"En el año 2019, el incremento de la superficie de cereal bajo siembra directa en España fue de casi un 8%"

La evolución de la siembra directa en España, el encaje de la Agricultura de Conservación en la nueva PAC y el posible impacto de una eventual prohibición del glifosato en Europa a partir del año 2023, son los temas que analizamos en esta entrevista con el máximo responsable de la Asociación Española de Agricultura de Conservación-Suelos Vivos.

Jesús Gil Ribes: "Desde la AEAC-SV se echa en falta una apuesta más decidida por parte de la CE para atajar el problema de la erosión".

Respecto a si la siembra directa sigue ganando terreno en España, he de decir que la tendencia a lo largo de los años, y según los datos oficiales, es positiva. Por ejemplo, en el año 2018, la siembra directa representaba el 9,9% de la superficie total de cultivos herbáceos mientras que, en 2019, dicho porcentaje subió al 10,6%.

En esta tendencia positiva, son tres las comunidades autónomas que destacan por su incremento en el número de hectáreas (ha) bajo siembra directa en los dos últimos años. Estamos hablando de Castilla y León, Aragón y Extremadura, con un aumento de casi 32.000 ha, 14.400 ha y 12.200 ha, respectivamente.

En este punto es necesario llamar la atención que, por ejemplo, en Castilla y León la superficie en siembra directa representa algo menos del 11% de la superficie de cultivos herbáceos, lo que da una idea del enorme potencial que estas técnicas tienen todavía en esta región.

Centrándonos en la siembra directa, el cereal sigue siendo el cultivo donde más predicamento tiene este tipo de técnica en España, ya que el 89% de la superficie en siembra directa está implantada en este tipo de cultivo.

En el año 2019, el incremento de superficie de cereal bajo siembra directa fue de casi un 8%. Llama también la atención el aumento que experimentó el maíz forrajero en el último año, con un crecimiento de casi el 15% en siembra directa.

El informe pone de relieve el importante papel que juega la Agricultura de Conservación no sólo para mitigar el cambio climático, sino también para favorecer la adaptación de los cultivos a sus efectos. Lo realmente interesante de todo ello, es que estas dos afirmaciones se realizan en base a la evidencia científica existente en la actualidad, reportando casos y cifras de cómo con Agricultura de Conservación se incrementa la fijación de carbono en el suelo, se reducen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera, y se incrementa la resiliencia del ecosistema agrario, al mejorarse la calidad del suelo, los balances de agua y la biodiversidad edáfica.

Sería lo deseable, el problema es que de la manera que estos objetivos parecen estar articulados en dichas estrategias, en base a restricciones en el uso de insumos con porcentajes de reducción en ningún caso argumentados de manera técnica, no ayudan.

Desde la AEAC-SV, apoyamos cualquier iniciativa a favor de un sector agrario sostenible, pero a todos los niveles, no sólo en el ámbito medioambiental sino también en los ámbitos económico y social. Es por ello por lo que pensamos que los objetivos han de tener un enfoque basado en la consecución de resultados a nivel medioambiental, económico y social y no tanto en la manera de conseguir dichos objetivos, dejando a los Estados Miembro decidir las herramientas para alcanzar las metas fijadas, ya que existen alternativas, como la Agricultura de Conservación, que ayudan a optimizar el uso de insumos y reducir su dependencia respecto a los sistemas basados en el laboreo.

Además, echamos mucho en falta una apuesta más decidida por uno de los problemas medioambientales más graves que venimos sufriendo durante bastantes décadas, como es el tema de la erosión del suelo en Andalucía y en todo el Mediterráneo, aunque afecta a casi toda España.

Es cierto que hay voluntad por parte del Ministerio de Agricultura de incentivar la adopción de las prácticas de Agricultura de Conservación en la nueva PAC, como hemos podido comprobar en un borrador preliminar de los Eco-esquemas. Una cuestión que celebramos, aunque pensamos que muchas de las afirmaciones que en dicho borrador se realizan carecen de fundamento técnico, condicionando su apoyo a determinadas circunstancias que se puedan dar en el futuro, como la renovación del glifosato.

Bajo nuestro punto de vista, en el caso de que el uso del glifosato no fuera renovado, sería todavía más necesario si cabe un apoyo decidido por este sistema de manejo, para no poner en riesgo las más de 2 millones de hectáreas existentes en Agricultura de Conservación en España según los datos de la ESYRCE, y que están prestando ya numerosos servicios ecosistémicos al agro español tales como mitigación del cambio climático, freno a la erosión y escorrentía, mejora de la calidad del suelo y fomento de la biodiversidad, entre otros.

El objetivo del estudio es comprender de una manera más fiable el uso de los herbicidas en la agricultura europea, y más específicamente el uso del glifosato. Un total de 1.677 agricultores de 21 países respondieron a las cuestiones planteadas en la encuesta y, aunque en breve se publicarán y presentarán sus resultados, de los cuales nos haremos eco en la AEAC-SV, sí que podemos avanzar alguna conclusión preliminar al respecto.

Una de las conclusiones que se pueden extraer del estudio es que con la Agricultura de Conservación no se hace un mayor uso de glifosato que en las prácticas basadas en el laboreo, al contrario de lo que mucha gente podría pensar. Además, y gracias a la aplicación de los tres principios de la Agricultura de Conservación (supresión del laboreo, cobertura vegetal y rotación de cultivos), es posible optimizar y reducir el uso de productos fitosanitarios.

Es aventurado hablar ahora mismo de porcentajes de posibilidad de renovación de este producto, sobre todo en una situación en donde las decisiones que se tomen pueden ser más de tipo ideológico y dependerán más de las alianzas políticas que se puedan dar llegado el momento de la votación, que de los criterios científicos y técnicos.

Sin lugar a duda, si la decisión dependiese de los informes elaborados por la EFSA, organismo europeo independiente encargado de velar por la seguridad alimentaria a nivel comunitario, y cuyas conclusiones se basan en la revisión de multitud de estudios técnicos y científicos a nivel mundial sobre el tema, apostaría a que se renovaría el uso del glifosato, pero tristemente esa no es la realidad.

Las alternativas al glifosato que no pasen por una vuelta al laboreo irán encaminadas a la utilización de varios productos autorizados como alternativa, no necesariamente más eficientes y eficaces, con perfiles eco-toxicológicos peores.

Esto, unido a las restricciones en el uso de determinadas mezclas, llevará al agricultor a la necesidad de realizar un mayor número de tratamientos sobre el cultivo, incrementando el número de productos fitosanitarios aplicados sobre el cultivo y el número de aplicaciones, aumentando con ello el coste y poniendo de esa manera en riesgo la viabilidad económica de la siembra directa y la rentabilidad de los cultivos.

En el caso de que la alternativa al glifosato fuese la vuelta la laboreo, estaríamos hablando de enormes riesgos medioambientales sobre todo en nuestras condiciones agroclimáticas, en donde el ya de por sí bajo contenido de carbono de nuestros suelos y la alta erodibilidad y su potencial de desertificación, se vería acentuada de manera considerable.

Es de esperar que la prohibición del glifosato supondría un freno a la continuidad y desarrollo de la siembra directa en Europa. En muchos casos, los agricultores, ante la falta de alternativas rentables volverían a la práctica del laboreo, poniendo en riesgo la calidad de los suelos agrícolas.

Aquellos que decidieran seguir adelante con el sistema, lo harían a sabiendas de que estarían poniendo en compromiso la rentabilidad de sus cultivos, y no entenderían de esa manera que, un sistema de manejo de suelo con multitud de beneficios medioambientales, avalados por la ciencia y que contribuye a alcanzar los objetivos de muchas de las estrategias lanzadas a nivel europeo en materia de protección de suelos o cambio climático, entre otras, no contasen con un sistema de incentivos por parte de las administraciones competentes.