Los regantes reclaman un nuevo Plan Hidrológico Nacional

En un contexto de cambio climático, donde la disponibilidad de agua cada vez será menor, los más de un millar de agricultores que se dieron cita en el XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes concluyeron que este recurso es un asunto de Estado y, por tanto, reclaman una acción política integradora y largoplacista, que tenga como pilar un nuevo Plan Hidrológico Nacional capaz de garantizar la demandas de los distintos usuarios.

De esta forma, teniendo como norte el Objetivo de Desarrollo Sostenible de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión eficiente, los regantes piden apoyarse en un Pacto Nacional del Agua que haga posible lleva adelante sin trabas todas las actuaciones que ya están contempladas en los diferentes planes de cuenca vigentes y en los que se incluyen las obras de regulación correspondientes, siempre que sean lógicamente sostenibles en términos medioambientales, económicos y sociales.

En este sentido, consideran que, dado el papel social que cumplen los embalses a la hora no sólo de garantizar agua en época de sequía sino de evitar los daños producidos por las inundaciones, se deben invertir los recursos personales y económicos necesarios para su seguridad y óptimo funcionamiento.

Además, en un mundo hiperconectado como el que vivimos, consideran imprescindible avanzar hacia un Sistema Integrado del Agua donde todos los recursos —tanto superficiales (embalses, desaladoras, agua reutilizada…) como subterráneos (acuíferos)— estén alineados con las diferentes demandas.

Precisamente, para poder gestionar adecuadamente este sistema integrado del agua, reclaman una reordenación del sector público para potenciar el funcionamiento de las confederaciones hidrográficas y su dependencia de la Administración Central.

Además del papel de las obras de regulación en un entorno de cambio climático, la necesidad de aumentar la financiación pública de la modernización fue otro de los grandes temas de debate de esta cita celebrada en Alicante. En este sentido, los regantes concluyeron que 2018 es un buen momento para elevar los fondos europeos (FEADER) programados para modernización de regadíos en todos los Planes de Desarrollo Rural incluido el nacional.

Sostienen que estos fondos deben distribuirse de forma más equitativa para compensar las inversiones acometidas por los regantes, con independencia de la comunidad autónoma en la que se ejecute el proyecto de modernización.

En este sentido, tras analizar la fórmula puesta en marcha en Castilla y León, donde el esfuerzo financiero del Ministerio de Agricultura —gestionado a través de Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)— se ve apoyado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta, los regantes consideran que se está a tiempo de seguir este ejemplo y aplicar los mismos criterios de financiación en todo el territorio nacional para tender hacia fórmulas más favorables para los usuarios.

Otro tema abordado en el Congreso fue la gobernanza de agua. Al igual que modernizan sus sistemas de riego, los regantes son conscientes de que deben hacer frente también a una transformación de sus sistemas de gestión administrativa para adaptarse al nuevo entorno digital de acuerdo a las particularidades de cada comunidad de regantes para minimizar las obligaciones de las de menor tamaño y por tanto, menos recursos.

Por otro lado, las comunidades de regantes impulsarán las iniciativas necesarias para el cumplimiento de las novedades legislativas relacionadas con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Transparencia y el nuevo Reglamento europeo de Protección de Datos.