La entrada en vigor del nuevo periodo se retrasa hasta 2022 o incluso 2023

En el marco de las negociaciones del presupuesto de la Unión Europea post 2020, España defiende que la PAC conserve su presupuesto actual a UE-27, de manera que agricultores, ganaderos y silvicultores puedan afrontar los nuevos retos sin menoscabo de la rentabilidad de sus explotaciones.

Comparte los objetivos generales recogidos en la propuesta de la Comisión Europea (CE), que comprenden los tres pilares de la sostenibilidad, con los que se persigue fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medioambiente y la acción por el clima; contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Es el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para aplicar la PAC en cada país. España apuesta por un plan en el que jueguen un papel clave las comunidades autónomas, tanto en las medidas del primer pilar (ayudas directas) como en las del segundo pilar (desarrollo rural). De esta forma, se apuesta por que el modelo de gobernanza incorpore a las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión, al tiempo que asegure la necesaria coordinación a nivel nacional.

Desde el Ministerio de Agricultura (MAPA) se indica que la elaboración del Plan Estratégico Nacional debe suponer una oportunidad para que todos los agentes implicados colaboren activamente para lograr la consecución de los objetivos comunes de la PAC de una forma más sinérgica, eficaz y eficiente que en el pasado, en beneficio de los agricultores, ganaderos, silvicultores y también de todos los ciudadanos, que se podrán beneficiar de una alimentación de mayor calidad, más sana y sostenible.

En cuanto a la definición de la figura del agricultor genuino, España considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia aquéllos que realizan una actividad agraria real. Para ello, se defiende la posibilidad de definirlo en base a criterios que tengan en cuenta la renta agraria, en base a parámetros que permitan reflejar la actividad agraria del agricultor, teniendo en cuenta además la situación particular de los agricultores pluriactivos.

También se apoya el mantenimiento de los avances conseguidos en el 'Reglamento Omnibus', una 'mini-reforma' de la PAC de 2017, con la que se introdujeron modificaciones como la definición de pastos permanentes, en la que por primera vez se contemplaban los pastos arbolados y arbustivos propios de climas mediterráneos y de agrosistemas como la dehesa. Entonces también se aclaraban aspectos relacionados con la capacidad de las organizaciones de productores, para poder adoptar decisiones exceptuándolas de la aplicación de las normas de competencia.

España es uno de los Estados miembros que apuestan firmemente por los pagos directos, ya que considera que continúan teniendo un papel decisivo para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y como herramienta universal de estabilización de los ingresos de los agricultores.

Además, para impulsar el relevo generacional en la agricultura y luchar contra el despoblamiento del medio rural, apoya el mantenimiento del pago complementario a los jóvenes en el primer pilar (pagos directos), y que se pueda dedicar al menos el 2% del presupuesto de los pagos directos a intervenciones que tengan como finalidad atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial.

En relación con las explotaciones medianas y pequeñas, las más expuestas a la volatilidad de los mercados y la falta de rentabilidad, la posición española se decanta por la aplicación del pago redistributivo, en forma de un porcentaje adicional de la ayuda básica a la renta, de manera que se dé un apoyo adicional.

España es partidaria de un incremento de la ambición medioambiental en consonancia con los compromisos adquiridos como europeos en el Acuerdo de París por el Clima y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Para ello, considera necesario preservar el presupuesto de la PAC con el mismo nivel de apoyo que en el actual periodo 2014-2020, para que los agricultores puedan responder a este desafío sin que la rentabilidad de las explotaciones se vea en riesgo, lo que se podría traducir en pérdida de tejido productivo y abandono del medio rural.

España defiende la integración de los elementos del actual pago para la realización de prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente ('greening') dentro de la línea de base de la 'Condicionalidad' actual. Una integración que deberá realizarse sin añadir elementos de complejidad a los agricultores y ganaderos y teniendo en cuenta las singularidad de determinados tipos de producción. También apoya la obligatoriedad para los Estados Miembros de disponer de pagos en forma de 'Eco Esquemas', de manera que se pueda incentivar a aquellos agricultores y ganaderos que deseen de manera voluntaria adoptar prácticas agrícolas en beneficio del clima y del medio ambiente.

España es favorable al mantenimiento de las ayudas asociadas a la producción, que se conceden para sectores con dificultades. Ha solicitado que se amplíe la lista de sectores que pueden solicitar tales ayudas vinculadas, de manera que se pueda considerar no solo al sector productor de aceite de oliva, sino también al de aceituna de mesa que, hasta ahora, estaba fuera de la lista.

A su juicio, es necesario mantener los programas de apoyo sectoriales al vino, las frutas y hortalizas, el sector apícola así como los programas escolares. Asimismo, España apoya la ampliación del ámbito de aplicación de los programas de intervención sectoriales a otros sectores más allá de los que hasta hoy tienen prevista esta posibilidad.

Además, para facilitar la participación de los agricultores y ganaderos en este tipo de medidas, las intervenciones sectoriales deben poder aplicarse tanto a través de organizaciones de productores, como es el caso de las frutas y hortalizas, como a través de programas específicos de apoyo plurianuales, como es el caso de los sectores vitivinícola o apícola.

La posición española aboga por el incremento del apoyo destinado a los jóvenes agricultores; la armonización y flexibilización de requisitos y que sean los Estados miembros los que puedan definir la edad y el periodo durante el cual los jóvenes agricultores puedan percibir los apoyos.

En relación con las intervenciones en el desarrollo rural, España pide aumentar la tasa de financiación para la instalación de jóvenes agricultores, para las inversiones con objetivos medioambientales y climáticos, para la innovación, para la iniciativa Leader y para la formación e intercambio de conocimiento.

En cuanto a la igualdad de género, considera esencial que se visibilice en los objetivos específicos de la PAC y de los planes estratégicos. También prioriza la programación de intervenciones específicas a favor de las mujeres en zonas rurales.

Es un aspecto clave, sobre todo para los agricultores, y para que los ciudadanos en general perciban con claridad su valor añadido, según subrayan desde el MAPA.

España ha propuesto elementos concretos de simplificación y de mejora de la transparencia, destacando la necesidad de contar con planes estratégicos sencillos, de fácil lectura y comprensión, tanto para el beneficiario, como para el ciudadano de a pie, y que los procedimientos de aprobación y modificación sean flexibles y transparentes.

Además, defiende la introducción de un sistema simplificado de gestión, control y abono de los pagos directos, basado en el empleo de las nuevas tecnologías, en el que no sea necesario la presentación formal de una solicitud de ayuda.

La nueva PAC no llegará hasta 2022 ó 2023

La CE prevé inicialmente que la nueva PAC se comience a aplicar a partir de las solicitudes de pagos directos de 2021. Sin embargo, como consecuencia de las elecciones al Parlamento Europeo, el calendario se dilatará, de manera que probablemente la nueva PAC no se pueda aplicar hasta 2022 o incluso 2023. Para que los pagos directos y el resto de medidas de la PAC actual no se retrasen ni se interrumpan, España, junto con otros Estados miembros, ha solicitado a la Comisión que adopte las medidas transitorias necesarias para que la PAC actual opere con normalidad hasta que entre en vigor plenamente la nueva.