La nueva normativa de aplicación de purines siembra temores y provoca reclamaciones
Desde el 1 de enero está prohibida la aplicación de purines mediante sistemas de plato, abanico o cañones y es obligatorio enterrar los estiércoles sólidos en un plazo máximo de cinco días desde que se suministra al terreno a través de técnicas de inyección o bandas.
Así lo recoge el Real Decreto 980/2017, que añade dos nuevos requisitos de condicionalidad sobre buenas prácticas agrarias y medioambientales relativas al mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo, lo que obliga a los beneficiarios que reciban pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC), determinadas primas anuales de desarrollo rural o pagos en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión o de apoyo a la cosecha en verde del viñedo a adaptar la maquinaria de aplicación de purines.
El año pasado, varias comunidades optaron por acogerse a la posibilidad de establecer un periodo transitorio para que el sector pudiera adaptar la maquinaria a la normativa estatal. Expirado este plazo, el temor surge entre agricultores y ganaderos que a día de hoy no han podido adaptar sus equipos o sustituirlos por otros que permitan la aplicación del purín mediante sistemas esparcidos por bandas, o mediante la inyección en el suelo.
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) alegan que en 2018, el primer año de la implantación de esta normativa, las casas comerciales agotaron sus aprovisionamientos, y la ayuda del Plan Renove en el 2019 cubrió sus fondos apenas a los 15 días de la publicación de la convocatoria.
