“La distribución del agua en todo el mundo, pero sobre todo en España, es política y no técnica”

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, relata a Interempresas cómo los regantes culpan a las primas renovables de la subida de la factura eléctrica y a la sobrestimación de la demanda como las principales causas del déficit de tarifa que ha derivado en la reforma energética del pasado mes de agosto y que tiene como objetivo distribuir este “agujero económico” del sistema eléctrico entre Estado, empresas y consumidores. La asociación estima unos 100 millones de euros anuales el sobrecoste que tendrá que asumir el sector agrario tras la entrada en vigor de la reforma energética puesta en marcha por el Ministerio de Industria para compensar el elevado déficit de tarifa, un sobrecoste que ya está generando que muchos regantes opten por cultivos se secano e incluso terminen por abandonar.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes estima un sobrecoste de unos 100 millones de euros anuales que asumirá el sector agrario tras la entrada en vigor de la reforma energética puesta en marcha por el Ministerio de Industria para compensar el elevado déficit de tarifa. Según el presidente de Fenacore, esa cifra supone ya el 41% de los costes generales de los regantes, seis puntos más que antes de la reforma, lo que convierte los costes energéticos en una partida “completamente inasumible” para el regadío, poniendo en peligro su continuidad. Este sector —segundo consumidor de energía más importante de España, por detrás de Adif— registra un gasto energético de más de seis millones de megavatios anuales, lo que supondrá a partir de ahora una factura eléctrica de unos 700 millones de euros al año.

Esta subida —que se suma al alza del 70% que vienen soportando en los últimos seis años debido a la supresión de las tarifas especiales para riego— pone de manifiesto que los consumidores los que acaban pagando las consecuencias de una política energética que ha generado un descuadre de más de 26.000 millones entre el precio de la electricidad y el coste del suministro. El encarecimiento medio de la factura eléctrica de los regantes será superior al 15%, llegando incluso a superar el 20% en determinadas comunidades, en función de las potencias contratadas y los consumos realizados en cada caso.

En cuanto a cómo afectaría por distribución geográfica, todavía no están disponibles los datos exactos, porque la primera factura la acaban de recibir. “De todos modos, por Comunidades Autónomas será proporcional a los sistemas de riego con presión que tengan. Las más modernizadas necesitarán más presión y, por tanto, les supondrá mayor incidencia”, afirma el presidente.

Desde la asociación, califican de discriminatorio el reparto ideado para paliar un déficit de tarifa que tiene su origen en potenciar la producción de renovables sobre la base de criterios políticos en lugar de técnicos —porque “estaban de moda”— pero también en sobrestimar una demanda energética que finalmente ha resultado ser un 30% inferior a la prevista debido a la crisis. “Pienso que el gobierno ha querido asegurarse estos cobros basados en los costes fijos. Se han encontrado con la sorpresa de que se había previsto un consumo energético para el año del 2013 superior a un 30% al actual, con lo cual las compañías están facturando más de un 30% menos de lo previsto, por tanto se sigue ocasionando ese déficit”, señala Del Campo.

En cualquier caso, si la reforma energética busca realmente eliminar el déficit de tarifa repartiendo gastos entre Estado, empresas y consumidores —que deberán asumir el 20% de los 4.500 millones de euros que se van a acumular este año—, el presidente afirma que lo justo sería que parte de los consumos industriales (las tarifas de acceso) se cargaran a los Presupuestos Generales para que se asumieran entre todos, como sucede ya con los consumos insulares.

Sin embargo, esta reforma carga con un mayor gasto a las actividades industriales que tienen consumos de temporada, como es el caso del regadío. Concretamente, aunque contempla una rebaja del 65% en los costes que gravan el consumo (término de energía), aumenta en un 115% los costes fijos (término de potencia). Como los regantes tienen un consumo intensivo durante los meses de riego, pero mínimo en el resto del año (abril a octubre), el balance en la práctica es una subida adicional del 20% en la factura, lo que lejos de aumentar el gasto energético para reducir el precio, conseguirá contenerlo.

En este sentido, los regantes demandan pagar únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego; o como alternativa, firmar un contrato anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo. “Ese 115% que es lo que aumenta la tarifa de riego como consecuencia de esta orden aprobada el mes de agosto, solo beneficia realmente a las actividades que tengan un consumo con regularidad y no a un consumo estacional como el del regadío y como el de muchos sectores productivos del país”, explica Del Campo.

“Estos costes energéticos hacen insostenible el regadío modernizado y sólo unas tarifas mejor adaptadas garantizarían su viabilidad y nuestra colaboración en la trasformación de las más de un millón de hectáreas que todavía quedan pendientes de modernizar en la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos; una fase que está paralizada por la necesidad de fondos públicos y de unos planes de amortización adecuados al escenario tarifario actual”, apunta el presidente de Fenacore.

En este sentido, ya se han dado casos de situaciones en las que el regante no puede hacer frente a tales presiones económicas. “Ya hay zonas de regadíos recientemente modernizadas, es decir, que han acometido fuertes inversiones, y que actualmente están sembrando cultivos típicos del secano. La consecuencia es una reducción drástica en los ingresos totales del agricultor y de todo el complejo agroalimentario, además de la imposibilidad de poder amortizar los nuevos regadíos”, sentencia.

¿Qué medidas propone Fenacore el sector para paliar esta situación? El presidente de Fenacore subraya la necesidad de poner en marcha un escenario tarifario competitivo, capaz de asegurar la continuidad de la agricultura en general y del regadío modernizado en particular; sobre todo, tras las inversiones acometidas por el sector para transformar los antiguos sistemas de riego en otros de menor consumo de agua, aunque de mayor demanda energética.

Otras alternativas para conseguir un escenario más competitivo pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (meses de riego).

Asimismo, otra medida pasaría por “facilitar la producción de energía distribuida para que los diferentes sectores como en el caso del regadío podamos producir energía en nuestra zona regable para autoconsumo”. Según Del Campo, por ejemplo, con energía renovable o incluso energía hidráulica, quien posea un canal con un salto de agua o acceso a energía eólica, podría producir para autoconsumo. “Ya existe esta experiencia en otros países, en Estados Unidos y en varios países europeos, lo que se denomina Netering. Con la energía que se produce, cuando no se necesita, se inyecta en la red y cuando es necesaria, se consume. En este caso, se habla de un balance energético entre lo inyectado y recibido, y se pasa la factura a la compañía eléctrica”.

“Pero aquí —según el presidente— esto se penaliza, es decir, si producen energía alternativa además tiene que pagar. Se está haciendo de modo que no se puede utilizar ese camino como solución de futuro. Hay que tener en cuenta que con este tipo de energías alternativas evitaríamos la dependencia de importar de otros países esas materias primas”.

¿Y qué consecuencias puede acarrear esta medida en el pequeño agricultor? “La orientación de la producción de cultivo de regadío a cultivo de menos necesidades. Y también el abandono. ¿Cómo van a pagar y amortizar la instalación de riego si se reducen sus ingresos? Sin duda, abandonando”, apunta el presidente de Fenacore.

Hasta hoy se han llevado a cabo numerosas inversiones para modernizar regadíos. “Antes el objetivo era utilizar menos agua, pero ahora que ya hemos realizado la transformación de muchos regadíos, nos encontramos con el problema de que los sistemas de riego por depresión necesitan más energía. Ahora tendrá más importancia la energía que el agua, por lo que los riegos en un futuro deberán tener en cuenta ambos condicionantes. En los riegos que ya se han modernizado habrá una difícil solución porque por una instalación que se ha programado, por ejemplo, para regar 24 horas, no se puede adaptar para que lo haga sólo por las noches. Esto obliga a tener que dejar de regar zonas regables por lo que el agua que se necesitaría para distribuirla en menos tiempo requiere mayor dimensión, nuevas tuberías, sistemas de bombeo... de todo. Lo que sería poner en marcha un proyecto nuevo”, explican desde Fenacore.

Desde la asociación, aseguran que la modernización del regadío es muy necesaria. Según datos de la FAO la productividad tiene que aumentar más de un 40% antes del año 2030 y más de un 70% antes de 2050. “De no ser así, tendremos conflictos entre todos los países. La agricultura, y sobre el regadío no es una actividad pasada de moda, sino que se tendrá que potenciar, fundamentalmente en los países de desarrollo”, apunta.

La política agraria está cambiando. Cada vez somos más conscientes de todos los problemas a los que nos enfrentamos. Sin embargo, como afirman desde la asociación, como no demos soluciones a tiempo, no quedará gente en el campo en los países más desarrollados. “La superpoblación que se dará en las poblaciones urbanas generará cada vez mas problemas de abastecimiento. Además la agricultura del futuro tendrá que estar basada en el regadío y la biotecnología, porque cada día tenemos menos agua y menos tierra per cápita y sin embargo tenemos que producir más y mejor para que la producción sea sostenible en el tiempo. Necesitamos más cultivos, que requieran menos necesidades (fertilizantes, productos agroquímicos...) por problemas de contaminación y para reducir los costes y poder así abastecer a la población mundial creciente, que va por siete mil millones de habitantes (en el año 2000 apenas había cinco mil millones). La población aumentará hasta los nueve mil trescientos millones en el año 2030. O lo tenemos previsto o tendremos un importante conflicto mundial”, sentencia Del Campo.

“La distribución del agua es política, no técnica”

Fenacore es vocal nato del Consejo Nacional del Agua. El presidente de la asociación sostiene que colabora con la administración porque es partidario de “jugar con las cartas boca arriba”. “Tenemos reuniones periódicas con los altos cargos del Ministerio de agricultura y con agricultores. Apoyamos que los planes hidrológicos vayan adelante porque pretendemos y creemos muy necesario que una vez aprobados, podamos por fin, desarrollar un plan hidrológico nacional. El problema es que la distribución de agua en todo el mundo, pero sobre todo en España, es política, no técnica”, concluye.