hasta la mesa las importaciones cumplan con los mismos requisitos que la producción europea. Esto como principio, después hay que ser conscientes de los costes económicos y sociales que implican para las zonas rurales la pérdida del mercado europeo en favor de las importaciones. La UE no se puede permitir, teniendo en cuenta la experiencia, renunciar más a su tejido productivo e industrial, especialmente con el horizonte puesto en las estrategias sobre la sostenibilidad.

España tiene que seguir presionando a la UE y, en especial la acción de la Comisión, para que se apliquen los controles de entrada de manera efectiva, porque la realidad es que por intereses geopolíticos no se están cumpliendo con el celo debido. Sabemos que hay plagas que han sido introducidas por las importaciones, que nos prohíben las sustancias con las cuales podemos luchar contra ellas y que, para mayor frustración, sabemos que esos productos importados han sido tratados con productos prohibidos aquí. Es un sin sentido que hay que corregir.

Por otro lado, si el modelo de producción comunitario se endurece por la aplicación de las estrategias de la sostenibilidad, es fundamental que las importaciones cumplan con el modelo comunitario, de lo contrario solamente estaremos reduciendo nuestro sector y exportando la contaminación de producción de alimentos.

Todavía es pronto para hacer un balance claro de situación. Hay que tener en cuenta que el Reino Unido todavía no ha podido aplicar el control en frontera, que será con toda seguridad durante 2022, y será cuando verdaderamente se note el cambio. Sin embargo, sí se ha notado una reducción notable de las capacidades logísticas y encarecimiento del transporte, puesto que la UE sí ha puesto en marcha el acuerdo de libre comercio y los controles en frontera, por lo que los camiones no siempre pueden aprovechar el retorno y vienen vacíos. Además, la nueva frontera ha provocado que las pequeñas empresas de logística hayan tenido que renunciar por el momento a este mercado por la incapacidad de gestionar la burocracia fronteriza.

Las cooperativas hortofrutícolas españolas siguen estando presentes, no cabe duda que el mercado seguirá siendo importante, cambiará por la entrada de nuevos actores que hagan competencia, y las empresas se deberán adaptar a una nueva situación. La producción española es muy competitiva y está más cerca, pero no hay que desdeñar otros actores como Marruecos o Egipto, que seguramente ganarán cuota de mercado en algunos productos en el mercado británico.

Es una situación desesperante porque ha sido algo incontrolable e imposible de prever. Como canario que soy he estado muy sensibilizado. Tengo que decir que la respuesta solidaria de las cooperativas ha sido espectacular, y me consta que se ha ofrecido ayuda de todo tipo y desde toda España, tanto económica como técnica.

Ahora que el volcán acaba de apagarse y que parece que se termina esta pesadilla natural, es prioritario que lleguen los fondos necesarios desde el Gobierno de España como desde del Fondo de Emergencia de la UE para compensar las pérdidas directas de los productores, pero sobre todo, para restablecer los daños estructurales que ha sufrido La Palma y sus productores, que es lo que les va a permitir volver a la actividad lo antes posible. Todavía hay que evaluar los daños para saber exactamente cuánto se necesita y lo que se puede hacer.

"La efectividad de la nueva Ley de Cadena Alimentaria dependerá de la labor de control que realice la AICA y de cierto grado de ejemplaridad en las sanciones"