¿Qué esperamos de nuestros partidos a nivel de política agrícola?

Las cifras del sector agrario español han variado a lo largo de los años. A principios de la década de 1970, el sector primario representaba el 11% del PIB español y, en cambio, actualmente no llega al 2,5%. En cuanto al porcentaje de empleo, en aquella década representaba un 30% y en el año 2015 no superaba el 4,5%. Para saber cómo nuestros representantes pretenden mantener la importancia de un sector básico en nuestro país, desde Interempresas recopilamos las propuestas en relación al sector agroalimentario que plantean los principales partidos políticos de cara a las próximas elecciones del 26 de junio, además de acercar la opinión de tres organizaciones agrarias.

Desde el Partido Popular apuestan por continuar impulsando la firma de Acuerdos Comerciales de la Unión Europea con terceros países, posicionando la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) con EE UU como la negociación prioritaria del país. Apuestan por este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ya que “permite crear riqueza y nuevas oportunidades a las Pymes, estableciendo un mercado libre de barreras arancelarias, generando un área de intercambio de libre conocimiento con gran impacto en el comercio, la energía, la seguridad y el transporte”. En cuanto a Europa, el partido apoyará que la UE “lidere la creación de grandes acuerdos comerciales que están teniendo lugar y apueste por ellos”.

Respecto a la situación de la agricultura española a nivel mundial, el PP tiene presentes las fuertes consecuencias que sufrió este sector con la crisis y considera que “desde el ámbito político no se le prestó la atención necesaria”. Ante esta situación, el sector agrario entró en una fase de estancamiento y sufrió “una grave pérdida de empleos, pues la ocupación caía al 6% al finalizar el año 2011”. De cara a próximos años, el PP “seguirá trabajando por un sector agroalimentario innovador y dinámico, que sea capaz de generar más valor añadido y empleo”, además de “promover una agricultura sostenible como base de un modelo agroalimentario europeo que garantice la diversidad de productos que la sociedad demanda, cumpliendo con las exigencias en seguridad alimentaria, medioambientales y de bienestar animal”.

En relación al presupuesto destinado a la Política Agraria Común (PAC), desde el Partido Popular comentan que “mantendrán la dotación de ayudas directas en la PAC en unos 35.000 millones de euros” para que atienda los intereses y necesidades del sector agrícola y ganadero. A su vez, defenderán la introducción de aquellos avances en biotecnología que “permitan mejoras de productividad y de rendimiento económico de las explotaciones y de las industrias, en beneficio, también, de los consumidores y protección del medio ambiente”.

En materia fiscal, el PP creará una Comisión de Expertos que estudie y analice la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias e incrementarán el porcentaje de bonificación hasta el 60% en la cuota de la Seguridad Social para las mujeres que se conviertan en cotitulares a través de esta ley.

Sobre el relevo generacional, el Partido Popular propone una Ley Marco de Desarrollo Rural, “con especial atención a los jóvenes”, que establezca mecanismos que faciliten el acceso a la tierra. Además, apuestan por poner en marcha Programas de Desarrollo Rural para dar prioridad a las medidas para incorporar 15.000 jóvenes al campo español en los próximos 7 años y, a la diversificación económica del medio rural. Estas medidas irían acompañadas de la elaboración de un Estatuto del joven emprendedor agroalimentario, en apoyo del rejuvenecimiento del sector y de la puesta en marcha de iniciativas de jóvenes empresarios. Desde el PP consideran “imprescindible defender los intereses de los agricultores y ganaderos españoles en el ámbito europeo e internacional, y respaldar la internacionalización del sector, apoyando la diversificación de los países de destino”.

Finalmente, una de las principales apuestas del Partido Popular con el sector agrícola y ganadero es la elaboración de una Estrategia de Desarrollo del Sector Agroalimentario, acompasada con la futura PAC 2021-2027, que “prepare al sector y que abarque las acciones a implementar en relación a los medios de producción, los diversos sectores productivos, la industria agroalimentaria y la distribución”. Todo esto contando con la colaboración de las Comunidades Autónomas y representantes del sector.

Para el PSOE, “España tiene un sector agroalimentario muy potente, generador de riqueza y empleo y referente social y cultural en todos los territorios, por lo que es considerado como un Sector Estratégico de la Economía Española y merecedor de una política agraria y de desarrollo rural que complemente la desarrollada por la Unión Europea, potenciando sus fortalezas y atacando sus debilidades”.

El partido se muestra firme: “Necesitamos una política rural que implique a todos y todas. Integradora, moderna, eficiente, transparente y generadora de riqueza y futuro. La realidad y la experiencia de décadas de políticas rurales con gobiernos socialistas demuestran que la articulación de una política de base territorial y perspectiva global, apoyada en modelos con alta participación social, es el camino seguro para la utilización racional de los recursos naturales, la integración de todas las políticas sectoriales en un marco común estable y viable, y la creación de actividad económica estable y sostenible”.

De este modo, el PSOE se compromete a desarrollar “una política agraria y de desarrollo rural comprometida, con financiación y que consiga atacar las debilidades de nuestro sistema productivo, corrija sus déficit estructurales actuales y apoye decididamente todos nuestros factores de crecimiento, y eso empieza por insertar a la juventud mediante un Plan Estatal de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura”.

Para empezar, los socialistas proponen la creación de una Ley de Modernización Agraria y el desarrollo de un Estatuto de la Agricultura Profesional que establezca beneficios fiscales en relación a la transmisión de explotaciones, que facilite la transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, el relevo generacional en el sector agrario, el arrendamiento de tierras y las inversiones en innovación. Seguidamente, pretende elaborar un nuevo Programa Nacional de Regadíos que “asegure su sostenibilidad económica y medioambiental, financiando actuaciones de mejora y consolidación de las zonas regables actuales, que propicie la transferencia de tecnología al sector y que contribuya al fomento del empleo en el medio rural".

En referencia a la UE, el PSOE se muestra a favor de elaborar una estrategia de defensa del Sector Agroalimentario que asegure su carácter estratégico para el conjunto de la Unión: “Exigiremos la defensa del modelo europeo frente a los posibles acuerdos con terceros países y la revisión de las normas de competencia para fortalecer la posición de los productores en la negociación de precio”.

En cuanto a la PAC, los socialistas revisarán la normativa aprobada por el PP para evitar la volatilidad de los precios: “Haremos una defensa a ultranza del mantenimiento de una PAC fuerte que mantenga sus principios inspiradores (abastecimiento de alimentos seguros y de calidad, desarrollo rural, empleo, etc.) y que haga un esfuerzo por su simplificación”.

El partido de Ciudadanos cree que “la eliminación de barreras (arancelarias o normativas) entre la Unión Europea y los Estados Unidos puede ser una importante fuente de oportunidades entre ambas partes”, según comentan fuentes del partido. Además, consideran que en un contexto geopolítico caracterizado por una presencia creciente de países como Rusia y China, “es más necesario que nunca que la UE y EE UU sean capaces de unirse para hacer frente de manera conjunta a los retos de un mundo cada vez más globalizado”. De este modo, desde Ciudadanos se apoya los esfuerzos para alcanzar un acuerdo en torno al TTIP, siempre y cuando se garanticen la equidad entre las partes, la seguridad para los consumidores y usuarios, la defensa de nuestros servicios públicos y la protección del medio ambiente.

En temas de una producción más sostenible y competitiva, Ciudadanos comenta que “España posee un enorme potencial agrícola, aunque muchas veces desaprovechado. Nuestras explotaciones cumplen normativas muy estrictas y poseen elevados estándares de calidad. El gran reto de nuestro sector agrícola pasa ahora por incrementar el valor añadido de sus exportaciones. Muchos de nuestros productos más elaborados (como el vino, el queso o el aceite) tienen muy buena acogida en el mercado exterior. Es precisa una mayor inversión en industrias transformadoras, pero también mayor apoyo para impulsar la internacionalización de nuestros productos”, explican.

A su vez, el partido ve necesario un mayor esfuerzo para ser capaces de atender el aumento de la demanda de productos primarios que se está produciendo en países emergentes (como el de la carne de ternera en Turquía, o el del cerdo en China), para así poder sacar todo el rendimiento posible a nuestras producciones agropecuarias.

Respecto a la aplicación actual de la PAC, desde el partido se cree que la revisión intermedia hace necesaria la elaboración de una estrategia de cara a este próximo 2017, “en la que se haga especial hincapié en las especiales características del sector agrario en España, entre las que se puede destacar el envejecimiento y despoblamiento en amplias zonas rurales y el riesgo cierto de afectación de sectores punteros, como es el caso, por ejemplo, de los sectores de fruta y hortalizas y el sector lácteo”. También ven fundamental mantener y mejorar la competitividad de la agricultura y ganadería, el sostenimiento de las rentas agrarias y la creación de una industria alimentaria líder en Europa, que contribuya a la seguridad alimentaria y a una alimentación equilibrada y segura, haga frente a los retos específicos de futuro.

Para ello, desde Ciudadanos se considera “necesario acometer reformas que permitan fomentar el relevo generacional, entre otras, establecer mecanismos que faciliten el relevo por parte de jóvenes agricultores y ganaderos y medidas que eviten la despoblación del medio rural”. Asímismo, se ve necesario “potenciar la transferencia de tecnología agraria; reformar la legislación sobre cooperativas para facilitar su integración e internacionalización; o reducir las cargas administrativas a las que actualmente deben hacer frente agricultores y ganaderos en la gestión de la PAC, y que no pocas veces les obliga a contratar un profesional externo”, son algunos de los ejemplos que citan.

Para revertir el continuo cierre de explotaciones agrícolas y ganaderas, el partido de Ciudadanos plantea actuar en dos sentidos: uno proactivo, promoviendo la mejora de la competitividad y la internacionalización de nuestros productos; y otro paliativo, mejorando el poder de la negociación de nuestros productores frente a las industrias transformadoras y de distribución, garantizando la igualdad de condiciones entre las partes. En relación a este punto, proponen crear un Programa de Protección de Márgenes que “funcionarían como una red voluntaria de seguridad, con sus correspondientes primas de seguro. De este modo, cuando los márgenes descendiesen por debajo de un nivel previamente determinado, los productores recibirán un denominado Pago de Protección de Márgenes, que cubriría hasta el 90% de la diferencia”.

Otro de los puntos que Ciudadanos considera necesario es promover el relevo generacional en el sector agrario español, tanto mediante políticas que traten de evitar el despoblamiento de nuestro medio rural (principalmente, garantizando una adecuada dotación de servicios públicos y estimulando la creación de oportunidades de negocio que permitan vivir en el territorio) como mediante medidas concretas que estimulen a los jóvenes agricultores y ganaderos a comprometerse con el futuro del sector. Entre las medidas que proponen, citan por ejemplo “incorporar un plus de financiación en los programas de incorporación de jóvenes agricultores, opcional para el joven, que conllevará acciones de comercialización exterior en su explotación. Simultáneamente, se dotarán programas con becas para universitarios que desarrollen proyectos de comercialización agraria en el exterior, dotando de pluses económicos a las ya existentes, incluidos los programas Erasmus”.

En cuanto a unificar algunas normas, en Ciudadanos son partidarios de armonizar diferentes normativas autonómicas con la finalidad tanto de evitar cargas administrativas, muchas veces innecesarias, como de estimular el crecimiento de nuestras industrias agrarias. “En un mundo cada vez más globalizado y más competitivo, desde Ciudadanos estamos convencidos de que si queremos afianzar nuestra posición a nivel internacional, nuestro país no puede actuar de manera fragmentada, sino sumando todos y cada uno de nuestros potenciales”, explican fuentes cercanas al partido.

La coalición formada por Podemos e Izquierda Unida aboga por el desarrollo de un programa, en colaboración con los agentes sociales, para los sectores de agricultura y ganadería que favorezca el comercio de productos y servicios para los que el origen rural, la producción sostenible, artesanal o ecológica sean un valor añadido. Además, el partido apuesta por la promoción de la cotitularidad de las explotaciones agrarias (Ley 35/2011) y desarrollo de programas europeos destinados a la inserción laboral de las mujeres.

En referencia a los daños producidos por fauna salvaje, Unidos Podemos propone una mejora de la gestión que pase por “sustituir el actual modelo paliativo por otro preventivo, con ayudas públicas para la protección de los cultivos y el manejo y el cuidado del ganado”.

En referencia a la PAC, la coalición quiere reformar el modelo de negociación con el objetivo de mejorar el reparto de la renta agraria, la promoción del interés público y ambiental mediante iniciativas basadas en la diversificación, la sostenibilidad y la economía social y familiar. “La reforma de la PAC es un buen instrumento para el desarrollo sostenible y el mantenimiento del empleo en amplias zonas del país y para la soberanía alimentaria. Hay que dirigir todos los esfuerzos a conseguir que la actividad agraria sea viable económicamente por sí misma”. En este sentido, el rechazo a los acuerdos de libre comercio, en especial al TTIP, es absoluto.

UPA, una mayor atención al sector

Lorenzo Ramos Silva, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) destaca el olvido constante que sufre el medio rural por parte del gobierno: “El futuro del modelo agroalimentario es una materias de enorme importancia para nuestro país que sin embargo suele ser ignorada de forma flagrante por las fuerzas políticas. Mucho nos tememos que nuestro sector no ocupará un lugar de relevancia ante la próxima cita electoral del 26-J. La agricultura, el campo o la alimentación son lamentablemente temas ‘de segunda’ para nuestros políticos, que deberían ser conscientes del error en el que incurren. Los y las agricultores y ganaderos españoles, los de verdad, los pequeños y medianos profesionales agrarios necesitamos un Gobierno que esté de nuestro lado, que nos defienda ante amenazas externas, como el TTIP o los recortes a las políticas europeas de desarrollo rural, o internas, como los ataques de la industria o la distribución que hunden los precios de nuestros productos”.

Desde UPA, se espera que los programas electorales no vuelvan a caer en la indefinición ante grandes temas como la PAC, la cadena agroalimentaria, los costes de producción, el desarrollo rural o la sostenibilidad y el medio ambiente, sin olvidar los seguros agrarios o la relación entre la ganadería y la fauna salvaje. “No queremos eslóganes ni promesas vacías, necesitamos propuestas que sirvan para resolver los problemas de nuestros pueblos”.

COAG, regeneración desde la base

Desde COAG se rechaza el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EE UU (TTIP). Se ve el acuerdo como “una amenaza para el modelo europeo de agricultura y alimentación, basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad”. Al plantear un cambio del marco regulatorio europeo en aspectos tan sensibles como la seguridad alimentaria, las denominaciones de calidad o las normas medioambientales, los agricultores lo ven inasumible.

Entre otras medidas que plantean, destacan la renovación de la actual Ley 19/ 95 de Modernización de Explotaciones a través del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. “Se ha incrementado la dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento de superficie como de la productividad, pero, desgraciadamente, se ha fracasado a la hora de mejorar la viabilidad económica de las mismas y por tanto la renta de los agricultores y ganaderos”, argumenta Miguel Blanco, secretario general de COAG. Además, el sector agrario está viviendo el inicio de un proceso que llevará a la introducción de nuevas tecnologías en la producción primaria (TICs, big data, posicionamiento, ..). Esto será “la próxima revolución verde y cambiará de forma radical la forma en la que se trabaja y produce. Las explotaciones agrarias deben prepararse para una irrupción tecnológica nunca vista y ello nos preocupa en dos aspectos críticos: el relevo generacional y la formación del capital humano”, comenta Blanco.

Por una parte, del relevo generacional destaca que el creciente envejecimiento del sector agrario evidencia la urgencia y necesidad de una “ambiciosa” política de relevo generacional en el conjunto del Estado. En este sentido, desde COAG “se estima necesario priorizar la medida de apoyo a la instalación de agricultores jóvenes en los nuevos Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 que tienen que aplicar las CC AA, facilitar el acceso a la tierra, una Formación Profesional continua, adaptada y de calidad para los agricultores/as jóvenes, o el establecimiento de beneficios fiscales y de cotización a la Seguridad Social, entre otras ventajas”.

Por otra parte, ven “imprescindible” emprender una serie de actuaciones para revertir la continua y grave pérdida de renta de los agricultores y ganaderos en los últimos años, especialmente en los costes de producción. Así, COAG propone medidas de tipo fiscal, como el incremento del IVA compensatorio al sector ganadero equiparándolo a la agricultura. En relación a los costes de la factura eléctrica, la implantación de un contrato específico y adaptado a las características del consumo en el sector agrario. En el caso de los regadíos es “imprescindible” adaptar un contrato de temporada que se adecúe a las características de esta actividad y sea realmente operativo para los regantes.

Además, desde COAG creen que el seguro agrario debe ser una estrategia fundamental de mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el esperable aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos del cambio climático. En ese sentido, reclaman un “incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al seguro agrario al menos hasta los niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la universalización del seguro”.

Respecto a las políticas orientadas a la desregulación generalizada, ven necesario reforzar la regulación de la “columna vertebral” del mercado alimentario, de la cadena agroalimentaria. “La cadena debe ser rentable y sostenible en su conjunto, para lo cual hay que acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos los operadores, asegurando unos precios rentables para los productores y asequibles para los consumidores”, puntualiza el secretario general de COAG. A raíz de esto, desde COAG proponen mejoras de la Ley de Cadena Alimentaria, como “el aumento y optimización de los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena, la introducción de la ‘venta a pérdidas’ como la práctica comercial abusiva sancionable, la ampliación de la figura del mediador y la prohibición de las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos para no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos”.

A nivel comunitario, ven vital el establecimiento de un marco regulatorio de la cadena alimentaria obligatorio y único en Europa, reforzando la capacidad de negociación de los diferentes miembros de la cadena agroalimentaria, para lo cual es necesario disponer de la posibilidad de negociar, en el seno de las Organizaciones Interprofesionales, las condiciones de los contratos de los productos agrarios. En esta línea, “es básica la búsqueda de equilibrio entre las normas de competencia, su aplicación por parte de las autoridades competentes y la regulación del sector agroalimentario”, afirman desde COAG.

Asaja, un mercado más competitivo

La Asociación de Jóvenes Agricultores considera que hay prioridades esenciales que los partidos deben tener presentes en sus programas: “Como premisas básicas debemos tener en cuenta que el sector agrario es un sector estratégico que garantiza el abastecimiento de alimentos sanos, de calidad y a precios razonables para nuestros ciudadanos; que la agricultura y la agroindustria constituyen un motor económico de primer orden en España y que la sostenibilidad de la agricultura está íntimamente ligada a la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias”.

En el ámbito europeo, “España debe trabajar para conseguir un mayor peso político acorde a su indudable peso agrícola en la UE y desde ahí defender cuestiones básicas para nuestra agricultura como son un presupuesto suficiente para la PAC mas allá de 2020; medidas eficaces de gestión de los mercados ante situaciones de crisis o sectores en riesgo; una reducción de la dependencia en proteínas vegetales; una política comercial coherente y equilibrada; el cumplimiento de los acuerdos y barreras no arancelarias; la preferencia comunitaria como protección al consumidor europeo y el control de las importaciones para prevenir plagas”.

A nivel nacional, Asaja ve necesario mejorar las condiciones de mercado “con el fin de que este retribuya dignamente a los productores”. Esto significa, para la Asociación, mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de las políticas de Competencia. “También se debe trabajar en mejorar la competitividad desde los costes de producción”, indican. Otros aspectos básicos para Aasaja son garantizar la continuidad de las explotaciones a través de medidas destinadas a favorecer el relevo generacional (reforma del sistema de pensiones para los autónomos y tratamiento fiscal favorable que incentive la entrada de jóvenes al sector); el apoyo decidido a la biotecnología y la promoción de nuestros productos de calidad dentro y fuera de la UE.