La nueva legislación incluye una lista de actuaciones prohibidas
Europa vota a favor de proteger a los pequeños productores de las prácticas comerciales desleales
La Comisión presentó la propuesta en abril de 2018 para garantizar que los agricultores reciban un trato justo a lo largo de la cadena de suministro de alimentos y para proporcionar esta protección mínima en toda la Unión Europea (UE). La directiva aprobada es una de las propuestas clave del Grupo de trabajo sobre mercados agrícolas y prohíbe por primera vez hasta 16 prácticas comerciales desleales impuestas unilateralmente.
Afectará a cualquier persona involucrada en la cadena de suministro de alimentos con una facturación de hasta 350 millones de euros, con cinco sub-categorías en función de sus ingresos. Las nuevas reglas abarcarán a los minoristas, procesadores de alimentos, mayoristas, cooperativas u organizaciones de productores, o un solo productor que participe en cualquiera de las prácticas comerciales desleales identificadas.
Entre las prácticas comerciales desleales prohibidas se encuentran: pagos atrasados de productos alimenticios perecederos, cancelaciones de pedidos de última hora, cambios unilaterales o retroactivos en los contratos, obligar al proveedor a pagar por productos desperdiciados y rechazo de los contratos escritos. El texto también prohíbe amenazar a los productores con dejar de consumir sus productos o retrasar los pagos si estos presentan alguna reclamación.
Solo se permitirán otras prácticas si están sujetas a un acuerdo inicial claro e inequívoco entre las partes, como pueden ser las devoluciones de productos no vendidos o los pagos por campañas promocionales, entre otras.
Los productores podrán presentar reclamaciones en el país donde operan, incluso cuando las prácticas desleales se produzcan en otro Estado miembro de la UE. Las autoridades nacionales se encargarán de gestionar las quejas, llevar a cabo las investigaciones necesarias y garantizar soluciones.
Fuertes pérdidas
Según cálculos de la Comisión Europea, las pymes agrícolas y dedicadas al procesado de alimentos pierden en torno a 2.500 y 8.000 millones de euros al año (lo que equivale a entre el 1% y 2% de su facturación) como consecuencia de prácticas comerciales desleales.
