Las organizaciones agrarias solicitan la suspensión cautelar del nuevo estatus del lobo
El sector ganadero, representado por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que prohíbe cazar al lobo y pide su suspensión mientras se tramita este recurso. Con este recurso ante la Audiencia Nacional, las organizaciones agrarias tratan de evitar que se agrave “aún más” la situación de los ganaderos, según indicaron las propias organizaciones.
Los representantes de los ganaderos recuerdan lo que el propio Miteco reconoce en su última memoria: “Desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no sólo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas”. Con anterioridad a la inclusión del lobo en el listado Lespre, los ganaderos al norte del río Duero perdían una media de 9.812 animales al año, pero la incorporación del lobo en este régimen de protección especial supondrá, según los ganaderos, “un incremento exponencial” de estas pérdidas.
En el recurso presentado se detallan los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas, que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, “siempre parciales e insuficientes”, para resarcir las pérdidas reales, que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha.
Así, en Asturias, en el periodo 2017-2020, el número de animales dañados asciende a 12.966, con un importe de resarcimientos de 835.000 euros en 2019 y otro tanto en 2020. En Cantabria, la Consejería de Agricultura contabilizó una media de dos ataques diarios de lobo en 2020. En Galicia, las reses atacadas que fueron declaradas ascienden a unas 2.300 al año, aunque el número real de bajas “probablemente” se acerque a las 4.000, apuntaron. En Castilla y León, de enero a septiembre de 2020, se han declarado 1.835 ataques de lobo con un resultado de 2.660 reses muertas.
