El campo español ha perdido 67.000 empleos en 2020 y más del 50% de la producción agraria se concentra en un 7% de las empresas

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) subraya que durante el año de la pandemia se ha acelerado el proceso de “uberización” del campo español, concentrando el valor de la producción en menos manos. Un 7% de macro-empresas agrarias acapara ya la mitad del incremento del valor productivo. A pesar de la subida de un 3,6% de la Renta Agraria en términos reales por el aumento de la producción, (según la primera estimación del Ministerio de Agricultura), el sector ha perdido 67.000 activos en 2020, un descenso del 7,9% respecto a 2019. Desde 2003, el sector agrario acumula una pérdida de renta de un 12,2% y una reducción de 235.000 ocupados, muchos de ellos profesionales autónomos que han tenido que abandonar la actividad ante la quiebra técnica de su explotación. “La agricultura va bien, pero sólo para algunos. Las cifras “macro” enmascaran la delicada situación “micro”. La extrema volatilidad de los precios, la espiral alcista de los costes (+31,6% en última década) y las importaciones sin control de terceros países, hipotecan la rentabilidad y la capacidad de creación de empleo de las pequeñas y medianas explotaciones familiares. A pesar de ello, los hombres y mujeres del campo hemos demostrado una gran capacidad de resiliencia, manteniendo las producciones y aumentado incluso las exportaciones en un año muy complicado”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG, a lo que ha añadido; “si 2020 ha sido el año del reconocimiento social del carácter esencial de la actividad agraria, 2021 debe ser el de la rentabilidad para el modelo social y profesional de agricultura. Si una parte de las fondos de reconstrucción de la UE se utilizan de verdad para apoyar la sostenibilidad y la digitalización de las “pymes” del campo, estamos preparados para impulsar el desarrollo económico y social post-pandemia de nuestro país”.

El ascenso en la Renta Agraria en 2020 se debe principalmente al crecimiento del valor de la producción (que alcanza un nuevo récord hasta los 52.991,2 millones de euros). La producción vegetal aumentó un 3,2% en valor que se debe a la evolución al alza tanto del volumen producido (+1,2%) como de los precios (+2,0%). En la producción ganadera se produjo un incremento de valor de un 1,8%, hasta los 20.272 millones de euros, el máximo registrado en toda la serie histórica, por al aumento del volumen producido (3%), compensando la bajada del 1,1% de los precios. En lo que respecta a las producciones agrícolas se han producido ascensos en cereales, frutas, cultivos industriales y forrajeras, y caídas en patata o aceite de oliva. En producciones ganaderas destaca la carne de porcino, que es la producción ganadera más importante de España, con un incremento de su valor del 3,2 %, fundamentado en las cantidades, que crecen un 6,7 %, que compensa los descensos en el valor de las producciones de bovino (-5,2 %) y ovino y caprino (-1,8 %).

La mayor parte de los inputs crecieron respecto a 2019, excepto energía y lubricantes (que bajaron un 17,5% por el impacto de la pandemia), los fertilizantes (-5,1%) y el mantenimiento de edificios y servicios agrícolas. Los piensos ascendieron un 3%, y continúan siendo el capítulo más importante del total de costes de producción con un 52,8%, debido a la subida de cantidad (3,1%) y el mantenimiento del precio (-0,1%). También tuvieron incrementos notables o siguieron la tendencia ascendente de los últimos años los productos fitosanitarios (2,5%), los gastos veterinarios (3,6%), mantenimiento de material (3,4%) y semillas y plantones (0,7%). También crecieron respecto a 2019, otros bienes y servicios (3,25%) o los servicios de intermediación financiera (3,8%).

Asimismo, los costes laborales se han disparado por encima del 30% ante la asignación de recursos necesarios para afrontar los retos en materia de movilidad, llegada de temporeros que asegurasen la recogida de las cosechas, el cumplimiento de estrictas exigencias sanitarias en las explotaciones por el COVID y los efectos de la subida del SMI. “Este aspecto ha impulsado las inversiones en mecanización de las tareas de recolección en sectores que demandan más mano de obra, caso de olivar y viñedo”, ha remarcado Blanco.

Las razones y reivindicaciones del sector agrario, que se echó a la calle de forma masiva durante siete semanas de enero y febrero, siguen igual de vigentes. Como respuesta, el Gobierno ha adoptado algunas medidas relativas a la fiscalidad, financiación, seguros agrarios, y fundamentalmente reforma de la Ley de Cadena Alimentaria mediante Real decreto 5/2020. Pero éstas son medidas claramente insuficientes para dar respuesta a la principal reivindicación del sector: “precios justos y rentas dignas”. Los problemas del campo tienen solución pero esa solución depende de la orientación que se le quiera dar a las políticas económicas y agrarias. Políticas que en 2021 deben ir orientadas a fomentar y desarrollar un modelo de economía social agraria. “Futuro para el campo sí, pero para una agricultura con agricultores y agricultoras. Tenemos que hacer frente al proceso de “uberización del campo español”; implantación de macro-explotaciones en manos de fondos de inversión multinacionales que representan un modelo ajeno al social y profesional, lo que amenaza la continuidad de la explotación agraria independiente”, ha apostillado Miguel Blanco.

Respecto al inicio de 2021, Blanco ha señalado que los grandes temas del campo pasan por la necesidad de garantizar precios justos, la adaptación al “Brexit” o el diseño del Plan estratégico nacional de la nueva PAC. Además, habrá que estar muy atentos a la culminación de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria en el Congreso de los Diputados. “La reciente reforma de la Ley de Cadena ha prohibido la destrucción de valor y obliga a que el precio pactado entre las partes en contratos de compra-venta esté por encima del coste de producción del vendedor. “Lo consideramos un importante paso adelante. Es una herramienta que tenemos que trabajar para la negociación y la denuncia. Pero la letra de la ley por sí sola no es suficiente para alcanzar precios justos. Es preciso que el MAPA desarrolle un amplio estudio de costes, que sirvan de referencia para las distintas producciones y junto con las CC.AA haga cumplir la ley con el máximo rigor. Asimismo, se debe avanzar en las estrategias de regulación pública y autorregulación de los mercados, con estricto control de las importaciones. De lo contrario los avances pueden quedar en papel mojado”, ha concluido.