Unión de Uniones denuncia que Agricultura ha dejado sin ejecutar 8.719 millones en 4 años
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncia que, entre 2015 y 2018, se ha dejado de ejecutar un total de 8.719 millones de euros, que supone más del 20% de los recursos que se asignaron definitivamente al Ministerio de Agricultura.
Tras analizar los datos de ejecución presupuestarias, la organización reclama mayor rigor en la confección y en su cumplimiento. Según su análisis, 2015 habría sido el año de peor ejecución (solo el 70,3%); mientras que el de ejecución más alta habría sido en 2016 (un 87,6%). El pasado año la realización presupuestaria se habría quedado en el 78,2%.
Las obras de regadío o las infraestructuras que no se finalizan o se llevan a cabo, el agricultor que no recibe su ayuda a los frutos de cáscara o que ve retrasado el pago de las líneas agroambientales o de desarrollo rural, el que los profesionales del campo no puedan acceder las líneas de renovación de la maquinaria agrícola, son los "síntomas" recogidos por Unión de Uniones para explicar esta situación. Además, llama la atención sobre el hecho de que la media de ejecución del Ministerio de Agricultura en los 4 años considerados, del 79,9%, queda muy por debajo de la media de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, que es del 92,4%.
La organización considera estos datos especialmente llamativos ya que la mayor parte de los fondos de los que se nutre el Ministerio proceden del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) por aplicación de la PAC. Unión de Uniones arremete contra la "lamentable" ejecución del capítulo de inversiones reales que, de media, solo se ha llegado a un 48,6% entre 2015 y 2018 y sólo un 55,5% el año pasado. Así, por ejemplo, las inversiones para gestión de recursos hídricos para regadío, dotadas en 2018 con 40,1 M€, solo se concretaron en un gasto de 26 millones.
Algo mejor es el capítulo de transferencias de capital, que en buena parte va a nutrir las políticas de desarrollo rural y que se ha materializado en un 84,6%; y, sobre todo, para el de transferencias corrientes, cuya proporción más importante la constituyen los pagos directos de la PAC y que se ha consumido en un 98,8% en la media del período.
Respecto a la sanidad vegetal, ha tenido que aumentarse el crédito de 6 millones para un gasto de 10,3 millones, mientras que la dotación de sanidad animal para erradicación de enfermedades se ha consumido en su práctica totalidad (7,2 millones de los 8 millones disponibles), como habría advertido Unión de Uniones en su día, quien afirmaba que era un presupuesto muy ajustado para los controles sanitarios de la fauna silvestre y la necesidad de subir las indemnizaciones.
