La crisis eleva al 40% el intrusismo en el sector de los instaladores de luz, agua, gas y calefacción

Hoy, de cada 10 instaladores que operan en España, 4 son “ilegales”. El intrusismo supera ya el 40% de la plantilla laboral del gremio, lo que representa un volumen de facturación perdido por el sector debidamente legalizado en torno al 30% de sus ingresos anuales.

Una de las principales razones que favorece el crecimiento del intrusismo en el sector es la facilidad con la que los “intrusos" obtienen los boletines oficiales que les permiten realizar las instalaciones de forma aparentemente legal. Dichos boletines solo pueden expedirlos las empresas instaladoras legalmente establecidas con lo que para que un intruso consiga un boletín debe habérselo vendido o emitido previamente una de esas empresas instaladoras. Esta práctica, muy habitual en estos momentos, está siendo ya denunciada por diversas asociaciones provinciales de instaladores, pero eso no está frenando su proliferación. En este sentido, la situación es tan grave que incluso se están dando casos de instaladores habilitados, que además tienen un negocio de venta de material, que ceden y expiden certificados a cambio de que los "intrusos" les compren a ellos el material que necesitan para la instalación que vayan a realizar.

Al margen de que esta situación pone de manifiesto que muchas veces “el enemigo está en casa”, deja también en evidencia a los propios instaladores que se dedican a la venta fraudulenta de boletines, que no se percatan que, en la mayoría de los casos, los que hacen la instalación carecen del seguro obligatorio, y por tanto, son ellos, los que aparecen en el boletín como titulares de la instalación, los únicos responsables ante la Administración y por tanto, los únicos que tengan que hacerse cargo de las responsabilidades derivadas ante cualquier siniestro ocasionado por una instalación defectuosa.

La ley en este sentido es muy clara. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en su Artículo 18-2 indica: “Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados. En su Artículo 28, dedicado a las infracciones y sanciones, dice: “Se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el título V de la ley 21/1992 de Industria”. Dicha ley en su artículo 31, Clasificación de las Infracciones, indica en su apartado 2b que son “infracciones graves la expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos. La puesta en funcionamiento de instalaciones careciendo de la correspondiente disposición legal o reglamentaria”. La ITC-BT03 en su apartado 5.2, Concesión y validez, último párrafo del punto 5.2.3 indica: “Asimismo, el certificado de Empresa Instaladora Autorizada en Baja Tensión podrá quedar anulado, previo el correspondiente expediente, en caso de que se faciliten, cedan o manejen certificados de instalaciones de obras no realizadas por el instalador autorizado”. Es importante recordar que la cuantía económica de una sanción por falta grave oscila de los 3.001 a 90.000 , y que de hecho, en el presente año ya se han dado sanciones de 3.001 y un año de retirada del carnet de instalador.

“Por tu seguridad y la de tu familia ¿dejarías que te operara del corazón una persona que no tuviese titulación médica? La respuesta es que no, y si para operarte del corazón buscas a un médico facultado, ¿por qué para realizar una instalación no solicitas un instalador autorizado?”.

Está es una de las muchas campañas de sensibilización que las diferentes asociaciones, gremios y federaciones de instaladores de electricidad, fontanería, gas y climatización están impulsando para poner freno a la lacra del intrusismo. La concienciación entre la población en torno a que la seguridad de una instalación en el hogar o en un edificio público o comercial es algo que merece la máxima atención, es un objetivo que se ha marcado todo el colectivo de instaladores para que los consumidores se alejen de la tentación de contratar “manitas” sin ningún tipo de acreditación legal.

Exigir seguridad a la hora de contratar las instalaciones de luz, agua, gas o calefacción debe ser una obligación para todos los consumidores. En tiempos de crisis es fácil fijarse solo en el presupuesto más económico, pero es importante controlar otros aspectos como que el material utilizado por los instaladores tenga su correspondiente marcado CE, que los operarios contratados tengan el carnet de instalador autorizado, que la empresa que certifica la instalación tenga vigente el seguro de responsabilidad civil o que la instalación sea correctamente certificada por el instalador. No hace falta decir que todas estas garantías de seguridad solo las puede ofrecer una empresa legalmente constituida.

En muchas ocasiones el desconocimiento o un exceso de confianza puede llevar al usuario a pensar que una persona con una furgoneta y una caja de herramientas ya es un instalador y esto no es así ni mucho menos. Actualmente, la profesión de instalador es una de las más controladas que existen ya que para ejercer el oficio son necesarios registros industriales, carnets profesionales, certificados de control de instalaciones, riesgos laborales, seguros de responsabilidad civil... Es inconcebible que con semejante nivel de exigencia por parte e la Administración hacia el instalador para que éste obtenga la categoría de “Empresa Instaladora Autorizada”, éste no sepa sacar provecho del título de “Autorizado" y que cualquier chapuza se cuele en cualquier hogar bajo la acreditación oficiosa de "manitas del barrio”.

Los consumidores deben tener claro que una instalación manipulada por intrusos o por manitas estará siempre fuera de normativa y que, sobre todo, será insegura en menos de diez años. Ante esta realidad, antes de comenzar una obra en casa, los usuarios deben asegurarse de que la compañía que realice la instalación sea una empresa autorizada por Industria. El consumidor debe concienciarse del peligro que supone dejar en manos de una persona no cualificada la manipulación de la instalación y que la no certificación puede acarrear problemas de seguridad y en ocasiones, hasta administrativos.