La reducción del déficit de las Administraciones Públicas: ¿Por dónde empezar?

Nadie se llevará las manos a la cabeza si digo que las Administraciones Públicas atraviesan su situación económica más crítica desde el nacimiento de la democracia. Hasta septiembre de 2009, la deuda de las administraciones públicas representaba el 48,7% del PIB, repartida en un 38,5% en manos del Estado, un 7,9% procedente de las comunidades autónomas y el 3,3% restante de las corporaciones municipales. Llevan razón los que opinan que estos niveles no son demasiado preocupantes en comparación con los de algunos de nuestros socios europeos. Sin embargo, cualquier economista sabe que no es tan preocupante el volumen de deuda en circulación como su tasa de crecimiento. Ahí es donde residen nuestros problemas. Y es que el gigantesco déficit que hemos acumulado en las administraciones públicas nos aboca a un crecimiento de la deuda endiablado que requiere además acudir cada poco tiempo a unos mercados financieros en los que nuestra credibilidad no es un valor en alza.

A pesar de los planes de austeridad emprendidos desde el Ejecutivo central, la reducción de la deuda pública es cosa de todos y tanto los gobiernos regionales como los entes locales deben empezar a apretarse el cinturón si no quieren que las cuentas caigan en la más absoluta bancarrota.

La situación es límite en muchos casos y ésta se hace más flagrante en los ayuntamientos. Sirva como ejemplo que en el año 1995, las corporaciones locales de nuestra país contaban con una deuda agregada de 17.000 millones de euros que, tras 15 años de crecimiento económico sin precedentes en España, no sólo no se ha reducido sino que se ha multiplicado por dos, alcanzando lo 33.000 millones de euros en 2009.

Detrás de este dato demoledor existen razones de muy diversa índole: un modelo de financiación local insuficiente y a todas luces caducado, la asunción por nuestros ayuntamientos de gastos impropios en virtud de competencias que no tienen conferidas y, además, la excesiva dependencia de los ingresos de la actividad urbanística, un sector que hasta hace poco tiempo se había considerado el maná del que se nutrían las arcas municipales y que hoy ha convertido a nuestros ayuntamientos en unos de los principales paganos de esta crisis.

En medio de este delicado escenario, la solución más inmediata para resolver, en parte, la problemática del déficit público pasa indudablemente porque las administraciones se “aprieten el cinturón” y aprendan a gestionar eficazmente sus recursos económicos. Para muchos, cómo hacerlo es la pregunta del millón, sin embargo no es muy distinto de lo que hacemos todos habitualmente.

Durante los años de bonanza económica, por decirlo suavemente, la eficiencia no ha sido el valor predominante en nuestras administraciones. Algo parecido ha ocurrido en las empresas privadas, con la diferencia de que, en este caso, sus recursos son de sus accionistas mientras en el sector público el dinero es de todos. Podemos decir, que se ha gastado con “alegría” y con la miopía propia derivada de una situación en la que los ingresos coyunturales han nublado la vista de muchos gestores que han asumido costes estructurales, ahora casi imposibles de pagar.

Hoy muchas de las empresas que operan en nuestro país, ya sean grandes o pequeñas, no han tenido más remedio de revisar sus costes a la vista de la caída de ingresos. Es cierto que el sector público no tiene tan fácil el ajuste como la empresa privada, sobre todo, en lo que al personal se refiere, pero es que nadie está pidiendo que se eche a nadie a la calle. Lo que pedimos, casi exigimos los contribuyentes, es que se ponga en marcha una verdadera reforma de los sistemas de compra y contratación que, desde la transparencia y la profesionalización de la gestión, permita aflorar la cantidad ingente de recursos públicos sepultados en las ineficiencias del actual sistema de asignación.

¿Por dónde empezar? Por el siguiente contrato que venza. ¿Qué hacer? Explotar el potencial competitivo que hay detrás de cada proceso de compra y contratación pública; hacer de la transparencia y de la gestión de la información los motores de la asignación de recursos; explotar el perfil de gran consumidor que tiene la administración pública, al nivel que sea, en su entorno más próximo. ¿Cómo hacerlo? Importando los procedimientos y sistemas de compras del sector privado y profesionalizando la gestión financiera de los ayuntamientos, externalizando estos servicios hasta que se puedan proveer eficientemente de forma interna, si es que eso es posible.

No exigimos a nuestros alcaldes que sepan comprar. En realidad los elegimos por y para otras cosas. Se les elige para proporcionar el máximo bienestar de los ciudadanos y ese hecho puede llevar a tergiversar las cosas. Hemos comprado el bienestar a un precio excesivo, y lo peor de todo, insostenible en el tiempo.

Para apoyar esta teoría con datos, baste decir que de los 18.000 millones de gasto agregado en bienes y servicios corrientes de los ayuntamientos, podrían ahorrarse entre 3.000 y 5.000 millones de euros si se llevase a cabo una gestión eficiente, profesionalizada y transparente de estos gastos. Estamos hablando de partidas que abarcan las telecomunicaciones, los seguros, el suministro eléctrico, los servicios de mantenimiento y limpieza, las recogidas de basuras o otras partidas menores como la mensajería, publicidad, el mobiliario, el material de oficina, etc. Estos gastos son propios de todos los ayuntamientos, sea cual sea su tamaño, y la mala gestión a la hora de comprar/contratar estos servicios la estamos pagando todos. Y ahora, precisamente ahora, no estamos para despilfarrar.

1. La generación de nuevos ingresos, ya sean estructurales o de una vez, mediante la puesta en vigor y aprovechamiento integral de los activos municipales.
2. La reducción de ineficiencias y costes estructurales, mediante la optimización de los suministros y de los procesos de contratación.
3. La liberación de recursos mediante la optimización de las posiciones deudoras, tanto financieras como comerciales.
4. La búsqueda de nuevas formas de financiación para proyectos de infraestructuras, singularmente la Colaboración Público-Privada.